El monstruo de las siete cabezas

El Tribunal Supremo acaba de tomar la insólita decisión de investigar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por posible revelación de secretos en la filtración de unos correos que el novio de Isabel Díaz Ayuso envió a la Fiscalía reconociendo dos delitos de fraude fiscal y proponiendo un acuerdo de conformidad. En realidad, se abre causa...

El Tribunal Supremo acaba de tomar la insólita decisión de investigar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por posible revelación de secretos en la filtración de unos correos que el novio de Isabel Díaz Ayuso envió a la Fiscalía reconociendo dos delitos de fraude fiscal y proponiendo un acuerdo de conformidad. En realidad, se abre causa sin más indicios que una coincidencia temporal entre la filtración y el acceso del fiscal general a esos correos, que ya llevaban un mes circulando y a los que tenían acceso otras personas. De haberse aplicado antes este criterio, el Tribunal Supremo al completo estaría imputado por las constantes filtraciones de sus decisiones, comenzando por la politizada sala segunda de lo Penal que preside Manuel Marchena. Cuando se filtró la sentencia del procés, Marchena se limitó a decir que lo sentía “de corazón”.

Es obvio que la decisión del Supremo tiene efectos políticos. Da munición y contribuye a la campaña de acoso y derribo que el PP lleva a cabo contra el Gobierno de Pedro Sánchez. Nadie olvida que un dirigente del PP presumió de que el partido controlaría el alto tribunal por la puerta de atrás. Isabel Díaz Ayuso es la instigadora de todo este lío. En defensa de su novio, que ha reconocido haberse inventado facturas por valor de 1,8 millones para defraudar 350.000 euros en impuestos, montó todo este número. Ahora trata de construir un relato en el que el delincuente y la acosadora aparezcan como víctimas.

Pero lo que demuestra este caso es que hay una constante sinergia entre las posiciones que defiende el PP y una parte del sistema judicial. Ya se vio en la instrucción de las causas del procés y en la resistencia a aplicar la ley de la amnistía. De todo ello se extrae un patrón: la existencia de un poder paralelo incrustado en las instituciones que actúa de forma concertada cada vez con más descaro, y que tiene como objetivo derribar al Gobierno. Ya lo dijo el portavoz del PP Miguel Tellado: “Por todos los medios a nuestro alcance”.

Es difícil atacar a Pedro Sánchez por las políticas que aplica: está actuando en los asuntos que más preocupan, como la vivienda o las condiciones laborales, y la economía va mejor que bien, con una de las tasas de crecimiento más altas de la zona euro. Así que el PP necesita aferrarse al falso relato de que este es el gobierno más corrupto de la historia, aunque quien lo dice sea un partido que tiene abiertas todavía más de veinte causas por corrupción.

Pero para montar este relato, necesita la ayuda de la judicatura. El caso Koldo le ha venido como anillo al dedo, pero no es suficiente. Para eso sirven ahora la imputación de Begoña Gómez y la investigación al fiscal general. El monstruo que abandera esta estrategia de acoso tiene siete cabezas y siempre hay alguna de ellas asomando por el Congreso, el Senado, la judicatura y por un sistema mediático afín cuya misión es amplificar el relato, como si todo fuera un gran escándalo. Y lo peor es que pueden salirse con la suya. No sería la primera vez. Recordad a Dilma Rousseff.