Por qué Cataluña no está preparada (aún) para asumir las competencias en inmigración que reclama Junts
La Generalitat admite que un eventual traspaso obligaría a aumentar el personal y a impulsar cambios normativos
Seis meses después de que PSOE y Junts per Catalunya pactaran la delegación integral de competencias en inmigración del Estado a la Generalitat, la iniciativa sigue siendo, por ahora, una quimera. No solo por la falta de los votos necesarios para la aprobación del traspaso —como quedará en evidencia, con toda...
Seis meses después de que PSOE y Junts per Catalunya pactaran la delegación integral de competencias en inmigración del Estado a la Generalitat, la iniciativa sigue siendo, por ahora, una quimera. No solo por la falta de los votos necesarios para la aprobación del traspaso —como quedará en evidencia, con toda probabilidad, en el debate de este martes en el Congreso—, sino también porque la Administración autonómica está lejos de encontrarse en disposición de asumirlas. Con unas competencias ahora muy acotadas (la primera acogida a los extranjeros o el desarrollo de políticas sociales, entre otros), la Generalitat necesitaría una ampliación generosa del número de funcionarios y la aprobación de modificaciones normativas. Un esfuerzo que, coinciden las fuentes consultadas, precisa de voluntad política, dinero y tiempo.
El pacto, que se fraguó en marzo y fue una de las exigencias del partido de Carles Puigdemont al Gobierno de Pedro Sánchez, contempla la delegación de competencias hasta ahora exclusivas del Estado. Entre otras, la tramitación de las autorizaciones de residencia, la expedición del NIE, la gestión de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) o la participación de los Mossos d’Esquadra en el control de fronteras. Mandos de la policía autonómica ya advirtieron, cuando se conoció públicamente el acuerdo, que el traspaso en materia de extranjería requeriría de un aumento significativo de la plantilla y que la transición sería, cuanto menos, compleja.
El anuncio también cogió con el pie cambiado a la Generalitat, que desde entonces, y ante la posibilidad de que se llevara adelante, ha intentado ponerse al día. “El Gobierno está trabajando por si vienen esas competencias. Nos hemos reunido para analizar los cambios normativos que serían necesarios, la volumetría de la gestión y la gobernanza”, explican a este diario fuentes del Departamento de Asuntos Sociales, del que depende ahora la dirección general de Migraciones y Refugio, encabezada por David Moya.
Pese a que no gobierna la Generalitat, Junts reclama las competencias en inmigración, en parte, para frenar a Aliança Catalana, el partido ultra e independentista que ha puesto en la diana a los extranjeros y que va lanzado en las encuestas, a menudo a costa de los herederos de Convergència. El Congreso va a ser el escaparate, este martes, para que Junts plantee su visión sobre la gestión de la inmigración. La oposición de Podemos, entre otros, indica que la proposición de ley que se tomará en consideración no saldrá adelante. Pero, incluso si en el futuro se logra una mayoría política, la delegación de competencias estaría lejos de convertirse en una realidad inmediata, advierten fuentes del Govern y expertos en materia de extranjería consultados por este diario.
Una de las principales labores que ahora asume la Generalitat es la emisión de los llamados informes de arraigo, fundamentales para que los extranjeros puedan obtener, del Estado, permisos de residencia y trabajo. A principios de este año, el Govern admitió que tenía sobre la mesa más de 7.000 expedientes por resolver y que impulsaría un “plan de choque” para vaciar el papel acumulado. Los expertos consultados se preguntan cómo pueden reclamarse nuevas competencias, en teoría, para gestionarlas mejor, mientras no se es capaz de cumplir, con diligencia, con las que ya se asumen.
“Habría un problema evidente de personal, tanto si nos transfieren gente [de la Oficina de Extranjería] como si hay que crear nuevas plazas”, conceden fuentes de la Administración, que citan el caso de la Agencia Tributaria, donde la Generalitat está topando con problemas para reclutar a trabajadores de Hacienda.
El Estatut de Cataluña fijó el marco de las competencias en inmigración de la Generalitat, que dieron un salto importante de la mano de Oriol Amorós, que fue secretario de Inmigración entre 2006 y 2010, durante el tripartito de izquierdas. Bajo su mandato se aprobó la ley de acogida a personas inmigradas que contemplaba, entre otras cosas, la creación de una Agencia de Migraciones de Cataluña. Este organismo, pensado para “ejecutar y gestionar las políticas migratorias”, tiene existencia jurídica, pero está vacío de contenido (no tiene personal ni dirección ni funciones) porque los gobiernos no llegaron a desarrollarlo. Fuentes consultadas por este diario consideran que esa “caja vacía” podría ser, en el futuro, una buena herramienta para activar una eventual delegación de competencias.
Amorós, ahora en el sector privado, admite que ningún traspaso “es fácil”, pero pone el acento en la “voluntad política”. “La percepción del migrante es que trata con el Estado para las políticas duras y con la Generalitat para las políticas blandas”, señala el excargo del Govern, quien advierte de que la delegación tiene que servir para que la burocracia funcione mejor. “Hay una parte importante de los derechos que tienen que ver con trámites administrativos”.
Quim Claveguera, también excargo de la Generalitat y ahora responsable de la comisión de Extranjería del Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB), coincide en que el objetivo ha de ser una gestión más eficaz. Admite, sin embargo, las dificultades del traspaso. “Es evidente que de un día para otro y con los recursos actuales, no es algo que la Generalitat pueda asumir”. Claveguera asume que hay retrasos en los informes de arraigo, pero que otros servicios de la Generalitat, como la tramitación de los permisos iniciales de trabajo, ”a día de hoy funcionan". El abogado vaticina que, si se crean plazas de funcionarios propios, “habrá más estabilidad en la plantilla” y, por tanto, una reducción de los tiempos de espera. “El reto es demostrar que se puede hacer mejor”.
A eso aspiran, también, los afectados, sea cual sea la Administración que les brinde el servicio. “No sé si con la Generalitat esto mejoraría, porque ahora hay mucha lentitud. Tienen que poner más personal, porque los trámites perjudican a las personas que quieren viajar, trabajar... Para la aacogida está imposible para coger cita”, afirma Anabel Intrialgo, de la Asociación de Ecuatorianos de Cataluña. Intrialgo lamenta que se hable del asunto sin escuchar la voz de las entidades. “Nos sentimos un poco utilizados, no nos tienen en cuenta en los órganos donde se toman decisiones”.