López Ebri, teniente fiscal del Tribunal Superior valenciano, premiado por su defensa de las personas con discapacidad
El galardonado impulsó un plan de inspección de residencias, así como la protección del patrimonio de las personas con discapacidad
El Foro Justicia y Discapacidad ha distinguido este viernes al teniente fiscal de la Comunidad Valenciana, Gonzalo López Ebri, por su labor como fiscal coordinador del orden civil y de protección de personas con discapacidad. Y, en concreto, por su trabajo para mejorar la vida de las personas con discapacidad, la defensa de sus derechos y la erradicación de la discriminación y las barreras que sufren.
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El Foro Justicia y Discapacidad ha distinguido este viernes al teniente fiscal de la Comunidad Valenciana, Gonzalo López Ebri, por su labor como fiscal coordinador del orden civil y de protección de personas con discapacidad. Y, en concreto, por su trabajo para mejorar la vida de las personas con discapacidad, la defensa de sus derechos y la erradicación de la discriminación y las barreras que sufren.
López Ebri ha recibido el premio la trayectoria profesional en un acto celebrado en Madrid presidido por el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Rafael Mozo. Durante su carrera, López Ebri ha puesto en marcha un plan de inspecciones en residencias y pisos tutelados para mayores y personas con discapacidad que han permitido descubrir abusos e irregularidades. El fiscal también ha trabajado por la protección del patrimonio de las personas con discapacidad.
“Este premio es un premio a la carrera fiscal, ya que los fiscales funcionamos con una dimensión colectiva, por lo que cada actuación del Ministerio Fiscal es el resultado de un equipo”, ha declarado López Ebri tras recoger el galardón.
Los XV premios anuales del Foro Justicia y Discapacidad han reconocido en el mismo acto la labor de a Fundación AMAI TLP, la empresa Soltra, y el periodista Antonio Ledesma. El Foro Justicia y Discapacidad fue creado en 2003 por el órgano de gobierno de los jueces con el objetivo de coordinar a las instituciones jurídicas del Estado para conseguir una mayor efectividad en la tutela judicial de los derechos de los más de cuatro millones de personas con discapacidad que hay en España.
Al acto de entrega han asistido la ministra de Justicia, Pilar Llop; el presidente del Tribunal Supremo, Francisco Marín Castán, y el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.