La oposición reclama al Gobierno de Díaz Ayuso que se someta al control parlamentario

PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos intentarán reactivar la Asamblea de Madrid (cerrada durante al menos un mes por la crisis del coronavirus) si el Gobierno de PP y Cs no facilita que fiscalicen las decisiones del Ejecutivo para combatir la expansión de la enfermedad. Tras ver cómo el ministro de Sanidad, Salvador Illa, acude semanalmente al Congreso para informar de la estrategia nacional, o que el Ayuntamiento de la capital puede celebrar telemáticamente plenos y comisiones, la oposición reclama a Isabel Díaz Ayuso que rinda cu...

PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos intentarán reactivar la Asamblea de Madrid (cerrada durante al menos un mes por la crisis del coronavirus) si el Gobierno de PP y Cs no facilita que fiscalicen las decisiones del Ejecutivo para combatir la expansión de la enfermedad. Tras ver cómo el ministro de Sanidad, Salvador Illa, acude semanalmente al Congreso para informar de la estrategia nacional, o que el Ayuntamiento de la capital puede celebrar telemáticamente plenos y comisiones, la oposición reclama a Isabel Díaz Ayuso que rinda cuentas sobre la gestión de los hospitales; las causas de las muertes en las residencias; o las inversiones acometidas para combatir la pandemia. El Gobierno asegura que la presidenta informa puntualmente a la oposición de sus decisiones, aunque ayer aplazó su cita semanal.

La actividad de la Asamblea está suspendida entre el 11 de marzo y el 12 de abril tras sendas votaciones en la Mesa, donde tienen representación PP, PSOE, Cs y Vox, pero no Más Madrid y Unidas Podemos Madrid en Pie. Esa decisión, equiparable a todos los parlamentos regionales con la excepción del de Andalucía, Extremadura o Canarias, ha impedido que el Gobierno tenga que responder en sede parlamentaria sobre el desbordamiento del sistema de sanidad público; los cientos de muertes que se han producido en residencias de gestión pública y privada; o el retraso de la llegada de dos aviones cargados de material sanitario comprado en China tras aprobarse un presupuesto de 23,3 millones de euros.

“Creemos que se tienen que activar mecanismos que permitan no solo un efectivo control al Gobierno sino también abrir canales formales y oficiales para hacer llegar nuestras iniciativas y propuestas”, reclama Diego Cruz, del PSOE. “Pensábamos que estos espacios iban a ser creados y que las reuniones virtuales con la presidenta del Gobierno y con los consejeros serían periódicos y regulares. No está siendo así”, lamenta. “No se entiende, por ejemplo, que la Comisión de Sanidad no se haya reunido ni una sola vez en este tiempo”, apunta. “No queremos pensar que se trata de opacidad premeditada pero sentimos que faltan espacios de diálogo para ejercer el legítimo control al Gobierno y poder, repito, ofrecer nuestras propuestas de colaboración con iniciativas, siempre en el marco de la lealtad institucional”, describe. Y advierte: “Esperemos que el Gobierno corrija pronto esta situación, en caso contrario nos veremos obligados a activar los mecanismos oportunos para propiciar la convocatoria de comisiones, en especial la de Sanidad”.

“Ayuso cree que rendir cuentas con la oposición es como elegir una película en Netflix, que puede elegir si hacerlo según le apetezca o no”, ironiza Pablo Gómez Perpinyà, de Más Madrid. “Es su obligación, igual que es un derecho de la oposición poder mostrar nuestras discrepancias y proponer otros rumbos”, opina. “Nuestra paciencia tiene un límite. Si la señora Ayuso sigue sin cumplir su palabra y no formaliza una reunión de seguimiento semanal, vamos a presentar un escrito en la Asamblea denunciando la situación y pidiendo la convocatoria de plenos que, con la única presencia de los portavoces, como en el Congreso, permita hacer preguntas orales a la presidenta. Asimismo, las comisiones que tengan consejero o consejera deberán dar cuenta de su labor a los portavoces de comisión”, subraya. “De seguir así, lo más apropiado es recuperar las funciones de la Asamblea cuanto antes”.

“La comunicación entre el Gobierno y la oposición no está siendo la adecuada”, amplía Jacinto Morano, el portavoz de Unidas Podemos IU Madrid en Pie. “Aunque hay consejeros que tienen una comunicación fluida con los portavoces (Universidad, Economía o Políticas Sociales, por poner un ejemplo) en los aspectos más sensibles nos falta información esencial”, se queja. “Si el Gobierno no posibilita la comunicación con la oposición no podemos hacer nuestro trabajo de representar a los madrileños. Si no cambia su dinámica, deberemos recurrir a la activación de mecanismos parlamentarios para obligarles a dar explicaciones”.

En todo caso, los tres partidos de izquierdas tienen difícil forzar la reactivación de la Cámara: los partidos de derechas dominan por 5 votos a 2 el organismo que decide su día a día, y que ya se ha mostrado contrario a celebrar plenos y comisiones telemáticas, tras proponerlo Vox, que también ha planteado la celebración de un pleno de control presencial con asistencia reducida.

“Los madrileños nos han votado, y pagan nuestro sueldo, para que controlemos al Gobierno", dijo el miércoles Rocío Monasterio en Telemadrid. "Queremos hacer una labor de sugerencias, porque ahora no estamos para denunciar, para decir que los otros lo están haciendo mal, estamos para aportar ideas que puedan mejorar la gestión de esta crisis”.

El reglamento de la Asamblea no prevé plenos y comisiones telemáticos. Nada impide, sin embargo, citas presenciales concretas, como demuestra que el ministro Illa vaya a acudir todas las semanas a la comisión de Sanidad del Congreso, o que vaya a asistir próximamente a la de las comunidades autónomas en el Senado.

“Lo primordial es proteger la salud tanto de los trabajadores como de los diputados, y periodistas, contratas, etc…”, explican en la Asamblea. “A diferencia del Congreso y el Senado, no hay la urgencia que tienen en ellos de convalidar los decretos que va a aprobando el Gobierno”, añade. “Además, la acción control al Gobierno se puede ejercer a posteriori, en cuanto se pase la peor etapa de la pandemia. Y se ha dejado abierta una vía excepcional para presentar iniciativas: un ejemplo es la Mesa telemática celebrada el jueves, que sí calificó una pregunta escrita de Unidas Podemos sobre contratación de estudiantes de Medicina y Enfermería como refuerzo del Sermas”.

“La oposición está recibiendo información desde el inicio de esta crisis. En los primeros días de manera presencial, o por teléfono, y posteriormente vía telemática”, afirmó un portavoz del Gobierno regional, que asegura que el consejero de Sanidad se reunirá este viernes con los de la oposición. “De hecho, la presidenta ha tenido la deferencia de contarles con anterioridad aquellas de las medidas más importantes que se han ido tomando, algo que otros gobernantes no han hecho ni de lejos con la oposición”, siguió. “El día 6 de marzo les llamó a todos para informarles previamente del cierre de los centros de día y las restricciones de visitas a los centros de mayores, la semana del 9 de marzo, tras el consejo que aprobó lo de los colegios, etc les citó y les informó en persona con todo detalle, desde entonces ha seguido teniendo contacto y respondiendo con mucha celeridad las cartas que le han ido enviando”.

Entre informar y fiscalizar, sin embargo, media la misma distancia que entre conversar y negociar. Entre los equipos de los gobiernos autonómicos se empieza a extender la sorpresa porque las citas dominicales de los presidentes regionales con el nacional, Pedro Sánchez, sean informativas y no deliberativas o consultivas. El modelo, sin embargo, se ha reproducido en Madrid: aunque Díaz Ayuso ha contestado a todas las cartas con petición de información que ha recibido, las preguntas pueden quedar sin respuesta, el Ejecutivo no tiene obligación de proporcionar documentación, y de hacerlo esta no queda en un archivo público accesible para todos los ciudadanos.

El último pleno de la Asamblea fue el 5 de marzo. La última comisión, el 11. Nada garantiza que la actividad vuelva el 12 de abril, porque tampoco es seguro que entonces se desactive el estado de alarma. Si nada cambia, los diputados estarán sin fiscalizar al Ejecutivo como mínimo durante un mes.

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