Una auditoría recoge que Toni Comín desvió 15.500 euros de una entidad independentista para gastos personales
El candidato a eurodiputado de Junts alega que realizó pagos de coches de alquiler y de un apartamento en concepto de representación del Consell de la República
Toni Comín sigue pendiente de poder ocupar su escaño de eurodiputado y, mientras, ha tenido que salir al paso de una nueva acusación por su supuesta gestión negligente de los fondos del Consell de la República, la entidad independentista que fundó Carles Puigdemont para ejercer una suerte de Generalitat paralela desde Bélgica. Una auditoría de la entidad desvela que Comín empleó 15.530 euros de los fondos del Consell para pagar gastos personales, tales como contratar un coche de alquiler, abonar tarifas de párking o arrendar un apartamento. En un comunicado, Comín niega que se trate de caprichos personales sino que corresponde a gastos de representación en viajes al sur de Francia por su condición de vicepresidente del órgano de gobierno del Consell de la República. “Son gastos del mismo carácter (idénticos) que los gastos de representación de los otros miembros del gobierno: costes de desplazamiento y alojamiento”, indica Comín, que reitera que “la responsabilidad” que implica su puesto en el Consell de la República “no está remunerada”.
La auditoría, adelantada este lunes por el digital El Món, apunta que el exconsejero de Salud de la Generalitat, que se marchó con Puigdemont a Bélgica en 2017 para no ser detenido, sacó cantidades de dinero en efectivo de hasta 6000 euros y usó fondos de la caja del Consell de la República para pagar multas de tráfico. La auditoría alude a “gastos no justificados” y apunta “posibles irregularidades”.
El Consell de la República ha informado que la información que afecta a su dirigente es “provisional” y que ha salido a la luz tras haber sufrido “un ataque informático, de una vulneración de la cuenta oficial de Instagram y de algún dispositivo privado, probablemente el del vicepresidente de la entidad, Toni Comín”. La entidad afirma que llevará el asunto ante “la policía y la justicia” porque “son actividades criminales graves”. Además, cuenta que los protagonistas de esta acción son “piratas, probablemente a sueldo de las cloacas del Estado” y que la información se ha hecho pública “de manera delictiva con la intención de dañar” a la entidad y a sus miembros.