El Govern busca ajustar los alquileres pero rechaza una huelga en los pagos

El Govern toma nota del mensaje de la marcha a favor del derecho a la vivienda, celebrada el sábado en Barcelona, pero ve inviable que se lleve a cabo un huelga en el pago de alquileres, tal y como pretende forzar el Sindicat de Llogateres. El president Salvador Illa y la portavoz del Ejecutivo, la consejera Sílvia Paneque, apostaron ayer por mostrar empatía ante el problema pero el líder del Govern dijo que se abre a escuchar a todos los “actores” mientras pidió “realismo” en la búsqueda de soluciones.

“Ayer [por el sábado] vi la expresión de un malestar que viene de una situación de emergencia. La vivienda es el principal problema de los catalanes y uno de los retos que este Govern tiene que resolver”, aceptó la portavoz en RAC-1. Después, desde un acto en recuerdo de Ernest Lluch, en Girona, Illa aseguró que liderará un diálogo con la sociedad civil para intentar buscar soluciones.

Hace años que el precio de la vivienda es un problema para gran parte de los catalanes y los intentos legales para intentar frenar la subida de precios o bien han mostrado su ineficiencia o han chocado con el marco competencial. El precio medio de un alquiler en Barcelona supera los 1.130 euros, casi lo mismo que el salario mínimo. La primera gran manifestación incómoda que vive el Govern tras una larga acumulación de descontento, reunió el sábado a 22.000 personas en Barcelona, según cifras de la Guardia Urbana y 170.000 según el Sindicat de Llogateres. En la marcha, participaron miembros de ERC, comunes y la CUP pero no así del PSC.

Plan de legislatura

La plataforma en defensa del derecho a la vivienda ha subido el volumen de su reivindicación poniendo sobre la mesa una polémica propuesta: Invitar a la ciudadanía a que deje de pagar la renta (o una parte) como un acto masivo de desobediencia civil. Se trata de un tipo de huelga que en otros países sí tiene cobijo legal pero que en España carece de ese encaje. Ya la semana pasada la Asociación de Propietarios de Cataluña puso el grito en el cielo al considerar que esa convocatoria criminalizaba a los pequeños propietarios.

Paneque se desmarcó rotundamente de dar alas a que el impago se use como medida de protesta: “Este no es el camino del Govern. Aquí, claramente sí que le diría que no hay recorrido de negociación”, dijo. El president, por su parte, no se refirió a la huelga pero insistió en que nadie tiene “varitas mágicas” para solucionar una cuestión que, dijo, necesita ser abordada desde “el realismo”. “No hay ninguna otra comunidad que tenga un programa tan ambicioso en materia de vivienda”, aseguró.

La propuesta estrella en vivienda del Govern es, con la mira puesta en 2030, aumentar el parque de alquiler público en 50.000 pisos, con una inversión 4.400 millones de euros esta legislatura. La meta del Ejecutivo es que el aumento de la oferta, que permitiría que el 15% del parque de viviendas sea público, lleve a que las familias no tengan que destinar más del 30% de sus ingresos a pagar por un techo.

Con los Presupuestos de la Generalitat para 2025 en el aire —Illa ya ha asumido que no podrá tenerlos listos en enero— y con una negociación parlamentaria que se antoja llena de obstáculos, los socialistas no tienen todo el margen para empezar a ejecutar el plan. Medidas como el Fondo de Emancipación para compra de vivienda por parte de jóvenes o los cambios para agilizar las tramitaciones de obras en solares ya listos dependen de las cuentas. La incógnita de quién se impone en el Congreso de Esquerra tiene la negociación en el congelador. Los comunes, también socios necesarios para que los Presupuestos vean la luz, piden más fondos propios para la vivienda.

La manifestación quería hacer agitar la posibilidad de la huelga de alquileres pero de momento los convocantes tienen sobre la mesa cuatro peticiones: reducir un 50% el precio de los alquileres, que los contratos sean indefinidos, prohibir los pisos que no sean para vivir y mecanismos para que las viviendas de uso turístico o vacías vuelvan a la bolsa de alquiler tradicional. De cara a satisfacer algunas de estas demandas el Govern choca contra el muro legal. Cataluña aplica la regulación estatal de los precios del alquiler pero al carecer de régimen sancionador su alcance es aún más limitado.

Pese a todo, Cataluña adelanta al resto de ciudades del Estado en años de debate público sobre el acceso a la vivienda. Sin embargo, la irrupción de la problemática en la opinión pública nacional y las movilizaciones pasadas amplifican el significado de la del sábado. Pepe Álvarez, secretario general de UGT, defendió ayer en una entrevista en Nació, la necesidad de que el sindicato actúe fuera del marco de la empresa. “Hoy puedes hacer un convenio colectivo muy bueno, pero si los alquileres se comen el 70% o el 80% del sueldo no hemos hecho un buen negocio”, dijo.