La jueza incide en que la permanencia de Mazón en la Generalitat la tarde de la dana debió ser “brevísima” pese a las versiones oficiales

La jueza de Catarroja que instruye la causa penal por la gestión de la dana ha incidido este lunes en un auto que el tiempo que pudo pasar el entonces president Carlos Mazón en el Palau de la Generalitat esa tarde “debió de ser escasísimo”. Y dada la “brevísima que pudo ser su permanencia” considera que la “posibilidad de recuperar la información de las cámaras del Palau” y citar a la jefa de Servicios del Palau el 29 de octubre de 2024 para que explicara las razones del borrado de las imágenes sería irrelevante porque no aportaría información sobre el posible contenido de las conversaciones relativas a la gestión de la dana, objeto de su investigación.

Por ello, la magistrada Nuria Ruiz Tobarra desestima la petición de la acusación que ejerce Compromís sobre la llegada de Mazón a la sede del Consell la tarde en que las inundaciones acabaron con la vida de 230 personas en la provincia de Valencia. Pero deja bien patente su incredulidad sobre las versiones oficiales ofrecidas tanto por Mazón como por su entorno, según las cuales el presidente estuvo “trabajando” y haciendo “llamadas” en el Palau (al que llegó a las 18 horas, según divulgó Presidencia en un primer momento), después de comer con la periodista Maribel Vilaplana. Posteriormente, Mazón reconoció que acompañó a la comunicadora al aparcamiento y luego se fue andando hasta la sede del Consell, sin detallar nunca la hora.

Mazón llegó al Palau minutos antes de las 20 horas y se marchó al poco al Cecopi, el órgano que coordinaba la emergencia, según relató un testigo a este periódico y confirmaron dos fuentes conocedoras de los hechos. En el Cecopi entró a las 20.28 horas.

La jueza argumenta: “La solicitud de obtención de las cámaras se convertiría en un elemento irrelevante, tanto si el sr. M realizó el camino desde el aparcamiento de Glorieta-Paz tras terminar la conversación con la Sra. V., como en el caso de que dicha testigo le acompañara en coche hasta las proximidades del Palau, hipótesis que, aunque negada por la testigo, sería plausible atendiendo al tiempo que duró la comida en el restaurante, la sobremesa y el tiempo transcurrido hasta el abono del ticket del parking”.

En otro auto, la magistrada pregunta —a petición de la acusaciones que ejercen Compromís y Acció Cultural— a la Abogacía de la Generalitat si algún alto cargo del Consell les hizo alguna consulta verbal o escrita sobre aquel episodio de inundaciones y barrancadas del 29 de octubre de 2024 que dejaron 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia. A lo largo de la investigación se ha puesto de manifiesto, según se desprende de los whatsapp que la exconsejera de Emergencias Salomé Pradas, imputada en la causa junto a su número dos, Emilio Argüeso, intercambió con altos cargos de Presidencia, sobre la posibilidad de un confinamiento de la población en las horas críticas de la dana y las dudas que esa opción despertó en ellos.

Pradas quería pedir el confinamiento de las “áreas afectadas” y “alejamiento (subir a las plantas altas) en unos cuantos municipios” el día de la dana. Pero el jefe de gabinete de Carlos Mazón, José Manuel Cuenca, por ejemplo, le respondió por escrito a través de la aplicación de mensajería: “Salomé, para confinar hace falta un estado de alarma, y eso lo decreta la chica que tienes al lado [la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé]”. La exconsejera sabía que no, que la ley de Emergencias contempla esta competencia autonómica y se lo explicaba, en pleno caos, al que parecía el máximo representante del Gobierno en esos momentos: “Quítate eso de la cabeza, por favor”, le respondió Cuenca.

Además, el exsecretario autonómico de Presidencia, Cayetano García, declaró el pasado 15 de diciembre durante su comparecencia en la comisión de investigación de la dana del Congreso de los Diputados que respecto al confinamiento únicamente le recomendó a la consejera Pradas, al mando de la emergencia, que recabara el criterio jurídico de la Abogacía de la Generalitat.

El subdirector de Emergencias de la Generalitat Valenciana, Jorge Suárez también explicó ante la jueza el pasado 17 de diciembre que se habló del confinamiento a la población, en relación al riesgo de rotura de la presa de Forata, cuando se planteó en el Cecopi que la evacuación de la población de los municipios circundantes no era viable. “Ahí fue cuando se pusieron sobre la mesa otras medidas a incluir en un Es Alert como el confinamiento y ahí se habló de la duda legal sobre ese confinamiento”, declaró Suárez la pasada semana. Fue en ese momento cuando Pradas afirmó que iba a pedir asesoría jurídica. Esa alerta fue finalmente desestimada.

La jueza ha requerido al mismo organismo para que informe de si la Abogacía de la Generalitat fue emplazada el 29-O por el entonces secretario autonómico de Presidencia de la Generalitat, Cayetano García, para que emitiera “alguna valoración jurídica” sobre aquella emergencia, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana,

Por otra parte, y a petición de la acusación popular y particular que ejerce Acció Cultural del País Valencià (ACPV), la magistrada ha acordado solicitar a la Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología (DAEM) del Gobierno vasco que presente un informe sobre las llamadas recibidas en el teléfono 112 de Euskadi por derivación del 112 Comunitat Valenciana aquel día, así como las grabaciones de esas llamadas para su futura incorporación al procedimiento.

En esta misma resolución, la jueza instructora rechaza otras diligencias solicitadas por esta parte relativas a una llamada telefónica y un mensaje de Whatsapp entre el lehendakari y el entonces president de la Generalitat Valenciana, pues esos contactos se produjeron “fuera del momento temporal en que habían de adoptarse decisiones para salvaguardar a la población”.