La Generalitat compra 743 pisos de un fondo de inversión para destinarlos a alquiler social

Asegurar el derecho a la vivienda es una de las prioridades del gobierno socialista de Salvador Illa y, para ello, el president anunció en octubre un plan para construir 50.000 hogares públicos hasta 2030. La consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, ha anunciado este miércoles, en esa línea, que...

Asegurar el derecho a la vivienda es una de las prioridades del gobierno socialista de Salvador Illa y, para ello, el president anunció en octubre un plan para construir 50.000 hogares públicos hasta 2030. La consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, ha anunciado este miércoles, en esa línea, que la Generalitat ha comprado 743 pisos al fondo Divarian, la operación “más grande hecha nunca mediante el derecho de tanteo y retracto”, que permite a la Generalitat adquirir estos inmuebles de forma preferente. Paneque ha justificado esta operación afirmando que, gracias al ejercicio de este derecho, “se evita que la propiedad pase a la venta al mercado libre”, y se garantiza “la continuidad de los contratos de las familias vulnerables que habitan estos pisos”. La operación supone una inversión de 72 millones de euros.

La medida persigue varios objetivos. Uno de ellos es ampliar el parque público de vivienda de Cataluña que, según ha afirmado la consejera, es del 1,7% y se quiere ampliar hasta el 15%. También, se busca proteger a los inquilinos, los cuales forman parte del programa Reallotgem de la Agencia de la Vivienda de Cataluña, tras haber perdido en el pasado su casa por vía de una ejecución hipotecaria. Hasta ahora, este programa se encargaba de aportar la diferencia de alquiler que no podían asumir las familias y que suponía una factura de 6 millones de euros anuales para la administración catalana. Ahora, las familias de estos pisos pagarán un alquiler “acorde a sus ingresos” y la Generalitat “se ahorrará los seis millones de euros del programa Reallotgem”.

El programa Reallotgem se encarga de captar pisos habitables del mercado privado y facilitar la vivienda a familias vulnerables que “han pasado por procesos de desahucio y ejecución hipotecaría”. En total, cuenta con unas 1400 familias, por lo que con la compra de estos inmuebles se garantiza a más de la mitad de ellas que “puedan seguir viviendo allí”. Los pisos adquiridos están repartidos por todo el territorio catalán y pertenecen al fondo Divarian, una sociedad conjunta de negocio inmobiliario que pertenece en un 20% a Cerberus, después que el fondo de inversión adquiriera este porcentaje a su socio BBVA en octubre de 2021. La compra de estos pisos por parte de la Generalitat llega en un contexto en que los grandes fondos están saliendo de Cataluña con la venta de centenares de viviendas por el tope al alquiler. Algunos de ellos son Blackstone, Vivenio y Cerberus, que deciden desprenderse de ellas en cuando acaban los contratos de arrendamiento.

Paneque, ha recalcado que los pisos, que beneficiarán “aproximadamente a 1.500 personas”, se encuentran repartidos por todo el territorio catalán, distribuyéndose de la siguiente manera: Barcelona (487 viviendas), Camp de Tarragona (55 viviendas), Cataluña Central (43 viviendas), Girona (54 viviendas), Lleida (59 viviendas), Penedès (34 viviendas), Terres de l’Ebre (6 viviendas) y Alt Pirineu y Aran (5 viviendas).

La operación implica una inversión de 72 millones de euros, a razón de una media de casi 100.000 euros por inmueble, y sigue la línea de la reciente compra de 452 viviendas sociales a Inmocaixa, confirmada por el president Illa el pasado noviembre. En ese caso se desembolsaron 30,5 millones de euros y, pese a que el cierre de la operación data del mandato socialista, esta se anunció el pasado 1 de agosto por el anterior Govern. Paneque no cierra la puerta a la posibilidad que la Generalitat lleve a cabo otras operaciones, como la que ha realizado con el fondo Divarian. El hecho de estar en prórroga presupuestaria, ha dicho, puede complicar obtener los recursos necesarios.

El Govern defiende la necesidad de ampliar el parque público de Cataluña, con el objetivo de combatir la “vulneración de derechos” que supone para la población catalana tener que aportar “más del 30% de sus ingresos para la vivienda”.

Salvador Illa anunció en octubre en el debate de política general en el Parlament una inversión de 4.400 millones de euros en los próximos cuatro años para hacer frente a la emergencia habitacional en Cataluña. Con esa decisión, el president puso cifras a los pactos de investidura que alcanzó con los comunes y Esquerra para crear 50.000 pisos de protección oficial hasta 2030.

La patronal de los promotores y constructores de Cataluña (APCE), a través de su presidente Xavier Vilajoana, ha alertado de que no hay suelo ni financiación suficiente para llevar a cabo al ritmo previsto la construcción de viviendas comprometida por Illa. Un estudio de la cátedra APCE-Universitat Pompeu Fabra sobre la evolución de la vivienda de protección oficial (VPO) en Cataluña en los últimos 20 años señala que hay mucho camino por recuperar: “Venimos de una década en la que Cataluña ha producido 1.200 pisos sociales al año y queremos llegar a 7.000″, se destaca.

Al alcanzar el Govern de la Generalitat el pasado verano, el PSC fijó que la problemática de acceso a la vivienda debía ser una de las prioridades de su hoja de ruta. Una inquietud que casa con los intereses de los Comuns, socios de los socialistas para propiciar la investidura de Illa. Hace dos semanas, ambas formaciones cerraron los detalles del régimen sancionador para quienes no cumplan con la regulación de los precios del alquiler o hagan un uso fraudulento del alquiler de temporada (utilizando esta fórmula precisamente para esquivar el límite de precio). Las multas se incluirán en la Ley del Derecho a la Vivienda de 2007 y en el Código de Consumo de Cataluña y tendrán cuantías que pueden llegar hasta 900.000 euros y, en casos excepcionales, de un millón de euros.