Los amigos abandonan a Eduardo Zaplana

El expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro del PP Eduardo Zaplana se sienta estos días en el banquillo acusado de seis delitos por los que la Fiscalía le pide 19 años de cárcel. Los tres más destacados son prevaricación, por la presunta adjudicación amañada de los parques eólicos y las ITV de la Comunidad Valenciana; cohecho, por el cobro de mordidas a los hermanos Cotino, que se llevaron parte de las concesiones; y blanqueo de capitales, p...

El expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro del PP Eduardo Zaplana se sienta estos días en el banquillo acusado de seis delitos por los que la Fiscalía le pide 19 años de cárcel. Los tres más destacados son prevaricación, por la presunta adjudicación amañada de los parques eólicos y las ITV de la Comunidad Valenciana; cohecho, por el cobro de mordidas a los hermanos Cotino, que se llevaron parte de las concesiones; y blanqueo de capitales, por la operativa desplegada supuestamente para evadir al extranjero el dinero de las comisiones ilegales y después retornarlo a España en forma, sobre todo, de patrimonio.

Según la acusación, esa trama del llamado caso Erial fue diseñada y ejecutada por personas de la entera confianza de Zaplana: un amigo de la infancia, su asesor fiscal, su jefe de gabinete y su secretaria, fundamentalmente. Todos ellos están acusados también. Esta semana, en su declaración ante el tribunal de la Audiencia de Valencia que lo juzga, Eduardo Zaplana lo negó todo: el amaño, las comisiones y, de forma tajante, que en alguna ocasión haya tenido dinero en el extranjero: “Nunca jamás”, dijo. Lo que no negó en ningún caso es la amistad, en unos casos por relación personal y en otros profesional, con todos los miembros de ese círculo que manejaba los hilos de lo que Anticorrupción considera un “grupo criminal”.

Esa amistad fue en la que argumentó que la Guardia Civil le incautara documentos sobre la operativa o el estado de las empresas mercantiles destinadas a mover el dinero de procedencia ilícita. Estaban en su poder, alegó Zaplana, porque ofrecía consejos o hacía de mediador para alguno de sus “amigos”, no porque él obtuviera beneficio alguno.

El primer rejón a su defensa llegó el miércoles, cuando una de las personas de este círculo, su amigo de la infancia Joaquín Barceló, apodado Pachano, admitió ser testaferro de Zaplana. Barceló aparece como titular de mercantiles, propiedades y cuentas en el extranjero cuyos fondos, según dijo ante el juez, eran propiedad del exministro. Pachano no dudó en ningún momento: “Cómo voy a vivir en ese piso, si no era mío”, llegó a decir al ser preguntado por uno de los bienes que, según la investigación, se compró en España cuando se pudo “repatriar” el dinero. Barceló manifestó que firmaba lo que le decían y “sin rechistar”. Confiaba en Zaplana y pensó que se lo pedía por mantener una buena imagen dentro de la política pero que se trataba de dinero lícito, procedente de negocios legales, por el que, como mucho, no tributaba. “Me ha utilizado”, señaló al final de su declaración.

Los amigos no se saludaron ni al principio ni al final de la sesión. Eduardo Zaplana sospechaba que Pachano podía tirar de la manta. Sobrevolaba la posibilidad de que este, además de otros acusados, hubieran acordado con la Fiscalía la colaboración con la justicia a cambio de una rebaja en la petición de cárcel. El testimonio fue demoledor, pero es solo el testimonio de un acusado que podría haber cambiado su versión para obtener algún beneficio judicial. La mayoría de los documentos omiten el nombre de Zaplana, quien se cuidó mucho de aparecer en las sociedades o en las cuentas en las que, según Anticorrupción, se movieron hasta 20,6 millones de euros. En cualquier caso, fue el primer golpe, el que certificaría el delito de blanqueo.

El próximo martes, el expresidente valenciano puede sufrir otros dos reveses que le pueden llevar a las puertas de la cárcel. De la actitud y decisiones adoptadas por las defensas se desprende que el ex jefe de gabinete de Zaplana, Juan Francisco García, y los empresarios que se llevaron las adjudicaciones y que, presuntamente, pagaron las mordidas —José y Vicente Cotino— podrían haber llegado también a un acuerdo y traicionar al dirigente del PP confirmando la tesis de la Fiscalía.

El primero presidió la mesa de contratación de una de las adjudicaciones, la de las ITV. Según la investigación, también cobró por ello. Pero, además, Anticorrupción sostiene que el amaño fue instado por el propio Zaplana pese a que él, directamente, no intervenía en la contratación. En el caso de que García mantenga ante el juez que recibió instrucciones del entonces presidente de la Generalitat para que los hermanos Cotino fueran los adjudicatarios en un concurso amañado, la acusación de prevaricación se cargaría de peso.

Para la acusación de cohecho, la semana que viene se desvelará también la declaración de los empresarios que, según el sumario, obtuvieron unos beneficios de 86,5 millones de euros con la venta de participaciones de las empresas adjudicatarias de las ITV y de los parques eólicos. Si estos confirman la tesis del fiscal de que los pagos a las empresas en las que figura el amigo de Zaplana y las entregas en metálico eran para el exdirigente popular, la imputación por cohecho estaría refrendada.

El tribunal tendrá que decidir cuánto peso tienen las declaraciones de estos acusados y de quienes se mantendrán en la línea de defensa del dirigente popular. Entre ellos estaba el asesor fiscal del exministro, Francisco Grau, que negó que el popular estuviera detrás de sociedades en Luxemburgo y cuentas en Andorra.

“El juicio acaba de comenzar”, insiste el exministro cada vez que entra o sale de la Ciudad de la Justicia de Valencia en la que se celebran las vistas. Estas se prolongarán, previsiblemente, hasta finales de mayo o principios de junio. Son muchas sesiones en las que puede haber alguna sorpresa de la defensa, pero también en las que se hablará de la “hoja de ruta” de la trama, un documento que, según la acusación, resume los trámites efectuados para las adjudicaciones, el importe que debían abonar los licitadores y la creación de sociedades residenciadas en el extranjero “carentes de actividad mercantil y que recogerían el importe de los sobornos (...), ocultando a los verdaderos titulares de las sociedades”.