El futuro PGOU de Alicante: entre los rascacielos y los riesgos del cambio climático

Alicante se prepara para dar un estirón. Y bien alto, si se cumplen las previsiones del concejal de Urbanismo, Adrián Santos (Ciudadanos), cuyo departamento ha llevado al nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que sustituirá al vigente, de 1987, a la casilla de salida de las tramitaciones burocráticas. “Romper la barrera de las alturas” con “rascacielos que pueden llevar aparejada más dotación” y “hacer hincapié en la Alicante que ya tenemos”, equilibrando y conectando mejor los barrios ya existentes, son las líneas m...

Alicante se prepara para dar un estirón. Y bien alto, si se cumplen las previsiones del concejal de Urbanismo, Adrián Santos (Ciudadanos), cuyo departamento ha llevado al nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que sustituirá al vigente, de 1987, a la casilla de salida de las tramitaciones burocráticas. “Romper la barrera de las alturas” con “rascacielos que pueden llevar aparejada más dotación” y “hacer hincapié en la Alicante que ya tenemos”, equilibrando y conectando mejor los barrios ya existentes, son las líneas maestras marcadas por el edil para su nuevo modelo de ciudad, que comenzará a perfilarse en cuanto concluyan los siete análisis preceptivos que la concejalía acaba de adjudicar por un total de 285.608,16 euros y con los que el Ayuntamiento da por iniciados los trabajos de redacción del PGOU. El nuevo trazado de la ciudad no funcionará, sin embargo, si no se tienen en cuenta conceptos como el medio ambiente y la exposición al cambio climático, si no se incrementa la presencia de suelo público o si no se articula el plan a partir de las necesidades de los usuarios, alertan varios expertos a EL PAÍS.

El PGOU del 87 “ha quedado desfasado en su concepto”, indica el concejal, pero ha sobrevivido gracias a la actuación en el suelo que definió como urbanizable y a que buena parte de sus actuaciones estaban previstas a largo plazo. Para Santos, las actuaciones más urgentes que debe abordar Alicante ya aparecían en el ordenamiento vigente. Se trata de “las operaciones integrales (OI) de la estación de Renfe”, consistente en el soterramiento de las vías de tren y la construcción de un bulevar en el terreno que dejen libre, “la de la estación de Benalúa”, a la entrada de la ciudad desde Elche, que también conlleva la desafectación de las vías ferroviarias, la del barrio de Sangueta, ubicado frente al mar, al final de la playa del Postiguet, y la del entorno de la plaza de toros y el centro Cigarreras. “Son las bolsas de suelo más grandes de la ciudad”, señala el edil, “pero aún hay mucho trámite por desatascar”.

El plan actual acarrea el lastre de varios escándalos, como la desestimación en 2007, por parte del alcalde Luis Díaz Alperi (PP), del proyecto presentado en 2004 por el urbanista Lluís Cantallops, quien aseguró haber recibido presiones para modificar su trabajo. Y, sobre todo, por el protagonismo que cobró en un juicio de la trama de corrupción Brugal, en el que se acusaba a Alperi y a su sucesora, Sonia Castedo (PP), de favorecer al empresario Enrique Ortiz en el reparto del suelo a cambio de dinero y regalos. Aunque finalmente todos los implicados fueron absueltos, el PP municipal decidió anular definitivamente la renovación del plan, encargada a Jesús Quesada. Sin embargo, en el plano meramente funcional, el plan vigente “ha envejecido bien”, declara el catedrático de Urbanística de la Universidad de Alicante (UA) José Ramón Navarro, quien formó parte del equipo que lo redactó. Fue rápido, se aprobó en apenas seis meses, y, a juicio de Navarro “cumplió con sus expectativas de solventar la ausencia de control de licitación de los usos del suelo, de paliar las densidades elevadas y de reducir el impacto de los vehículos y el tremendo déficit de equipamiento existente”. “Ayudó a terminar una ciudad con un tejido urbano fragmentado”, añade Navarro, “fue una labor de sutura correcta”.

No obstante, “se han producido profundos cambios en las demandas sociales y en los hábitos de vida” que exigen un nuevo plan que dé respuesta a los principales retos del momento actual. Según el urbanista, “hay que desarrollar políticas ambientales eficaces en coordinación con municipios del entorno, como Sant Joan o San Vicente”, para “incorporar en la estructura de la ciudad soluciones, no solo a los retos del cambio climático, sino a los problemas futuros que llegarán si no enfocamos bien la degradación” del medio ambiente. También recomienda abordar “los problemas de vivienda o los de la centralidad de los servicios”, así como “presentar propuestas que impidan que la ciudad crezca como espacio lúdico para turistas” y acometer la movilidad “ordenando a través del urbanismo, no del tráfico”.

Una línea similar defienden Andres Silanes y Fernando Valderrama, arquitectos del estudio alicantino Subarquitectura. Sostienen que el PGOU debe tender hacia “la integración de la ciudad en el territorio”, incluyendo “los paisajes medio salvajes que quedan, como la costa, los hitos montañosos o las zonas verdes de la periferia” y abordar cada zona singular como una isla con sus propias peculiaridades. También se debe “valorar el espacio vacío como espacio público”, al que hay que favorecer en relación con el privado, y “recoger todas las preocupaciones a través de la participación ciudadana” para que, con el conocimiento global de la situación, “el plan dé una propuesta transversal”. Finalmente, Andrés Rico, representante provincial de Alicante en el Colegio de Ingenieros de Caminos de la Comunidad Valenciana, incide en tener en cuenta los cambios sociales. “El coronavirus nos enseñó que hay que atender a la ventilación, la calefacción y el soleamiento de los edificios”, apunta, “y el clima nos obliga a descarbonizar mediante un transporte público eficiente” y a cambiar los usos del agua. También son nuevos “los patinetes, los pisos turísticos, el teletrabajo”, por lo que insta a una intensa labor sociológica “que apoye a los barrios degradados y que consiga que el plan piense en el ciudadano como usuario de la ciudad”.