Cataluña acumula un déficit de 10.000 viviendas anuales en la última década

“Pese a que la producción de viviendas ha aumentado un 8,2% en 2024, estos registros están lejos de cubrir la necesidad real de los ciudadanos”. Así ha reflejado el presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de Edificios de Cataluña (APCE), Xavier Vilajoana, el problema de la vivienda en Cataluña. Los datos son fruto del Estudio de la Oferta de Vivienda de Nueva Construcción en Cataluña 2024, realizado por la misma asociación. Según el Plan Territorial Sectorial, el número de viviendas necesarias anuales es de 25.000, una cifra de la que Cataluña se encuentra “muy por debajo” según Vilajoana. El presidente de la entidad también ha incidido en la necesidad de que el sector público “se ponga las pilas” para poder alcanzar estos objetivos.

El informe presentado esta mañana por la APCE destaca que en 2024 se ha iniciado la producción de 15.604 viviendas, y que se han terminado un total de 13.210. Este incremento general en Cataluña no aplica en la ciudad de Barcelona, donde se ha empezado la construcción de un 10,8% menos respecto en 2023 (1.151 unidades). Esto se explica por la salida de promotores privados que han dado la espalda a la ciudad debido a la normativa local que obliga a reservar un 30% de pisos protegidos en todas las promociones. En cuanto a viviendas terminadas, los datos son favorables para Barcelona respecto al resto del territorio, ya que en 2024 se han completado 10.243 unidades. El precio del metro cuadrado útil, ha aumentado en un 4,1% en el conjunto del territorio, hasta los 4.678 euros. Si se fija la vista en Barcelona estos números se elevan hasta los 7.798 euros por metro cuadrado útil, algo que según Vilajoana va muy ligado al “aumento de costes y la poca oferta disponible”. En ese sentido, ha señalado que la bajada en la producción de nuevas viviendas hace disminuir la “oferta disponible”, y que es necesario “intentar equilibrar esta relación entre oferta y demanda” para mejorar el acceso a la vivienda. Para ello, ha cargado contra la administración pública: “el 25% del coste de cualquier tipo de vivienda son impuestos, si la administración quiere facilitar el acceso a la vivienda, ellos mismos tienen la solución”.

El informe identifica cuatro factores que impactan negativamente en la oferta de Vivienda en Cataluña: la falta de suelo para construir, la “inseguridad jurídica”, la falta de políticas de vivienda realmente efectivas, y la “lentitud administrativa”. Es por eso que Vilajoana ha destacado que “en Cataluña tenemos actuaciones urbanísticas que llevan años paradas debido a la ineficiencia de la administración pública”. Siguiendo en esa línea, el presidente de la asociación se ha referido también al reciente caso de la Casa Orsola, el edificio modernista comprado por el Ayuntamiento de Barcelona para evitar la expulsión de los inquilinos: “no entiendo esta batalla entre arrendadores y arrendatarios, ya que la Constitución defiende el derecho a la propiedad y a la vivienda por igual, y ninguno está por encima del otro”. En cuanto a la adquisición de la propiedad por parte del ayuntamiento de Barcelona, anunciada el pasado viernes, ha dejado en el aire la siguiente cuestión: “¿cuántas viviendas de protección oficial se podrían construir con el dinero que se ha destinado a la compra de Casa Orsola?”, dejando a juicio de cada uno si se trata de una “decisión pertinente o no”, dada la situación general de la vivienda en Barcelona. La compra costó 9,3 millones. También se ha referido al plan de las 50.000 viviendas que el Gobierno catalán se ha comprometido a construir hasta 2030. Ha reclamado al presidente Salvador Illa que concrete un presupuesto para ello que la entidad que representa “aún no ha visto”.

Sumado a todo lo anterior, la asociación ha defendido que los datos expuestos reflejan que la medida del 30% en Barcelona “no funciona”, ya que desde su aprobación en 2018, “solo hay 26 Viviendas de Protección Oficial (VPO) acabadas o en obras”. Respecto a esto, Vilajoana ha reiterado que el sector promotor privado “sigue siendo el principal constructor de VPO en Cataluña”, con un 60′4% del total registrado”.