La familia Pujol saca a relucir la Operación Cataluña para pedir que se anule el juicio

La llamada Operación Cataluña —las supuestas maniobras de sectores de la policía para torpedear el procés independentista— no tardó ni dos horas en aparecer en el juicio al clan Pujol. La familia del expresident Jordi Pujol ha querido poner en evidencia, ...

La llamada Operación Cataluña —las supuestas maniobras de sectores de la policía para torpedear el procés independentista— no tardó ni dos horas en aparecer en el juicio al clan Pujol. La familia del expresident Jordi Pujol ha querido poner en evidencia, durante la primera sesión de la vista por el origen de su fortuna oculta, hasta qué punto la intervención de las cloacas del Estado ha podido contaminar la causa. Los abogados de Josep Pujol y Oriol Pujol, dos de los siete hijos del mandatario (todos, acusados), han pedido la nulidad de buena parte del proceso porque algunas pruebas se obtuvieron de forma “ilícita”. Todo está viciado de “origen”, subrayan, y ni siquiera la confesión del exdirigente autonómico, en julio de 2014, fue “libre y voluntaria”: según las defensas, solo intentaba así salir al paso de los datos que empezaban a circular sobre las cuentas bancarias de la familia en Andorra y que se consiguieron mediante presiones y chantajes.

La incidencia de la denominada policía patriótica en el caso Pujol está, a estas alturas, fuera de toda duda. Con la convicción (resultó errónea) de que acabar con un pater patriae de los catalanes fulminaría el procés, varios policías se lanzaron a la yugular de la familia en la era de Jorge Fernández Díaz (PP) como ministro del Interior. Y en el camino cruzaron algunas líneas rojas. Incluso, alguna de sus maniobras ha sido ya declarada probada en una sentencia judicial firme —el Tribunal Supremo confirmó este mismo 2025 la pena de un año de prisión para Eugenio Pino, jefe de la Policía Nacional en época de Mariano Rajoy, por sustraer de “forma ilícita” datos de Jordi Pujol Ferrusola y tratar de introducirlos en este sumario que ahora se juzga en la Audiencia—.

El problema para los Pujol es que sí tenían un secreto que ocultar: una fortuna millonaria en Andorra opaca al fisco (y a los ciudadanos) durante más de tres décadas, que solo regularizaron después de que el periódico El Mundo publicase pantallazos de esos depósitos el 7 de julio de 2014. “Todo se resume en esta imagen”, ha afirmado Jaime Campaner, abogado de Josep Pujol Ferrusola, mientras sostenía la portada del rotativo de aquel día.

Aquellos datos financieros obligaron al expresident, ha sostenido el letrado, a emitir el comunicado en el que afirmó que su padre, Florenci Pujol, había dejado al morir, en 1980, cierto dinero para su familia por si su carrera política iba por mal camino. La causa judicial se abrió formalmente tras la confesión, pero la confesión (“vaga, genérica, imprecisa”) fue “un mero pretexto”: el origen fueron los datos bancarios, obtenidos de forma “ilícita”, mediante presiones de las cloacas del Estado a responsables de la Banca Privada de Andorra (BPA), tal como ha dicho en público, entre otros, el comisario jubilado José Manuel Villarejo. “Es el pecado original” y, por tanto, las comisiones rogatorias al país de los Pirineos y todo lo que se ha obtenido posteriormente es nulo, ha argumentado este abogado en la primera sesión del juicio.

Una testigo incómoda

La primera andanada contra los Pujol había empezado, en realidad, mucho antes, en diciembre de 2012, con la declaración de una mujer. Victoria Álvarez, que había sido amante del primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, contó que durante su relación con él le había visto trajinar mochilas repletas de billetes de 500 euros entre Cataluña y Andorra. La instrucción del caso Pujol se ha alargado, y han pasado tantas cosas (como el auge y declive del procés) que el tiempo ha permitido descubrir que Álvarez no era una testigo imparcial: cobró, supuestamente, un sueldo mensual a cargo de los fondos reservados del Estado. Su declaración propició unas pesquisas en la Audiencia Nacional que acabaron absorbiendo la causa abierta por la confesión de Pujol. Ahora es una testigo incómoda: ni la Fiscalía ni la defensa de los Pujol la han llamado a declarar, aunque sí lo ha hecho la exmujer del hijo mayor.

El abogado de Oriol Pujol, el único de los hijos que siguió la carrera política del padre hasta que fue condenado por corrupción (en el caso ITV), ha remarcado ese “inicio ilícito” del proceso, que nació “por la voluntad de unos pseudopolicías y de parte del aparato del Estado para influir en lo que estaba ocurriendo en Cataluña”. “Es evidente que [Victoria Álvarez] no hace [la declaración] porque quiere”, ha dicho el letrado, Francesc Sánchez, que ha pedido la incorporación de una nueva prueba: la documentación de la propia causa penal que se sigue en Andorra sobre la Operación Cataluña.

Además de las presiones al BPA y de la declaración de Victoria Álvarez, la incidencia de la policía patriótica se apoya en una tercera pata: el robo de datos personales y económicos de Jordi Pujol Ferrusola por parte de personas desconocidas que acabaron en manos de la policía. El pasado febrero, el Supremo confirmó la condena a un año de cárcel a Eugenio Pino, que fue director adjunto de la Policía bajo el PP. Pino ordenó grabar esos datos en un pendrive y entregarlos a la unidad que investigaba a la familia.

Pero, por mucho que haya existido, la Operación Cataluña difícilmente salvará a los Pujol. Las nulidades que se han pedido, precisan fuentes del caso, tienen escaso recorrido. Primero, porque la sala ya ha avalado la actuación del juez instructor; y segundo, porque la investigación ha llegado a las mismas conclusiones con distintos medios de prueba. La Fiscalía, que no cree en la realidad de la deixa (legado) del abuelo, considera que el hombre que gobernó la Generalitat entre 1980 y 2003 aprovechó su posición de poder para enriquecerse, él y su familia, con la corrupción política: la adjudicación de obra pública a cambio de comisiones.

Más allá de lo que diga la sentencia sobre ese extremo, para los Pujol era importante que la Operación Cataluña saliese a relucir en el juicio, ya que les brinda un retrato más cercano al de la víctima que al del acusado. Este es también un juicio por el relato, por la verdad que quedará fijada en los hechos probados, auténtica obsesión de un Pujol que, a los 95 años, piensa más en los libros de historia que en la posibilidad de una pena de prisión.