La renuncia de Aragonès a su sueldo reabre el debate sobre las prebendas de los expresidentes de la Generalitat

Una de las leyes de la termodinámica política es que los debates no desaparecen, se transforman. Muestra de ello es la discusión sobre las prebendas a los expresidentes de la Generalitat, a cuenta de la renuncia de Pere Aragonès, ayer martes, a la asignación económica aún pendiente por cobrar. Mucho ha llovido desde que en abril de 2003 el Parlament aprobara el estatuto de los exjefes del Govern y es ese cambio de escenario el que defiende el grupo mayoritario de la Cámara, el del PSC, para abrirse a negociar alguna reforma. El adelanto electoral del año pasado dejó en la cuneta su propuesta de una revisión de ese sistema de beneficios, especialmente los de los presidentes del Parlament.

“De la política institucional se debe poder —y querer— salir. Lo he defendido siempre. Es fundamental saber cerrar bien las etapas para continuar siendo útil: ni aferrarse a los cargos, ni convertirlos meramente en un medio de subsistencia ni tampoco acabar reducido a una figura de vitrina”, aseguró Aragonès en el comunicado en que explicó su renuncia al sueldo, equivalente al 80% de los 132.000 euros brutos anuales que devengaba como president. El republicano, fuera del cargo hace 13 meses, solo ha cobrado un año de esa asignación, de los cuatro a los que tiene derecho. La ley, además, le permite tener una oficina que sí mantendrá (sus gastos fueron de 18.000 euros por cuatro meses) y una pensión vitalicia cuando le llegue el momento de jubilarse, equivalente al 60% del sueldo como jefe de Govern y que ascenderá a unos 90.000 euros. Esta última, además, pasa a la viuda o viudo y a los descendientes menores de edad, si los hubiera.

Tras su puesta en marcha, con el pujolismo avistando el fin y en un contexto político de líderes veteranos y legislaturas estables, el estatuto de los expresidentes no ha sufrido grandes cambios. La carpeta se había puesto sobre la mesa a raíz de la enfermedad de Pasqual Maragall y, posteriormente, también estuvo en el tintero cuando la condena por prevaricación e inhabilitación de Laura Borràs como presidenta del legislativo catalán abrió el interrogante sobre si era merecedora o no de las prerrogativas.

La decisión de Aragonès, que accedió al cargo solo con 40 años de edad, vuelve a centrar el debate en la perspectiva vital y de cambio social de una figura a la que, como ocurre en los Estados europeos, se le quiere dar relevancia política una vez acaba su mandato. Cataluña suma cinco presidentes en los últimos 15 años (Artur Mas, Carles Puigdemont, Quim Torra, Pere Aragonès y Salvador Illa), frente a los tres (Jordi Pujol, Pasqual Maragall y José Montilla) que alcanzaron la Generalitat en los 30 años anteriores. Los presidentes de la Cámara han sido 15, aunque en dos casos no han tenido derecho a las prebendas.

La decisión de Aragonès ha reabierto el debate y desempolva una iniciativa del PSC que si bien estaba orientada solo a los presidentes de la Cámara, los Comunes y ERC quisieron en su día extender también a la jefatura del Govern. “La ley se aprobó en otra época y el contexto actual es distinto”, ha defendido este martes la portavoz del PSC en la Cámara, Elena Díaz. “Tenemos que agradecer el gesto del president Aragonès. Siempre está a la altura de lo que se debe hacer”, ha celebrado desde las filas de ERC, Ester Capella.

La confesión del fraude fiscal de Pujol fue el primer punto que abrió el debate sobre las prerrogativas y faltas que pusieran en tela de juicio a la figura que se quería proteger material y protocolariamente. En 2019, el Govern de Quim Torra dio el paso para retocar la norma y dar cabida a la situación de Maragall: ante su mal de Alzheimer avanzado, reconvertir su oficina en una ayuda para garantizarle una vida digna. Además, la tensión en las arcas públicas se ha multiplicado a medida que la lista de expresidentes se ha engrosado. Hasta 2023, la Generalitat había gastado 53 millones de euros en ello, de los que 9,1 millones corresponden a sueldos directos como pensiones si se miran tanto a los líderes del Govern como a los de la Cámara.

La explosión del caso Borràs sirvió entonces para reabrir una discusión donde también han planeado el sistema de incompatibilidades e incumplimientos. Montilla, por ejemplo, no cobró parte de su sueldo por ser senador de designación autonómica entre 2012 y 2018 y ahora no recibe la pensión vitalicia por forma parte del consejo de administración de la empresa Enagás. A Puigdemont se le ha sufragado la oficina pero no el equipo de seguridad que le corresponde. El mantenimiento de las ayudas a las viudas, por ejemplo, también genera dudas.

De entrada, CUP y Vox piden reclamar la supresión de la retribución. “No tiene sentido que exista una forma como la actual. Los políticos no deberíamos estar por encima de la gente de la calle; ni deberíamos cobrar cuatro o cinco veces más. Esto sería la mejor medida para parar la extrema derecha”, concluyó Laure Vega. En el PSC, por su parte, no concretan una propuesta, pero su portavoz abrió la puerta a limitar los importes o la duración de las retribuciones.

El PP también se mostró partidario de “revisar” las retribuciones porque, entiende Juan Fernández, portavoz de los populares, “el coste del cuerpo político del Govern es el más alto de España“. Comuns puso el foco en aquellos casos de los beneficiarios. ”No deben recibir prestaciones aquellas personas condenadas por casos de corrupción, como vivimos en la presidencia del Parlament”, defendió David Cid, en referencia a Borràs.