PP y Vox derogarán en Aragón la ley de Memoria Democrática, reformarán la ‘ley trans’ y apuestan por la sanidad y enseñanza privadas

El PP y Vox han aparcado el trasvase del Ebro, un asunto en el que están radicalmente enfrentados, para pactar “un gobierno estable y fuerte en Aragón”, en el que los ultras han obtenido —además de la vicepresidencia primera y dos consejerías— la reforma de la ley trans autonómica, la derogación de la ley regional de memoria democrática y acabar con la “ideología” en las aulas, entre otras concesiones.

Los portavoces de los ...

El PP y Vox han aparcado el trasvase del Ebro, un asunto en el que están radicalmente enfrentados, para pactar “un gobierno estable y fuerte en Aragón”, en el que los ultras han obtenido —además de la vicepresidencia primera y dos consejerías— la reforma de la ley trans autonómica, la derogación de la ley regional de memoria democrática y acabar con la “ideología” en las aulas, entre otras concesiones.

Los portavoces de los dos partidos en el Parlamento regional, la popular Ana Alós y el ultra Jorge Nolasco, han comparecido este viernes al mediodía en la Sala Goya de las Cortes de Aragón para suscribir el acuerdo de 80 puntos que aplicará el Ejecutivo de coalición. El gran ausente ha sido el futuro presidente, Jorge Azcón, del PP, a pesar de que el documento compromete su acción de gobierno. Está previsto que Azcón pronuncie el próximo miércoles su discurso de investidura y que el viernes tome posición del cargo, sustituyendo al socialista Javier Lambán. Con este pacto, PP y Vox gobiernan en Castilla y León, la Comunidad Valenciana, Extremadura y Aragón, con una población total cercana a los 10 millones de habitantes.

El ultra Jorge Nolasco será vicepresidente primero y tendrá la cartera de Desarrollo Territorial, Despoblación y Justicia. Vox dirigirá también la consejería de Agricultura y Ganadería, de la que se desgaja la competencia de Medio Ambiente, para evitar que esté en manos de un partido negacionista del cambio climático.

El PP, por su parte, ostentará la vicepresidencia segunda del Gobierno y se reserva el senador por designación autonómica, tras haber cedido a Vox la presidencia de las Cortes regionales como preámbulo de este pacto. La portavoz popular ha asegurado que su partido seguirá negociando con el diputado del Partido Aragonés Regionalista (PAR) un “acuerdo parlamentario”, aunque ha dejado claro que el pacto de Gobierno es el suscrito con Vox.

Los dos partidos se comprometen a ampliar su alianza al conjunto de las instituciones aragonesas (ayuntamientos y diputaciones). Más allá de la política autonómica, PP y Vox subrayan su intención de que el futuro Gobierno aragonés sea un “baluarte” en defensa de la unidad de España y frene cualquier avance “de las fuerzas separatistas”, en lo que se presenta como un anticipo del frente común de la derecha y la ultraderecha frente a un Gobierno de Pedro Sánchez apoyado por los independentistas.

Con el 35,55% de los votos y necesitado solo de la abstención de Vox para ser presidente, Azcón se había negado reiteradamente a meter a los ultras en su gobierno. Sin embargo, tras las elecciones del 23-J y, a medida que se acercaba la ficha límite para repetir las elecciones autonómicas si no se investía presidente, el 23 de agosto, empezó a flexibilizar su postura.

El asunto en el que ambos partidos chocaban más frontalmente era el trasvase del Ebro. Abascal ha defendido en campaña la interconexión de todas las cuencas hidrográficas para “llevar el agua al último rincón de España”, mientras que Azcón había asegurado que el PP se opondría tajantemente a cualquier trasvase.

En su pacto, PP y Vox obvian este asunto y se limitan a apostar por el “desarrollo íntegro de todas las obras de regulación hidráulica necesarias para garantizar la reserva hídrica estatutaria” y los recursos para regadíos, suministro industrial y de boca “en las próximas décadas”. Alós y Nolasco han asegurado que este es el mínimo común acordado, sin que ninguno renuncie a sus respectivas posiciones. Lo que no han aclarado es qué postura tomará el futuro Gobierno de coalición en caso de que se plantee un nuevo trasvase.

En lo que sí ha cedido el PP es en la derogación de la Ley de Memoria Democrática de Aragón de 2018, aunque Alós ha subrayado que su partido votó en contra de la misma. En cambio, ha reconocido que apoyó la Ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social de 2018, la ley trans regional, que fue aprobada por unanimidad y ahora quiere reformar. La portavoz popular se ha se limitado a responder que esta ley tiene algunos “aspectos mejorables”, sin revelar cuáles.

En cambio, el PP no ha hecho concesiones con la ley de Violencia de Género aragonesa de 2017, que también Vox quería eliminar. El acuerdo programático no la menciona y se limita a declarar su “compromiso absoluto en la lucha contra la violencia machista”, así como su “apoyo y asistencia a las víctimas de la violencia intrafamiliar”. Alós ha subrayado que la ley de Violencia de Género no se tocará y que el Instituto Aragonés de la Mujer se va a mantener, aunque el pacto habla de suprimir organismos administrativos “superfluos”, entre los que cita los comisionados para la Agenda 2030, Infancia y Despoblación. Según fuentes del PP, las competencias en materia de igualdad y mujer estarán en la consejería de Presidencia.

En línea con las demandas de Vox, el acuerdo incluye la supresión de la Dirección General de Política Lingüística y la revisión de la ley de protección de las modalidades lingüísticas propias de Aragón, en alusión al aragonés y a la variante aragonesa del catalán.

Otros apartados recogen puntos en los que coinciden ambos partidos, como la potenciación de la sanidad privada, promoviendo “la colaboración público-privada para reducir las listas de espera”. O una drástica rebaja fiscal que pasa por recortar medio punto los cinco primeros tramos del IRPF (hasta los 50.000 euros), bonificar hasta el 99% el impuesto de sucesiones; elevar a 700.000 euros el mínimo exento del impuesto de patrimonio; o reducir el de transmisiones al 6%.

Como muestra del giro ideológico del nuevo gobierno, la Consejería de Ciudadanía pasará a llamarse de Bienestar Social y Familia y también habrá una Dirección General de Familia, Infancia y Fomento de la Natalidad. En vez de arbitrar ayudas directas por hijo para las familias con rentas más bajas, el PP y Vox apuestan por deducciones fiscales por nacimiento, por obtención de la condición de familia numerosa o por adquisición y rehabilitación de la vivienda habitual. En lo que constituye una invitación a que uno de los cónyuges abandone el mercado de trabajo y se dedique a las tareas domésticas, el pacto aboga por “establecer una deducción por realización de labores no remuneradas en el hogar” y otra por cuidado de hijos menores de 14 años.

Vox ha colado en el acuerdo una medida según la cual los padres “elegirán libremente y, en su caso, autorizarán el contenido de las actividades extracurriculares”: lo que la ultraderecha ha venido llamando estos años pin parental, que pretende atribuir a los progenitores el derecho de veto sobre contenidos educativos. Su aplicación práctica es muy dudosa, pues los contenidos que Vox pretende vetar (la promoción de la igualdad de género o la prevención de la homofobia, entre otros) son contenidos transversales que forman parte del currículo. Más relevante es la apuesta por la enseñanza privada en detrimento de la pública. Así, se implantará el “cheque escolar” para “promover la competitividad de los centros educativos”. Es decir: los padres recibirán un cheque por el coste de la enseñanza en la educación pública que podrían gastar en colegios privados, aunque no sean concertados, abriendo así la puerta a la financiación pública de colegios de élite. Además, se ampliarán los conciertos en la enseñanza privada a la educación no obligatoria (bachillerato).

El programa de gobierno de PP y Vox no menciona el problema del calentamiento global, pero dedica tres apartados a la lucha contra la ocupación de viviendas, que en Aragón es marginal. Además, el nuevo gobierno autonómico exigirá “la acreditación de la residencia legal y no únicamente el certificado de empadronamiento” para el acceso a subvenciones y ayudas sociales, lo que supone excluir a los inmigrantes irregulares, cualquiera que sea su situación económica o familiar. Finalmente, una de las medidas propuestas (una deducción en el impuesto de sociedades para las empresas “que compren productos agrícolas nacionales”) puede vulnerar el mercado único de la UE.