La Iglesia catalana firma un convenio con Illa para ceder propiedades para vivienda social
El acuerdo, de cuatro años, prevé que las diócesis mantengan la titularidad de los bienes
La Iglesia catalana ha firmado este lunes un convenio con el Govern por el que se compromete a ceder propiedades a la Administración para crear vivienda social. El acuerdo, el primer acto presidido por Salvador Illa tras su baja por una osteomielitis, debe permitir aumentar el parque público de vivienda pública en los próximos años con la puesta a disposición de edificios y suelos cuya titularidad seguirá en sus manos, según fija el pacto. La primera gran tarea de la comisión que se constituirá para ejecutar el pacto pasa por hacer un inventario de todos los bienes que podrá gestionar la Generalitat, entre los que hay viviendas, antiguas rectorías que requieren ser rehabilitadas o terrenos que deben ser valorados.
Las posesiones de la Iglesia han estado tradicionalmente en el punto de mira de la Administración. La tenencia de un vasto patrimonio ha planteado en múltiples ocasiones los impuestos que debía pagar o no por ellos. En esta ocasión, la Iglesia ha acordado que al menos parte de ese patrimonio se destinará a formar parte del parque público de vivienda en plena emergencia en Cataluña. La idea, según Illa, surge de un acuerdo que se firmó en verano del año pasado en Malta. El Gobierno de ese país, según explica en su página web, acordó con el gobierno la cesión de terrenos a una fundación eclesiástica para desarrollar viviendas que costasen, de media, un 30% menos que las de mercado libre.
En este caso, la operación será a la inversa. Según fuentes del Ejecutivo, las diócesis catalanas o entidades vinculadas con la Iglesia aportarán inmuebles que la Generalitat explotará en régimen de cesión para un periodo de entre 50 y 70 años, dependiendo del inmueble. La Generalitat rechazó dar un número concreto de viviendas que saldrán al mercado, puesto que primero debe examinar con lupa la lista de propiedades que remita cada obispado.
Preguntado al respecto el de Barcelona afirmó que no podía precisar todavía cuáles son los inmuebles que aportará. “El convenio fija un marco de inicio de trabajo que se concretará en un futuro, como es el caso de los convenios específicos de las diócesis y las achidiócesis con las Administraciones públicas”, respondió por correo el arzobispado, que añade que hasta que no haya concreción no se puede detallar nada.
El proyecto, que aun está al principio de su desarrollo, se antoja complejo. Las diócesis no solo tienen viviendas, sino también antiguas residencias del clero, de su personal y de seminaristas que necesitan ser rehabilitadas. Y en algunos casos, también de solares que no pueden ser destinados directamente a la construcción de viviendas porque tienen calificación de uso religioso, por lo que antes deben pasar por trámites urbanísticos.
El convenio fija que se creará una mesa de trabajo integrada por cinco miembros de la Conferencia Episcopal Tarraconsense y otros cinco designados por la Generalitat, entre los cuatro habrá cuatro correspondientes al Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, dirigido por Sílvia Paneque, y uno de la consejería de Justicia que provendrá del área de Asuntos Religiosos.
Esa mesa se reunirá, según los firmantes del acuerdo, una vez cada semestre y se encargará de convertir en vivienda pública el patrimonio que pongan a disposición las diócesis. Eso incluye cambios normativos, convenios con las partes involucradas y la vigilancia en las adjudicaciones para que vayan a colectivos vulnerables con criterios de “transparencia y equidad”.
También se creará una comisión de seguimiento del protocolo integrada por seis miembros ―tres de cada parte― y que se reunirá al menos una vez al año para examinar los resultados de ese pacto. El convenio tiene una duración de cuatro años, pero puede ser prorrogado si las partes así lo deciden.
A la firma ha acudido el presidente de la Conferencia Episcopal Tarraconense, Joan Planellas, que ha firmado en nombre de todos los obispos y diócesis catalanas. “La falta de vivienda es uno de los problemas de primer orden de la nuestra sociedad catalana, en la que casi el 25% de la población tiene algún problema de exclusión social en el ámbito de la vivienda”, ha sostenido Planellas.