Jaque definitivo al Magda, el macroproyecto solar diseñado sobre el granero de 13 pueblos en Castellón

Magda, el proyecto para construir una macroplanta solar de 200 hectáreas en la provincia de Castellón, ya es historia, tras su archivo por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico. El gobierno da carpetazo así a una actuación que ha contado desde que empezara a gestarse, en 2021, con múltiples informes desfavorables y...

Magda, el proyecto para construir una macroplanta solar de 200 hectáreas en la provincia de Castellón, ya es historia, tras su archivo por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico. El gobierno da carpetazo así a una actuación que ha contado desde que empezara a gestarse, en 2021, con múltiples informes desfavorables y el rechazo frontal de vecinos, grupos ecologistas e instituciones por la destrucción de parcelas agrícolas y de alto valor paisajístico.

Proyectada sobre los términos municipales de Les Coves de Vinromà y Benlloch -donde iban a ubicarse los más de 250.000 módulos de un parque solar, en su origen, de 150 megavatios y casi 500 hectáreas, que la promotora acabó reduciendo a la mitad- la actuación afectaba también a otra decena de municipios, como Torre d’En Domènec, Vilanova d’Alcolea, Cabanes, Vall d’Alba, Vilafamés, Borriol o Castelló. Todos ellos quedaban atravesados por la línea de evacuación hasta la subestación de La Plana, en Almassora.

A finales del pasado mes de julio, la empresa promotora, Tragmul Trade S.L, anunció su negativa a ejecutar el proyecto y presentó su renuncia ante el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, al no poder cumplir las condiciones impuestas para su materialización, como la Declaración de Impacto Ambiental. Una desestimación firmada en agosto y que el gobierno acaba de hacer oficial tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado, que detalla que la decisión de no seguir adelante con el proyecto responde a “los informes desfavorables emitidos por administraciones, organismos o empresas de servicio público o de servicios de interés general en el marco de la tramitación efectuada”. Entre estas entidades figuran diferentes ayuntamientos de la provincia, la Diputación o la Dirección General de Medio Natural y Animal de la consejería de Medio Ambiente.

La resolución de la Dirección General de Energía y Minas, dependiente del ministerio, ha sido remitida ya a los ayuntamientos de las poblaciones afectadas por la macroplanta fotovoltaica, dando el adiós definitivo al proyecto, sobre el que sigue abierto aún un contencioso administrativo. “Ha sido una lucha ciudadana titánica a lo largo de casi tres años”, explica María Cinta Moliner, integrante de la asociación Nostra Terra de Les Coves, uno de los colectivos que ha liderado la movilización contra la Magda y que se integra, junto a otras 70 entidades, en la Coordinadora Valenciana para una ubicación racional de las Energías Renovables.

Solo en Les Coves, el municipio más afectado por el proyecto, al albergar el 90% de la planta “y sobre territorio agrícola productivo, catalogado en parte como cultivo ecológico” -incide María Cinta Moliner- se contemplaba la tala de más de 60.000 árboles, como almendros y olivos, lo que suponía que en torno a un centenar de trabajadores del sector primario “iban a perder su forma de ganarse la vida, que se dice pronto”.

“En municipios eminentemente agrícolas y con un peso grande del sector primario, la Magda tuvo un rechazo frontal desde el minuto cero”, recuerdan desde Nostra Terra. Un encontronazo que alentó la falta de información “y transparencia” sobre la actuación que suele acompañar, dice la asociación, a este tipo de proyectos. En el caso de Les Coves, en 2021 el BOE publicó la relación de parcelas y propietarios afectados “que no habían firmado ningún contrato de ocupación de sus fincas”, recuerdan las mismas fuentes.

“Estamos contentos y sentimos un cierto alivio. Y digo cierto porque la guerra continúa mientras haya una legislación que permita a cualquier empresa o fondo de inversión elegir una zona para levantar su proyecto energético y campar a sus anchas sin escuchar al mundo rural, y la administración lo ampare”, explica María Cinta Moliner. En este sentido indica que el reto de la Coordinadora Valenciana es precisamente promover un cambio de normativa al respecto. “Queremos energías renovables, son necesarias en un momento de transición ecológica, pero no las queremos así, sino planificadas y coordinadas. Preguntando y escuchando al territorio”.

En el horizonte de esa lucha “que continúa” recuerda las movilizaciones ciudadanas contra otras dos macroactuaciones en marcha, como las líneas de Muy Alta Tensión (MAT) en Morella, Portell y Cinctorres como infraestructuras de evacuación de los parques eólicos proyectados en el Maestrazgo turolense, o el propio clúster del Maestrazgo, también judicializado.

La portavoz del PSPV-PSOE de Castelló, Ruth Sanz, se ha sumado a la celebración de esta renuncia del promotor de Magda a construir la macroplanta solar sobre las comarcas de la Plana. La decisión, ha dicho, “es una victoria de la sociedad civil por su presión para preservar el territorio”. Ha celebrado que el Ministerio de Medio Ambiente “haya estado firme exigiendo que se cumplieran todos los requisitos normativos medioambientales para compatibilizar la generación de energía con el respeto total a la agricultura y el medio natural”.