Cataluña destina 200 millones de euros al año en ayudas a inquilinos para pagar el alquiler

La Agencia de la Vivienda de la Generalitat de Cataluña abre este lunes 10 de marzo la convocatoria anual de ayudas al pago del alquiler para personas a partir de 36 años, que oscilan entre 20 y 200 euros al mes. La convocatoria específica para jóvenes se abrirá próximamente. Unas ayudas en las que el año pasado la administración gastó 186 millones de euros. Sumadas las prestaciones de urgencia para pagar vivienda y las que recibieron inqui...

La Agencia de la Vivienda de la Generalitat de Cataluña abre este lunes 10 de marzo la convocatoria anual de ayudas al pago del alquiler para personas a partir de 36 años, que oscilan entre 20 y 200 euros al mes. La convocatoria específica para jóvenes se abrirá próximamente. Unas ayudas en las que el año pasado la administración gastó 186 millones de euros. Sumadas las prestaciones de urgencia para pagar vivienda y las que recibieron inquilinos del parque público, alcanzaron casi los 200 millones de euros (197,8 millones) y 95.000 ayudas. En plena crisis de vivienda, tanto el gasto como el número de beneficiarios no paran de crecer: hace cinco años fueron 110 millones de euros y 62.000 ayudas. “Nacieron como algo coyuntural y se han convertido en estructurales”, admite el director de la Agencia, Miquel Bagudanch. En 2010, dos años después del estallido de la burbuja inmobiliaria e hipotecaria, el gasto apenas superó los 70 millones. Y cuando se creó en 2005, el gasto fue de 3,3 millones, según los informes anuales oficiales. Bagudanch también precisa que una parte (menos de un 25%) de estas subvenciones las paga el Estado con una cantidad que reciben todas las comunidades.

La consejera de Territorio y Vivienda, Sílvia Paneque, señaló hace unos días que estas ayudas “están destinadas a personas que no están en riesgo inminente de exclusión pero que necesitan una ayuda para seguir residiendo en la vivienda donde viven”. Una herramienta, considera, preventiva de la exclusión residencial. La dotación presupuestaria inicial para 2025 es de 39 millones de euros, muy lejos del total que acabará costando y que se suele cubrir con la aprobación de presupuestos o recurriendo a suplementos de crédito: “Nadie de las personas que cumplían los requisitos se quedó fuera”, añade Bagudanch.

Las ayudas están limitadas a importes máximos del coste del alquiler, que oscilan entre 900 euros mensuales en Barcelona (donde el alquiler medio es muy superior, 1.133 euros) y su entorno metropolitano, y los 600 euros de las demarcaciones de Lleida o Terres de l’Ebre. Los beneficiarios de la ayuda, los servicios sociales o entidades como Cáritas valoran la ayuda, pero lamentan que se comience a cobrar tarde (a partir de septiembre del año en curso, retroactivamente) y que choque con otros ingresos, como la Renta Garantizada, o que penalice en la declaración de la renta, porque para Hacienda es un ingreso que tributa.

Esta ayuda me salva la vida y me ahorra muchas noches de no dormir, pero sería mejor si lo dieran cada mes”

“Para mi esta ayuda es superimportante para no acabar en la calle, me salva la vida y me ahorra muchas noches de no dormir”, asegura Bárbara, de 50 años, madre monomarental, sin red familiar en Barcelona, con un perfil laboral cualificado pero un empleo precario y temporal, y vecina de Ciutat Vella. Hace tres años que recibe la ayuda, para pagar el piso “viejo pero que está bien, 780 euros, que para ser Barcelona es un milagro”. Tiene dos peros sobre el ingreso: el hecho de que se pague tarde, a partir de octubre del año que se solicita, y no mes a mes, sino en ingresos agrupados de hasta mil euros. “Sería mejor si lo pudieran dar más organizado, cada mes. Y también que no te contara como ingreso en la declaración de la renta, porque al pagarlo agrupado en varios pagos anuales, parece que ese mes hayas cobrado mucho”, apunta.

Pau (nombre falso), de 34 años, ha pedido tres años la ayuda y las dos primeras no se la concedieron. “Los trámites son muy farragosos y siempre falta algo, parece hecho para que desistas”, dice. Y cuenta que, la segunda vez, se la denegaron por una situación surrealista: “Me decían que no había respondido a un requerimiento que nunca recibí”. También ha constatado que “las bases de datos de las administraciones no se hablan y es fácil cometer fraude”. Como novato, a Pau le da miedo tener un susto a la hora de hacer la declaración del IRPF, por lo que ha ahorrado parte de los cuatro ingresos que ha recibido entre octubre de 2024 y febrero de 2025, pero correspondientes al año pasado. “No sé si me penalizará. Valoro la ayuda, claro está, pero con la movida que es pedirla y justificar los recibos, espero que me salga a cuenta”. El director de la Agencia de Vivienda confirma que Hacienda considera las ayudas un ingreso tributario, como otras subvenciones. Una cuestión que suscita debate, pero que requeriría un cambio jurídico, apunta.

Acostumbrada a avisar a las familias a las que atiende de las convocatorias de la ayuda, la trabajadora social y delegada sindical de la CGT Vanesa Sáez comienza con un cuestionamiento: “Si la vivienda fuera un derecho real, y no hubiera la precariedad que vemos, nadie debería necesitar ayudas pagadas con recursos públicos, transfiriendo dinero de todos a manos privadas”. Dicho esto, explica que muchas familias que necesitan la ayuda esperan recibirla cada mes y no saben que tardarán meses: “Hay gente muy apurada, nuestros usuarios tienen unas vidas muy precarizadas y no tienen capacidad de ahorrar, porque cuando no es un ajo es una cebolla, la angustia de no tener la ayuda es grande”. Además de la cuestión de Hacienda, también explica que hay casos en los que se ha retirado la Renta Garantizada a una familia por los ingresos extra, lo que se llama “un cobro indebido”, que supone la ayuda al alquiler.

Lo corrobora desde Càritas Barcelona Sònia Lacalle, responsable de la Asesoría Jurídica Social. “Es una locura que la ayuda al alquiler sea incompatible con la Renta Garantizada, no se entiende que pueda ser complementario”. “Cuando una familia tiene ‘ingresos indebidos’ los tiene que devolver, y si no los devuelves, no tienes derecho a ninguna otra ayuda, hay personas que llegan a deber 18.000 euros que no podrán devolver porque van al día, por un error que es de la administración, aunque ahora está en debate si se modifica”. Lacalle también cree que las convocatorias “deberían estar vivas todo el año” y lamenta el papeleo necesario: “Mucha gente se queda por el camino por la documentación que hay que presentar, pese a cumplir los requisitos”.

Hace unos años, cuenta, Càritas acompañó a sus usuarios en el proceso de solicitud y las ayudas se concedieron en el 84% de los casos. También fue Càritas quien presionó pera que se reconociera la ayuda a las personas que viven realquiladas en habitaciones, un fenómeno al alza. La organización estima que 50.000 personas viven en habitaciones y Lacalle cree que prácticamente nadie puede pedir la ayuda, porque no figuran en el contrato de alquiler. Como tampoco pueden acceder los inquilinos que no estén al corriente de pago: “En Barcelona una familia que vive en un piso que cuesta menos de 900 euros difícilmente estará siempre al corriente de pago”, advierte Lacalle. Y otro palo en las ruedas: que el cobro tiene que estar domiciliado. “Hay familias a las que acompañamos que no tienen una cuenta”, por lo que otra guerra de las trabajadoras sociales es presionar a los bancos para que les abran cuentas de pago básico, que están obligadas a hacer por ley.