El PP alienta el miedo al separatismo para obstruir la investidura de Sánchez
Los populares confirman que Feijóo presentará su candidatura ante el Rey frente a la del “bloqueo institucional” que achacan al socialista
El PP no se resigna al resultado del 23-J y se dispone ahora a boicotear al máximo una compleja investidura del socialista Pedro Sánchez, ...
El PP no se resigna al resultado del 23-J y se dispone ahora a boicotear al máximo una compleja investidura del socialista Pedro Sánchez, la única políticamente viable con el reparto de escaños tras las elecciones, y también la formación de la Mesa y la Presidencia del Congreso, previstas para el 17 de agosto. Esa ha sido la conclusión más evidente de las exposiciones de los portavoces del PP este miércoles, sobre todo alentando el miedo a las reclamaciones separatistas e independentistas de algunos de los socios a los tentará ahora Sánchez para su investidura, a los que tachó de “delincuentes”. La número dos del PP, Cuca Gamarra, confirmó que el popular Alberto Núñez Feijóo presentará su candidatura como el único aspirante posible dentro de la “tradición democrática” por ser el ganador en cuanto el rey Felipe VI inicie su ronda de contactos y la contrapuso a la del socialista Sánchez, al que identificó con “el bloqueo institucional”. La Diputación Permanente se reunía para convalidar un decreto con varias medidas anticrisis, pero la cita de la última sesión política de la XIV legislatura también ha servido para despedir el mandato con el recurrente ambiente bronco y para advertir de que la nueva legislatura podría resultar aún más enrevesada. El decreto ha salido adelante con la única abstención de Vox.
La sesión de las Cortes con la que ha concluido de hecho esta XIV legislatura debía discutir y votar la convalidación de un decreto de 240 páginas, que deroga una ley y retoca hasta otras 47, con varios paquetes de medidas para ayudar a distintos sectores a salir de las crisis provocadas por la guerra en Ucrania, la reconstrucción de la isla de La Palma y varias adaptaciones a legislaciones europeas. La votación prosperó tranquilamente con 53 votos a favor, cero en contra y las 11 abstenciones de Vox, pero fue ilustrativa de cómo han transcurrido estos últimos cuatro años y de por dónde podrían encaminarse los siguientes.
El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, encargado de defender la oportunidad y necesidad de las medidas, aprovechó ―en la sala y luego ante la prensa― para destacar que la votación refrendaba lo sucedido en casi toda la legislatura pasada. Lo resumió en que, frente a todas las adversidades posibles, el primer Gobierno de coalición había impulsado y logrado aprobar más de 215 leyes o iniciativas parlamentarias, sobre todo encaminadas a ayudar a las personas y familias más vulnerables. El decreto aporta otros 3.800 millones de euros a todo tipo de sectores perjudicados por esas crisis y completa así hasta 47.000 millones los invertidos con ese fin. Ese despliegue era difícilmente recurrible y se notó en el debate, que discurrió por otros derroteros.
Varios portavoces, como Mikel Legarda (PNV), José María Figaredo (Vox) y Jaime de Olano (PP), cuestionaron el abuso durante estos últimos cuatro años del decreto ley para colar en el Congreso todo tipo de propuestas de manera agolpada, sin negociar ni permitir enmiendas. Otros representantes, como Inés Arrimadas (CS) o Pablo Echenique (UP), sintetizaron así el sentido último de todas sus votaciones y exposiciones en la legislatura. Arrimadas, para denostar las maneras de funcionar del sanchismo y para aventurar que ahora aún será peor con “el Gobierno Frankenstein con peluca” , en referencia a Junts, que lidera Carles Puigdemont. Echenique citó especialmente todas las reformas sociales y económicas para los más desfavorecidos y ensalzó la criticada labor de las ministras de su formación, Ione Belarra e Irene Montero.
Jaime Olano, del PP, recopiló todas las críticas posibles al decreto “ómnibus” del día como “epítome” de la forma “disparatada” de legislar del sanchismo “con desprecio al Parlamento” y abrió rápidamente una diatriba global contra el intento del PSOE ahora, tras el 23-J, de investir de nuevo a Sánchez. Olano señaló, por contra, que le corresponde al PP formar Gobierno como partido ganador, aunque admitió la impotencia de esa pretensión cuando reconoció que es el PSOE de Sánchez el que dispone en realidad de una “mayoría alternativa explícita”, que cuantificó, sin embargo, en 18 formaciones, añadiendo en esa cifra todos los partidos que integran las diferentes coaliciones. Más tarde, Cuca Gamarra, abundando en ese argumentario, elevó esos hipotéticos socios de Sánchez hasta la veintena.
Tanto Olano como Gamarra rescataron todos los ataques ya conocidos contra Sánchez y sus posibles aliados , al llamar delincuentes a Oriol Junqueras y Carles Puigdemont, sobre el que se cebaron en su condición de prófugo de la Justicia. Gamarra, en línea con sus exposiciones más duras de estos años en el Congreso, llegó a apuntar que, en el futuro, tras una hipotética investidura de Sánchez gracias a la buscada abstención de los siete votos clave de Junts, “la capital de España ya no sería Madrid, sino Waterloo”, en alusión al lugar de residencia actual de Puigdemont.
Lo que sí aclaró tras la sesión Gamarra es que Feijóo presentará su opción de ser investido ante el rey Felipe VI, cuando el monarca inicie su ronda de contactos con los portavoces políticos. Fuentes de la cúpula popular precisaron más tarde las palabras de Gamarra: “Si el Rey se lo propone, irá”.
La secretaria general del PP insistió en la idea con la que se ha conjurado ahora el equipo de Feijóo, de que es el PP el que ha ganado las elecciones del 23-J, con 14 diputados de distancia con respecto al PSOE, y por tanto, el único al que le debería corresponder gobernar por “tradición democrática”, aunque hasta ahora solo ha recabado el apoyo del parlamentario de UPN para sumar a los 136 populares, muy lejos de la mayoría absoluta.
Gamarra no admitió más hipótesis de trabajo que la investidura de Feijóo. Calificó las demás opciones como “descabelladas”, o que conducen al “bloqueo institucional”. Hasta se apuntó como un gesto muy positivo una insinuación que hizo antes de la Diputación Permanente, el portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, sobre que si el PP logra la adhesión de “algunos socialistas buenos” para que sea presidente Feijóo, el partido ultra no sería un obstáculo. En realidad, Espinosa lo que hizo fue criticar duramente los intentos ahora de Feijóo de acercarse al PSOE ahora como partido de Estado y no contempló realmente como posible su investidura: “Hemos dicho que si el señor Feijóo es capaz de convencer a unos cuantos de ese presunto PSOE bueno, que yo no conozco, nosotros no seremos un obstáculo. De ahí a decir que entramos en un Gobierno media un abismo”. Más tarde, Espinosa hasta ironizó en Twitter con la imagen de que encontrar a ese cupo de socialistas sería como toparse con “unicornios rosas”. El ministro Bolaños consideró “totalmente imposible” ese desmarque en sus filas.
La secretaria general del PP agradeció esa indicación de Vox, pero señaló que las negociaciones próximas con otras fuerzas no serán individuales e insistió en la importancia de la discreción. También emplazó a Sánchez a contestar la semana que viene una llamada de Feijóo para conversar porque el PP persiste en demandar el apoyo a la investidura de su líder del PSOE como segunda fuerza del Parlamento, algo que los socialistas descartan totalmente. Bolaños y la ministra y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, defienden incluso que el PP no ha ganado “porque en realidad ha fracasado en un sistema parlamentario donde gobierna el que más apoyos consigue” y constataron que los populares no tienen a nadie con quién pactar y están en una “terrible soledad” tras años de “faltar al respeto e insultar” a otros grupos.
PP y Vox, de hecho, siguen igual de enfrentados ya en los preámbulos de esta nueva legislatura que en la reciente campaña. No han iniciado ningún contacto. Ni siquiera sobre la formación de la Mesa del Congreso y el nombramiento de la Presidencia de la Cámara, un cargo fundamental para el arbitraje de los debates en la Cámara baja. Gamarra confirmó que el PP presentará un candidato alternativo al que pretende el PSOE con sus socios y un reparto de los nueve puestos de ese órgano que conceda a la derecha la mayoría. Los socialistas promoverán para esa función con casi total probabilidad a la actual presidenta, Meritxell Batet, y negociarán con sus aliados una distribución que entregue cinco de esos sillones a la mayoría progresista y cuatro a la minoría de derechas con la ultraderecha de Vox.
Algunos otros portavoces, de partidos normalmente aliados de la coalición gubernamental, pero también de la oposición de derechas, aprovecharonpara despedirse, porque se retiran de la política. Fue lo que hicieron Inés Arrimadas (Ciudadanos), Pablo Echenique (Unidas Podemos), José María Mazón (Partido Regionalista de Cantabria) o María Josep Picó (Compromís). Otros representantes, como María Fernández, de Coalición Canaria, usaron sus turnos para lamentar que con tanta precipitación de elecciones se hayan quedado en el tintero incompleto del BOE leyes y proyectos que podrían paliar la sequía en las islas o más recursos para la lucha contra los incendios. La diputada se preguntó, retóricamente, si había “merecido la pena” la convocatoria electoral precipitada del 23-J.