Las tractoradas esquivan Galicia en campaña
Los sindicatos agrarios gallegos se desmarcan del negacionismo climático y preparan sus propias movilizaciones para después de la batalla electoral
En Galicia, cuna de las tractoradas, no prenden las movilizaciones agrarias que se extienden estos días por España. Solo un centenar de agricultores mantienen sus tractores rodeando la Subdelegación del Gobierno de Ourense desde el martes, pero ya han anunciado que este jueves volverán a casa para celebrar el Carnaval, la fiesta pagana más sagrada de la comunidad. Otros 30 trabajadores han hecho lo propio en Lugo. Son cifras discretas, teniendo en cuen...
En Galicia, cuna de las tractoradas, no prenden las movilizaciones agrarias que se extienden estos días por España. Solo un centenar de agricultores mantienen sus tractores rodeando la Subdelegación del Gobierno de Ourense desde el martes, pero ya han anunciado que este jueves volverán a casa para celebrar el Carnaval, la fiesta pagana más sagrada de la comunidad. Otros 30 trabajadores han hecho lo propio en Lugo. Son cifras discretas, teniendo en cuenta que en 2015 la tractorada que colapsó Santiago la secundaron 2.000 vehículos. Los tres sindicatos agrarios gallegos, con un arco ideológico que abarca desde las posiciones más afines al PP hasta el socialismo y el nacionalismo, sí entienden que “existen motivos más que de sobra para que el sector productor salga a la calle”. Pero el calendario de movilizaciones que preparan arrancará después de la batalla electoral.
“A nuestra gente no le gusta mezclar las protestas y la campaña. Ni a los de un lado, ni a los del otro”, explican fuentes de Unións Agrarias, la central vinculada a UGT. Coinciden desde el frente más conservador. “No queremos que el debate se centre en la política. Esto no va contra los de aquí [la Xunta] ni contra Madrid [el Gobierno central], esto va de Europa”, explica un portavoz de Asaga. Ambos sindicatos han consensuado esta semana con el nacionalista Sindicato Labrego Galego una tabla de reivindicaciones que huye del negacionismo climático y ni menciona la Agenda 2030.
Los agricultores gallegos reclaman que se reduzca la “excesiva burocracia” en la que las nuevas normativas europeas han enredado a los agricultores y que los acuerdos comerciales con países extracomunitarios no supongan una “competencia desleal”. Pero no quieren “rebajar las garantías” con las que ellos producen, recalcan, sino que “los demás produzcan en las mismas condiciones”. Las tractoradas que han surgido ahora nacen de grupos de WhatsApp de fuera de Galicia que están alentados por la ultraderecha y personas ajenas al sector, advierten desde Unións Agrarias y el Sindicato Labrego Galego.
El campo gallego prefiere separar de la campaña sus reivindicaciones ante Bruselas, pero los partidos no. En su gira por Galicia, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha culpado al Gobierno de Pedro Sánchez de los “insultos” y “menosprecios” que reciben los agricultores españoles. El consejero en funciones de Medio Rural, José González, demandó el miércoles al Ejecutivo una “reacción más intensa”, “que lidere la petición a Europa de una moratoria de toda esa legislación”. En Vigo, Javier Ortega Smith, de Vox, brindó su apoyo a las tractoradas que no han prendido en Galicia.
En Ourense, la nacionalista Ana Pontón se comprometió a “defender” a los trabajadores del campo “de todas aquellas medidas que se tomen en su contra en Madrid o en Bruselas”. La candidata del BNG asegura que si llega a la Xunta, peleará por “garantizar precios justos y reducir burocracia” porque las granjas “no son gestorías”. Tras el anuncio del PP de que ni Alfonso Rueda ni ningún otro representante del partido acudirán al debate organizado el próximo miércoles por TVE, Pontón instó al candidato popular a “no esconderse” y a aceptar un cara a cara con ella. En Lugo, Rueda alertó contra el “independentismo socio de Cataluña” de Pontón, que según él intentará replicar en Galicia “lo que se hace en Cataluña”.
Escaramuza electoral en la carrera de San Jerónimo
PP y PSOE han colado la campaña gallega en el Congreso de los Diputados. En una puesta en escena heredada de otras citas electorales autonómicas, el ministro de Transportes, Óscar Puente, tuvo que responder en la sesión de control a lo mal y bien que lo hace el Gobierno en Galicia. El diputado popular por Lugo Jaime Olano le afeó primero el mal estado del firme de la A-6 y la baja inversión en conservación de carreteras en Galicia en comparación con Cataluña: “El 18 de julio los gallegos le diremos que no a Sánchez, a Besteiro y a Pontón”. “Vaya lapsus con el 18 de julio que ha tenido usted”, se mofó Puente, para alabarle luego que “enfrentar territorios se le da muy bien”.
Después fue el diputado socialista por Pontevedra David Regades quien pidió al ministro una valoración de su propia política de infraestructuras en Galicia. “Le agradezco la oportunidad que me brinda para explicarle al PP lo que está haciendo el Gobierno”, celebró Puente. Mientras Feijóo reía, Regades animó a los populares a “no ponerse nerviosos” porque “les quedan 11 días para perder el Gobierno de Galicia”. “No sé si seré capaz de seguir después de este masaje cálido al ministro Puente”, terció la popular Ester Muñoz al tomar la palabra para otra pregunta.
La campaña gallega siguió presente en el debate sobre la crisis de los pellets. Puente, que aseguró que el candidato socialista José Ramón Gómez Besteiro convertirá la “Galicia del caciquismo” en la del “progreso”, describió la gestión de la Xunta “como pollo sin cabeza”: “Lo que el día 9 no parecía justificado, elevar el nivel de alarma, se considera justificado el día 10. Lo que el día 8 no podía hacerse, recoger los residuos en el mar, sí se considera posible el día 10”.
El encargado de responder desde el PP fue el gallego Miguel Tellado. Acusó a los socialistas de intentar forzar “un nuevo Prestige por motivos puramente electorales” y de llevar a Galicia un “vertido de mentiras” que “han hecho mucho daño a la reputación de los productos del mar”. El nacionalista Néstor Rego repartió a ambos lados. A su juicio, la Xunta “dejó solos a los ayuntamientos” y el Gobierno central no actuó “ni con la celeridad ni con la diligencia debidas”.
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