El conflicto de unos vecinos con un estercolero ilegal del Penedès acaba en juicio

Un conflicto entre la propietaria de una masía y el dueño de un estercolero en un pequeño pueblo del Alt Penedès desemboca esta semana, después de 18 años de batallas administrativas, en un juicio penal en la Audiencia de Barcelona. La Fiscalía acusa al exalcalde de Castellví de la Marca (1.600 habitantes) Pere Pujol y a la arquitecta municipal, Cristina M., de prevaricación, tráfico de influencias y delito contra el medio ambiente. Los vecinos han llevado también al banquillo al director general de Urbanismo de la Generalitat, Agustí Serra, y al propietario del estercolero, Josep Bargalló, aunque la Fiscalía ha pedido en ambos casos el archivo de la causa al no apreciar indicios de delito.

Los hechos se remontan a 2007, cuando Lídia Campos, vecina de Cal Farines (Vilafranca del Penedès), llevó a los juzgados la construcción de dos granjas y un estercolero a menos de 100 metros de su casa. El exalcalde inició entonces un procedimiento para modificar el plan de ordenación urbanística municipal (POUM) con el propósito de “obtener la futura legalización del estercolero” y “anticiparse a las resoluciones judiciales que pudiesen obligar a su demolición y al desmantelamiento de una de las granjas”, según el escrito de acusación. En 2016, y después de hasta 16 sentencias distintas, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) confirmó la ilegalidad del estercolero y de una de las granjas, que sin embargo han seguido funcionando. Los vecinos denuncian al director general de Urbanismo por haber aprobado el plan urbanístico de 2013; lo hizo, sin embargo, a partir de informes favorables hechos por técnicos de otros departamentos y por unanimidad. La Fiscalía no comparte el criterio y ha solicitado el archivo de la causa respecto de Serra.

Además de la presunta prevaricación, los acusados también están señalados por delito medioambiental por la cantidad de sustancias contaminantes vertidas en los pozos colindantes a las viviendas. Un estudio encargado al hidrogeólogo Francisco Salinas reveló, en 2019m que los niveles de nitratos en las aguas multiplicaba hasta por seis el límite legal, que es de 50 miligramos por litro. “Queríamos establecer una relación de causa y efecto para demostrar que las granjas eran las responsables”, ha señalado Salinas.

Campos denuncia presiones de la administración por ser, como presidenta de la asociación de vecinos, la cara visible de la causa. Considera que la administración ha intentado intimidar y silenciar a las voces críticas. “La Generalitat ha aprovechado para presionarme, amenazando con derribar una construcción de mi propiedad e imponerme una multa de 114.000 euros”. La infracción que supuestamente comete Campos procede de unas obras de mejora en una edificación centenaria de su propiedad. Según la administración, esas obras afectan a un terreno de especial protección de la viña; Campos, sin embargo, recurrió a un historiador para acreditar que su vivienda es una masía y no un almacén. El procedimiento caducó. Campos ha intentado reabrirlo, pero ha paralizado las obras a la espera de una segunda licencia municipal. Campos denuncia además que dos denuncias de la Agencia Catalana del Agua (ACA) por 16.000 euros por destrozar un talud también fueron una forma de presionarla.