El Govern capea la financiación pero se la juega con la gestión cotidiana de Cataluña

No es época de ir dando bandazos sino de enfocarse en la “centralidad”, pregona el presidente de Cataluña Salvador Illa. Tras haberse aferrado al concepto “normalidad” durante su primer año al frente de la Generalitat, con la intención de dejar claro que los arrebatos del procés son agua pasada, el president busca enfatizar la idea de que el suyo es un Govern que ...

No es época de ir dando bandazos sino de enfocarse en la “centralidad”, pregona el presidente de Cataluña Salvador Illa. Tras haberse aferrado al concepto “normalidad” durante su primer año al frente de la Generalitat, con la intención de dejar claro que los arrebatos del procés son agua pasada, el president busca enfatizar la idea de que el suyo es un Govern que prioriza la eficacia y que se centra “en aquello que es realmente importante”, según dijo en su discurso de la Diada.

Cataluña vive pendiente de si se concreta un nuevo modelo de financiación que de más poderes a la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) y que vele por el respeto al principio de ordinalidad, ese que marca el equilibrio entre dinero recaudado y disfrutado y que tendría que hacer posible que Cataluña deje de ser la tercera comunidad española con mayor contribución por habitante a la hucha de Hacienda, y la décima en recursos cuando se hace el reparto entre todas las comunidades autónomas. Pero, el plato de la financiación vaticina una cocción lenta, y el arranque el curso político llega con hambre voraz de despachar una serie de carpetas que están encima de la mesa del Govern y que, de su desbloqueo o no, va a depender la solidez del mandato de Salvador Illa.

La onda expansiva de lo que acontezca en Cataluña tiene capacidad para impactar, también, en la estabilidad de la legislatura española. No solo porque el Gobierno fía sus avances al apoyo que encuentre en las muletas catalanas de ERC y de Junts, sino porque Illa es de los escasos pilares territoriales amigos con que puede contar Pedro Sánchez.

Vivienda “un reto de país”

La vivienda es una de las prioridades del Gobierno de Salvador Illa, que ve en los problemas de acceso una fuente de desigualdad, “un reto de país”. Por ello en su primer debate de política general lanzó un plan para sumar 50.000 pisos de alquiler al parque público hasta 2030. Un objetivo muy ambicioso, con una inversión de 4.400 millones de euros en cuatro años, que pasa por una batería de actuaciones: construirlos en suelos municipales y garantizando su viabilidad a los promotores, comprar grandes paquetes de vivienda de alquiler en manos de fondos o entidades, cerrar viviendas turísticas, o soluciones más quirúrgicas, pero pioneras. Es el caso de la renta de emancipación, un préstamo a interés cero para menores de 35 años que compren una vivienda de hasta 50.000 euros: no tendrán que pagarlo hasta que finalicen la hipoteca, pero a cambio su piso quedará calificado como protegido. El sector alerta de la complejidad de llevar a cabo las magnitudes previstas, por la lentitud de los trámites o las condiciones que puedan poner los Ayuntamientos, que por ahora han respondido masivamente al llamamiento para ceder solares. Illa también entiende que “parte de la solución” es la promoción privada, porque el déficit estimado es de 150.000 pisos, y la regulación de un mercado que había enloquecido, en cuestiones como el tope de precios. Pero más allá de cifras, el verdadero reto es que la situación mejore, que la vivienda deje de ser el problema en mayúsculas, para las clases populares, pero también las medias.

Educación, un examen duro

La carpeta educativa será para Illa, como lo fue para todos los Ejecutivos anteriores, un quebradero de cabeza, especialmente en un momento con los resultados académicos en caída libre y cuando el nuevo informe PISA llegará en la parte final de la legislatura. El Govern ha tirado de programas diseñados durante la era Aragonès, esperando a las soluciones que proponga la OCDE, pero que no serán de aplicación inmediata y sus frutos, todavía tardarán más.

Con el catalán en las aulas en el punto de mira judicial, otro gran reto del Departamento de Educación es la atención a los alumnos más vulnerables. Este curso, uno de cada tres estudiantes necesita atención especial, sea porque presenta un trastorno o discapacidad, o por una situación de vulnerabilidad social. Pero los recursos no dan respuesta a la demanda. La propia consejera, Esther Niubó, admitía hace unos días que la llamada escuela inclusiva no cuenta con los recursos que serían necesario. Y, mientras, los sindicatos denuncian un recorte de 130 integradores y educadores sociales este curso. Educación contaba con un programa financiado con fondos europeos que llegaba a 438 profesionales, que ha finalizado. Para compensar, el Departamento iniciará uno nuevo, con 300 contrataciones, que deberían incorporarse ya a las aulas.

Y todo ello, intentando sortear las protestas sindicales, que se esperan que aumenten a medida que se acerquen las elecciones sectoriales, previstas para 2027.

La paciencia al límite en el sistema sanitario

Uno de los grandes frentes abiertos en sanidad son las trabas en el acceso al sistema de salud. La percepción social de que es difícil contactar con el médico de cabecera o lograr cita hospitalaria, está avalada por los datos: la espera media para ver al especialista, por ejemplo, ronda los cuatro meses (un 12% más que el año pasado). Dice

Xavier Lleonart, secretario general de Metges de Catalunya, que el gran desafío para el Govern “es pasar de una sanidad de seis millones a una de 10”. “Si juntas un sistema sanitario dimensionado para los años noventa con una generación de profesionales sanitarios [los que sustituirán a la generación boomer], que pone límites a su vinculación con el sistema sanitario más allá de su jornada laboral, tienes una bomba de relojería. Por eso la accesibilidad es peor y las listas de espera, mayores”.

Dijo hace unos meses la consejera de Salud, Olga Pané, que no iba a haber recortes, pero sí habría cambios en pro de la eficiencia. Algunas reformas están en marcha, como el plan piloto que arrancó en julio en 27 centros de atención primaria para mejorar la accesibilidad reorganizando las cargas de trabajo (el administrativo tendrá más relevancia). Antoni Sisó, presidente de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitaria, sostiene que hay “expectativas” entre los profesionales con esos cambios, pero habrá que ver, cuando se evalúe dentro de un año, si esta reforma logra mejoras. “Ahora estamos en un momento de impasse”, conviene.

Inseguridad ciudadana y la sombra de Torre Pacheco

Los principales desafíos a los que debe hacer frente el Departamento de Interior giran alrededor de la conflictividad social y el crimen organizado. Los Mossos d’Esquadra temen que se produzca un “Torre Pacheco” en Cataluña y para evitarlo han puesto en marcha un plan donde cruzan índices socioeconómicos de barrios conflictivos con datos delincuenciales. La intención, según explican fuentes policiales, es avanzarse y atajar cualquier detonante que pueda escalar de manera violenta. Asimismo, ante un panorama en el que crece la desafección, estudian e intervienen en movimientos que puedan aglutinar ese descontento a través de grupos vinculados a la delincuencia, como pasó con las bandas latinas, que los Mossos analizan. Todo, en un panorama de creciente conflictividad social, con un incremento notable de armas blancas y de fuego en las calles. En el tráfico de drogas, la marihuana permanece como la principal amenaza en Cataluña. El asentamiento de estructuras criminales tiene diversos efectos colaterales. Desde la faceta más social, con el cultivo generalizado en barrios deprimidos, donde se crea una estructura económica paralela a la legal. A la vinculada con el crimen organizado, con grandes grupos asentados en Cataluña. Asimismo, más personas se arman con pistolas y escopetas e incluso armas de guerra (20 intervenidas en 2024) para defender las plantaciones. Para abordar la situación, fuentes policiales insisten en que es necesario una mayor implicación de las policías locales, así como elevar la exigencia en la lucha contra el crimen organizado.

Agua y desaladoras pendientes

Illa fue investigo en agosto de 2024, cuando Cataluña seguía sufriendo la peor sequía (ya superada) del último siglo. Uno de los compromisos del Ejecutivo fue acelerar las inversiones que durante una década se quedaron en el cajón tras el endeudamiento que asumió la Agencia Catalana del Agua para afrontar la anterior gran sequía (2007-2008). Los resultados del examen hídrico al Govern para hacer de Cataluña un territorio más resiliente y “dejar de depender de las lluvias” ante futuras sequías serán tangibles precisamente a final de legislatura. Será entonces cuando se deberían haber dejado ya encarriladas las construcciones de las desaladoras del Foix (290 millones de euros) y la Tordera II (223 millones). La Generalitat confía en no acumular más retrasos y que ambas estén listas en 2029, pero la realidad es que a día de hoy las dos obras siguen pendientes de licitación. Para tratar de desencallarlas, la consejera de Transición Ecológica, Sílvia Paneque, se reunió el día 3 en Madrid con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán. Paneque anunció un acuerdo para que la tramitación de ambas (paso previo para la licitación) en el Consejo de Ministros sea conjunta. Otra tarea será definir la ubicación de una tercera nueva desaladora, en la Costa Brava, que Paneque anunció nada más llegar a Palau.

Con información de Clara Blanchar, Ivanna Vallespín, Jessica Mouzo, Rebeca Carranco y Carlos Garfella