El italiano que casi atrapa al terrorista de La Rambla y 120 más: los olvidados del 17-A

La comisión de investigación sobre los atentados de Barcelona y Cambrils, que toma forma en el Congreso, no despejará la gran incógnita del segundo mayor atentado yihadista perpetrado en España: cuántas víctimas causó. El Ministerio del Interior concluye, en base a la sentencia del caso, que fueron 368 entre fallecidos (16) y personas que sufrieron daños físicos o psicológicos. La mayoría de ellas ya han sido indemnizadas. Pero, a dos me...

La comisión de investigación sobre los atentados de Barcelona y Cambrils, que toma forma en el Congreso, no despejará la gran incógnita del segundo mayor atentado yihadista perpetrado en España: cuántas víctimas causó. El Ministerio del Interior concluye, en base a la sentencia del caso, que fueron 368 entre fallecidos (16) y personas que sufrieron daños físicos o psicológicos. La mayoría de ellas ya han sido indemnizadas. Pero, a dos meses para que venza el plazo legal, hay 91 que aún no, bien porque no han presentado la solicitud, bien porque esperan que se resuelva. En estos siete años, las víctimas han denunciado el “abandono” de la administración. Un desamparo que es total para otras 120 personas que, aunque vivieron los hechos y figuran en el sumario judicial, nunca tuvieron ni la oportunidad de ser reconocidas como víctimas.

La tarde del 17 de agosto de 2017, el italiano Antonio Barbiero paseaba con su mujer y su hija por La Rambla de Barcelona cuando vio una furgoneta “atropellando a la gente” a toda velocidad. Tras chocar contra un kiosco, el vehículo se detuvo a escasos 50 metros de su posición. Sin pensarlo, Barbiero se acercó, abrió la puerta del conductor y se vio frente a frente con Younes Abouyaaqoub, uno de los miembros de la célula yihadista de Ripoll. “¡Bomba, bomba!”, le gritó el joven. El hombre quedó paralizado unos segundos, los que necesitaba el terrorista para zafarse de él y salir corriendo. Su declaración consta en un atestado policial y la escena fue captada por cámaras de vigilancia. Al día siguiente, la familia subió a un avión de regreso a casa.

Nadie siguió la pista de Barbiero. Ni los investigadores primero ni la administración después contactaron con él para preguntarle cómo estaba o para informarle de que, quizás, tenía derecho a ser considerado víctima del terrorismo y a recibir una indemnización, confirma desde Italia. Como muchos otros afectados por el atropello masivo de La Rambla, ha padecido secuelas: ansiedad, pesadillas. Pero su nombre ha quedado sepultado entre los miles de folios del sumario, lo mismo que los de otras 120 personas que estuvieron allí y pudieron sufrir heridas y, sobre todo, daños psicológicos.

Robert Manrique intentó rescatarlas del olvido. Víctima del atentado de ETA en Hipercor, creó la entidad UAVAT para apoyar a los afectados del 17-A. Manrique muestra una pizarra donde tiene anotada, en rojo, la identidad de 123 personas que localizó buceando en el sumario. Muchos son extranjeros. En los atestados aparecen sus números de teléfono. “Si la administración hubiera sido proactiva, podría haberlos contactado”, lamenta. Para Barbiero y el resto es tarde: la ley de víctimas de terrorismo da un año a los afectados, desde la fecha de los hechos, para reclamar la condición de víctimas. De haber aparecido su nombre en la sentencia sería distinto, pero eso no pasó. ¿Por qué?

Una investigación caótica y muchos turistas

En mayo de 2021, la Audiencia Nacional condenó a los tres miembros de la célula de Ripoll que fueron juzgados; los autores materiales, incluido el conductor homicida de La Ramba, fueron abatidos por los Mossos. El tribunal se esforzó por identificar a las víctimas y garantizar su derecho a la verdad. Pero el presidente, Félix Alfonso Guevara, admitió que iba a ser una tarea incompleta. La instrucción judicial no tramitó de forma “sistemática” la pieza sobre fallecidos y lesionados, lo que “impide conocer el verdadero número de personas lesionadas en los distintos escenarios” de los ataques, así como “el alcance de los perjuicios sufridos”. No ayudó que el atentado ocurriera en pleno agosto y en un lugar turístico: muchos afectados son turistas que regresaron a sus países tras una breve declaración y sin haber recibido asistencia médica. Las víctimas, subrayó la sentencia, “han sido las grandes olvidadas” del caso.

La sentencia es un ancla. Cita a las personas con daños físicos o psicológicos, pero no en todos los casos de una forma suficientemente clara. Aunque los números bailen, Interior contabiliza 368, que son las que considera víctimas del terrorismo. “Las que no figuran en la sentencia no tienen esa condición”, afirma un portavoz. Ya antes del juicio, el Gobierno había indemnizado en vía administrativa a 143 personas, las que acreditaron lesiones físicas. Quedaron pendientes otras 225, la mayoría con secuelas psicológicas. Para ellas, la burocracia no se activó hasta el pasado noviembre de 2023, cuando el Tribunal Supremo dictó la sentencia definitiva.

Desde que la sentencia es firme, el plazo para reclamar (siempre a iniciativa del afectado) es de un año, de modo que quedan dos meses. Según los datos facilitados a este diario por Interior, se han recibido 167 y se han resuelto 134, por lo que 33 están a la espera. Otras 58 víctimas no han presentado aún, por el motivo que sea, la solicitud. Algunas porque ignoraban su condición. Como una mujer que, en la conmemoración del séptimo aniversario de la tragedia, este verano, depositó un ramo de flores en La Rambla y se echó a llorar. Manrique se acercó a ella y descubrió que su nombre aparecía en la sentencia del 17-A. Interior asegura que ha abonado hasta la fecha 8,6 millones en indemnizaciones.

Miguel Gallego, asesor jurídico de la Asociación 11-M —que fue acusación popular en el juicio y representó a 74 víctimas— lamenta que, dada la “enorme laguna de la instrucción judicial” en cuanto a las víctimas, “el ministerio no haya sido más proactivo” y pide un cambio legal para que las reclamaciones puedan instarse también “de oficio”. Gallego explica que, desde la sentencia del Supremo, muchos afectados han recibido cartas en las que les invitan a reclamar su condición de víctimas y considera que quienes no lo han hecho pueden ser en su mayoría turistas. Interior asegura que “se ha recabado toda la información posible” sobre los extranjeros, pero admite que es “un proceso difícil” y que “en algunos casos no ha sido viable la localización”.

A Miguel López, que el 17 de agosto estaba con su hija en La Rambla, nadie lo buscó los primeros días ni él estaba para dirigirse a la oficina de atención a víctimas (abierta solo una semana) o para reclamar nada. “Leí en el diario que estaban buscando víctimas. Llamé y se puso Robert [Manrique]. Y ahí ya cambió todo. Sin su ayuda, pocos hubiésemos sabido qué hacer”, cuenta. López lamenta también que el plazo para solicitarlo sea de un solo año cuando “hay gente que en ese tiempo no ha podido salir de casa”. Y critica la frialdad de la administración. Encontró el apoyo de un grupo de mossos que, voluntariamente, se coordinaron para ponerse a disposición de las víctimas para lo que necesitara. De Interior solo ha recibido, este verano, una notificación con una propuesta de indemnización por sus secuelas psicológicas. La ha aceptado sin discutir el informe porque, asegura, quiere “pasar página”.