El regreso de Puigdemont amenaza con dilatar la investidura de Illa

Si finalmente cumple su palabra, Carles Puigdemont volverá esta semana a Cataluña, tras siete años driblando la acción de la justicia española en el extranjero. Solo su núcleo más próximo conoce los detalles de una operación de gran riesgo personal y de alto voltaje político y que, de entrada, se ofrece como la gran turbulencia a la que se tendrá que enfrentar Salvador Illa en el tramo final de su investidura. El fundador de Junts insiste en que quiere estar en su escaño en el debate que muy posiblemente comience el j...

Si finalmente cumple su palabra, Carles Puigdemont volverá esta semana a Cataluña, tras siete años driblando la acción de la justicia española en el extranjero. Solo su núcleo más próximo conoce los detalles de una operación de gran riesgo personal y de alto voltaje político y que, de entrada, se ofrece como la gran turbulencia a la que se tendrá que enfrentar Salvador Illa en el tramo final de su investidura. El fundador de Junts insiste en que quiere estar en su escaño en el debate que muy posiblemente comience el jueves en el Parlament. El voto de Puigdemont está blindado por la reforma del reglamento de la Cámara, pero una detención coincidiendo con el pleno podría tener efectos más allá de lo simbólico. De entrada, la mayoría de los grupos del arco parlamentario aceptan que se podría dilatar la sesión, ante las presiones para escenificar el rechazo a que no se le aplique al exeurodiputado la ley de amnistía.

El calendario de esta semana en Cataluña está pendiente de la decisión de Puigdemont. Finalmente, será el martes cuando el presidente del Parlament, Josep Rull, celebre la ronda de contactos exprés con los grupos parlamentarios una vez que, el pasado sábado, Illa le comunicó que tiene los apoyos suficientes para someterse al pleno de investidura. En la tarde de hoy también las juventudes de Esquerra tendrán una asamblea en la que decidirán si su diputada en la Cámara Mar Besses ha de votar sí o no al socialista, un apoyo imprescindible para la investidura de Illa. El miércoles, la Diputación Permanente de la Cámara catalana convocará el pleno, que podría celebrarse el mismo jueves. De ser necesaria una segunda votación, podría ser el sábado o incluso el lunes. Con todo, el plazo legal para evitar la repetición electoral vence el día 26.

En Esquerra se muestran confiados en llegar a un acuerdo con sus juventudes —la suma de PSC, ERC y comunes es de 68, la cifra exacta del límite de la mayoría absoluta— y, por tanto, la gran duda es el momento en que Puigdemont decida regresar. A diferencia de otras ocasiones en que el entorno del expresident era el que alentaba las posibilidades del retorno, esta vez ha sido el propio fundador de Junts el que ha ido dándole verosimilitud a esta posibilidad. El pasado sábado, en una carta publicada en la red social X, culpaba a la decisión de los republicanos de investir a Salvador Illa a cambio de más autonomía fiscal de hacer que “la detención sea una posibilidad real en muy pocos días”.

El expresident no oculta que su regreso es la última bala que tiene para intentar frenar la llegada de un “Govern de carácter españolista”, tras aceptar la realidad de que su buen resultado del 12-M —Junts fue la segunda fuerza en la Cámara autonómica con 35 escaños por 42 del ganador, el PSC— le impedía repetir en el cargo y que la decisión de las bases de ERC de investir al socialista Illa cerraba la puerta a su plan B. En Junts daban por descontado que una repetición electoral con su cabeza de cartel en Cataluña les daría mucho mejor resultado. El exeurodiputado, que en 2017, tras la intervención de la autonomía catalana por la aplicación del artículo 155 de la Constitución, optó por burlar a la justicia española desde Bélgica, sabe que, como mínimo, la imagen de su detención obligaría a una Cámara con 59 diputados de 135 independentistas —y un presidente de Junts, Josep Rull— a escenificar de alguna manera su malestar.

“Puigdemont ha de poder volver cuando quiera y estar en libertad. Hay una ley de Amnistía y no es de recibo que un juez interprete a voluntad una ley”, aseguró ayer la líder de los comunes, Jéssica Albiach, en una entrevista en La Vanguardia. “No sé de qué manera impactará en la investidura. Pero ese regreso o no, no altera el resultado del 12-M”, apostilló la diputada. En el pasado, las sesiones de la Cámara se han postergado en simpatía por declaraciones judiciales de altos cargos o incluso por la tensión verbal entre diputados. De ahí que sea compartido por los grupos del Parlament, que, de alguna manera, ese bloque independentista forzará algún tipo de escenificación del rechazo y que esto lleve a aplazar momentáneamente el mecanismo de elección del president.

Por estos días, los grupos de servicios de mensajería hierven con mensajes pidiendo estar preparados para recibir al expresident y que aclaran que la detención es “querida y buscada” y con el objetivo de poner a la justicia una vez más ante las cuerdas y bajo el ojo de la opinión pública internacional. La gran duda es si Puigdemont apuesta por una imagen icónica de regreso por la frontera o si prefiere intentar, de alguna manera, asegurar su presencia en el hemiciclo de la Cámara.

Lo cierto es que el expresident tiene una orden de captura nacional en su contra, por un delito de malversación agravada, y que cualquier policía, del cuerpo que sea, le tendría que detener si lo ve en territorio español. Técnicamente, se le tiene que poner a disposición judicial y aquí el juez de guardia tendría mucho que decir. Como en el caso de la exconsejera Clara Ponsatí, a la que también reclamaba el Tribunal Supremo, se le podría tomar declaración en Cataluña y no ser llevado a Madrid. Para que vaya a prisión provisional por riesgo de fuga u otro de los presupuestos que contempla la ley, lo tendría que pedir una de las partes. Se da por hecho que Vox lo solicitará, pero habrá que ver qué posición toman la Fiscalía y la Abogacía del Estado.

Puigdemont, con su posible detención y, sobre todo, si ingresa en prisión provisional, también aspira a sacar rédito procesal. La cascada de recursos que su defensa presentaría derivaría en que el Tribunal Constitucional tuviera que pronunciarse sobre si se le ha de aplicar o no la amnistía. Los magistrados no han de entrar en el fondo, pero ese paso le permitiría agilizar considerablemente su panorama judicial. El riesgo, eso sí, es el tiempo indeterminado que estaría privado de libertad.

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