La sanidad andaluza: más dinero que nunca, pero engullido por la pandemia

El consejero andaluz de Salud y Familias, Jesús Aguirre (PP), médico de familia, repetía una anécdota al inicio de legislatura, en 2018, para prometer que cada paciente de atención primaria contaría con 10 minutos por consulta. “Cuando venían los estudiantes de prácticas, al acabar yo les preguntaba: ‘¿De qué color tenía los ojos el paciente?’. Si no lo sabían, los echaba de la consulta. Hay que quitarle burocracia a los médicos para que le dediquen todo el tiempo al paciente”. Aguirre, que formó parte de una ...

El consejero andaluz de Salud y Familias, Jesús Aguirre (PP), médico de familia, repetía una anécdota al inicio de legislatura, en 2018, para prometer que cada paciente de atención primaria contaría con 10 minutos por consulta. “Cuando venían los estudiantes de prácticas, al acabar yo les preguntaba: ‘¿De qué color tenía los ojos el paciente?’. Si no lo sabían, los echaba de la consulta. Hay que quitarle burocracia a los médicos para que le dediquen todo el tiempo al paciente”. Aguirre, que formó parte de una plataforma para reivindicar esos 10 minutos, acaba su mandato este mes sin haber cumplido su promesa, y los pacientes andaluces arañan tiempo a su médico ―siempre a la carrera― a la espera de un refuerzo en la atención primaria que nunca llega.

Ese atasco que impide progresar a la atención primaria ilustra bien la situación global de la sanidad andaluza, que como todas ha estado centrada en sobrevivir a la pandemia estos dos últimos años. Ahora llegan elecciones, y tanto los pacientes como los 109.000 profesionales sanitarios evalúan la gestión de esta legislatura, una de las asignaturas en las que el Gobierno andaluz se la juega.

Tras perder el Gobierno, la expresidenta socialista Susana Díaz admitió que una de las claves del mal resultado de 2018 fue la movilización de la Marea Blanca por la Sanidad Pública, que sacó a la calle a cientos de miles de andaluces para protestar por la cascada de recortes que la había deteriorado durante una década de mandato socialista (2009-2018). Hoy el déficit que arrastra alcanza los 20.000 millones, según cálculos de la Marea Blanca. Y la Junta actual tiene muy presente ese poder de las batas blancas para movilizar las urnas en su contra, e incluso lo admite en público. Estos años la estrategia del Ejecutivo (PP y Ciudadanos) ha sido atender algunas reclamaciones históricas del colectivo sanitario y salvar la papeleta en la gestión del día a día mientras aumentaba el presupuesto, hasta alcanzar su récord: 12.272 millones.

Esa llamativa cifra mengua sobremanera cuando se dimensiona con el inmenso territorio (87.599 kilómetros cuadrados) y la población que atiende el Servicio Andaluz de Salud (SAS): 8,4 millones de personas que convierten el presupuesto en la menor inversión de una comunidad autónoma en España (1.388 euros por habitante y año), solo por detrás de la Comunidad de Madrid y a gran distancia del gasto en el País Vasco (1.809 euros), según cifras oficiales. “El presupuesto debería estar en 14.500 millones, con la exigencia urgente de 4.000 millones para paliar la situación de la atención primaria y otros 4.000 millones para disminuir las listas de espera”, calcula Sebastián Martín, portavoz de la Marea Blanca andaluza. Este médico valora que la Junta ha ejecutado promesas antes incumplidas por los socialistas ―como la eliminación de las cinco empresas públicas para integrar a todo su personal sanitario en el SAS―, pero censura que derive cada vez más fondos a la sanidad privada con la excusa de bajar las listas de espera.

La pandemia ha hecho estragos en la sanidad andaluza, pero no más que en el resto de España. Tras seis olas de covid-19, las cifras de ingresados en UCI y fallecidos han estado ligeramente por debajo de la media nacional. Si bien las condiciones de las plantillas de sanitarios han mejorado con subidas salariales y otros aspectos, la calidad asistencial hace agua, igual que hace cuatro años: por inversión y paciente, la comunidad autónoma estaba en el sexto lugar en 2010 y ahora ha caído hasta el 16º tras los recortes continuados; el número de camas hospitalarias (2,1 por cada mil habitantes), la ratio de médicos especialistas (1,6) y la ratio de enfermeras (2,8) fueron en 2021 los más bajos de todo el país; y la comunidad tenía en 2019 la peor tasa de mortalidad del país (953 por cada 100.000 habitantes), solo por detrás de Ceuta y Melilla, y un 38% mayor que en Madrid, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). En paralelo, las listas de espera siguen atestadas con 860.000 personas, 1 de cada 10 andaluces (aunque los tiempos de espera no están entre los más altos de España).

La Junta acometió en plena pandemia las obras del Hospital Militar de Sevilla ―abandonado por el anterior Gobierno socialista―, ha abierto 33 centros sanitarios (de un total de 1.500) con 1.060 millones de inversión y ha eliminado las cinco agencias públicas con 8.000 sanitarios públicos con peores condiciones laborales que sus compañeros del SAS, destaca Beatriz Jurado, portavoz de Sanidad del PP andaluz. “El ministerio adoptó nuestra estrategia para la atención primaria con consultas de acogida en el último consejo interterritorial de diciembre. La pandemia solo ha ralentizado las medidas que estábamos implementando para mejorar la sanidad”, subraya.

Más inversión en el sector privado

El sindicato CC OO rebaja ese triunfalismo al recordar la baja calidad asistencial durante la pandemia, tal y como refleja el nivel de satisfacción de los usuarios que arrojan las encuestas, que se ha desplomado hasta los 6,4 puntos sobre 10, en penúltimo lugar de las 17 comunidades. “La pandemia ha tensionado el sistema de manera brutal y ha supuesto un test de estrés superado, pero que ha mostrado las deficiencias. ¿Qué ha hecho la Junta para paliar esos déficits? Se ha refugiado en la colaboración público-privada”, critica José Pelayo Galindo, secretario general de la federación de sanidad de CC OO.

Los sindicatos reprochan a la Junta que se inspire en el modelo madrileño de sanidad y cada vez concierte más con la privada: en 2022 había previsto un aumento del 31% en el presupuesto de conciertos, hasta llegar a los 540 millones, aunque finalmente se quedó en 464 millones, lo que sitúa a Andalucía entre las seis regiones que derivan mayor parte de su inversión sanitaria a la privada. “Este Gobierno, que lo está haciendo medianamente bien, no apoya lo suficiente a la sanidad pública y debería dejar de invertir en la privada”, opina José Sánchez, secretario general del sindicato de enfermería SATSE. Para igualar la media europea de ocho enfermeros por cada mil habitantes, Andalucía tendría que duplicar su plantilla de 34.000 enfermeros (cuatro por cada mil habitantes).

El presidente del sindicato médico, Rafael Carrasco, también ve el vaso medio lleno: “El balance tiene luces y sombras, pero es difícil valorar cuatro años de gestión marcados por la pandemia, el virus del Nilo y la listeriosis. Ahora es cuando se verá el modelo de sanidad de esta Administración”, dice. Carrasco cita una “luz” del Gobierno de PP y Cs ―la extensión a todos los sanitarios del complemento salarial que antes solo cobraban los que trabajaban en exclusiva para la sanidad pública, una antigua reclamación del colectivo médico―, y también una “sombra”: “La atención primaria sigue sin una remodelación completa, ni un plan para paliar la falta de médicos ante la jubilación masiva, ni un diseño estructural para las listas de espera, que se dispararán en breve”.

Tras la contratación en pandemia de 20.000 profesionales sanitarios de refuerzo con los fondos covid transferidos por el Gobierno, en octubre la Junta prescindió de 8.000 de ellos y renovó a 12.000, contratos que en principio mantendrá hasta finales de año. Ante el deterioro constante de la sanidad pública, la sanidad privada ya alcanza los 1,6 millones de asegurados en Andalucía, con un incremento anual del 5% el último lustro. Los andaluces se gastaron 4.019 millones en seguros y consultas privadas en 2020, según la Fundación Idis de la sanidad privada.