Aragonès formaliza la creación de su oficina de expresidente y se rodea de su equipo de confianza

La ley le garantiza recibir el 80% del sueldo que tenía asignado cuando mandaba en la Generalitat

Toma de posesión de Salvador Illa como presidente de la Generalitat, en presencia de Pere Aragonès.Foto: Massimiliano Minocri

Tras el descalabro que sufrió Esquerra Republicana en las elecciones catalanas del 12 de mayo, Pere Aragonès anunció que tomaba la decisión de apartarse de la primera línea de la política. Quien en 2021 fue investido como president más precoz de la Generalitat, tenía 38 años, es ahora también el expresidente más joven. Cumplirá los 42 años en noviembre y este martes el Diario Oficial de la Generalitat (DOGC) publica que ya ha formalizado su oficina de expresidente. Para hacerla funcionar Aragonès contrata a tres de quienes fueron sus colaboradores más cercanos mientras estuvo al frente de la Generalitat. Se trata de su jefa de gabinete, Helena Ricomà; el jefe de comunicación, Marçal Serrats; y su secretaria, Sílvia Sabat.

El Gobierno de Salvador Illa celebra este martes su primera reunión en pleno para abordar el traspaso de carpetas de los temas que, hasta ahora, venía supervisando el Ejecutivo de Esquerra. Mientras, Pere Aragonès configura la estructura de su oficina de expresidente, una facultad que tiene reconocida por ley. El expresident mantiene la confianza en el grupo de trabajo que lo asistió, de manera más directa, mientras estaba al frente de la Generalitat. Además de los tres asistentes y un chófer, Aragonès tiene derecho a recibir, durante una legislatura, el 80% del sueldo que cobraba mientras era president. Percibía un salario de 136.000 euros al frente del Govern y ahora tendrá derecho a cobrar algo más de 108.000 euros brutos.

La ley señala que el salario de expresidente es incompatible con tener una nómina en una empresa pública o privada, y también excluye la posibilidad de poder participar en consejos de administración.

Cuando cumplen 65 años, los expresidentes catalanes tienen derecho a cobrar una pensión mensual vitalicia equivalente al 60% del sueldo que cobraban mientras gobernaban la Generalitat.


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