Recuperar la normalidad institucional en el Consejo General del Poder Judicial

Tras más de cinco años de prórroga irregular del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), González Pons y Bolaños cerraron en Bruselas, hoy hace un mes, un pacto para su renovación y para incrementar las garantías de independencia de los jueces y de la Fiscalía General. Bueno es que finalmente se produzca la renovación. Bueno es que se incrementen las garantías de independencia. Sin embargo, el pacto no puede considerarse plenament...

Tras más de cinco años de prórroga irregular del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), González Pons y Bolaños cerraron en Bruselas, hoy hace un mes, un pacto para su renovación y para incrementar las garantías de independencia de los jueces y de la Fiscalía General. Bueno es que finalmente se produzca la renovación. Bueno es que se incrementen las garantías de independencia. Sin embargo, el pacto no puede considerarse plenamente satisfactorio. Comienza proclamando su objetivo principal: “Para recuperar la normalidad institucional”. Como si esta se hubiera volatilizado casual o misteriosamente, y no quebrantada por una dolosa voluntad política del PP aduciendo excusas dispares. Una de estas, la más constante, era que el modo de elección de los vocales del CGPJ de procedencia judicial atentaba contra la constitucional división de poderes, porque los diputados y senadores elegían a los vocales judiciales. Los elegían de entre los previamente elegidos por los propios jueces, ya que los parlamentarios casi nunca los conocían, más que por una comparecencia formularia, fugaz y acrítica, una vez elegidos.

Pues bien, ahora resulta que dos diputados, en nombre de sus respectivos grupos parlamentarios, a espaldas de las Cortes, han resuelto el problema. Otra vez los políticos nombran a los 20 vocales del Consejo, con indisimulado incumplimiento de unas normas vigentes, como hace poco denunció Manuela Carmena, con su proverbial claridad, en estas páginas. Descaradamente, 10 vocales para ti y 10 para mí. Los más suspicaces pueden imaginar a los dos diputados intercambiando cromos de jueces. Este no, que es demasiado progresista, este no que es demasiado conservador, etcétera, etcétera, hasta completar un elenco recíprocamente digerible. Y por si aún quedaban dudas sobre la politicidad extrajudicial del pacto, en el paquete del intercambio de cromos de vocales del CGPJ aparece la propina de un magistrado ultraconservador para el Tribunal Constitucional, deuda pendiente que le correspondía al PP, pero que evidentemente no corresponde, o no debería corresponder, al pacto del CGPJ.

No engaña la formulación del objetivo: recuperar la normalidad institucional. Solo se trata de recuperar lo que ha sido siempre el modo de designación de los vocales del Consejo: un cambio de cromos en función de las respectivas fuerzas parlamentarias. Esa es la verdadera e inveterada normalidad institucional.

En el pacto se “requiere al CGPJ” que estudie y apruebe una propuesta de reforma del sistema de elección de los vocales de procedencia judicial, precisando tiempo, contenido y votación del requerimiento, lo cual implica una exigencia. Causa perplejidad que dos diputados, o dos grupos parlamentarios, se atrevan a imponer una función al CGPJ, sin más ley que lo autorice que la leonina fuerza de su mayoría parlamentaria conjunta. Porque entre las funciones que la ley otorga al CGPJ no está la de redactar propuestas de reformas legales, función constitucionalmente reservada al poder legislativo. Mal empezaríamos si los nuevos vocales llegaran al Consejo con instrucciones extralegales sobre la reforma de la futura elección. De su calidad humana, jurídica, ética y deontológica, de su independencia y autonomía, esperamos que no sean nunca jueces condicionados.

José María Mena es ex fiscal jefe de Cataluña

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