Barcelona urge al Govern a cumplir “inmediatamente” con el convenio de los 1.700 pisos públicos

Una crisis de vivienda insólita, dos administraciones que se arremangan y se ponen de acuerdo para construir pisos públicos, y lo más importante: hay dinero para hacerlo. Así fue como el verano pasado el Ayuntamiento de Barcelona ofreció a la Generalitat 27 solares para construir 1.700 pisos públicos de alquiler. Un acuerdo que se materializó en un convenio firmado en enero. Un tocho de 463 páginas (documentación urbanística incluida) que detalla quién hace y paga qué, en qué plazos y cómo compensa al otro si no lo hace. En resumen, la ciudad cede los suelos, el Incasòl construye con el dinero que generan las fianzas depositadas por los inquilinos en Cataluña, y la gestión corresponderá al Consorcio de Vivienda (60% Generalitat, 40% Ayuntamiento).

La cuestión es que siete meses después, el calendario está parado. El convenio contemplaba que en abril el Incasòl convocara los concursos de arquitectura para echar a andar los primeros 11 edificios (que sumarán 637 pisos). El departamento de Territori, que capitanea en funciones Ester Capella, culpa del parón a la falta de presupuestos del Govern. “Los 1.700 pisos sociales proyectados en Barcelona no se podrán hacer por la falta de Presupuestos”, anunció durante una entrevista a este diario en abril, un mes después de que el president Pere Aragonès convocara elecciones. Pero el Ayuntamiento de Barcelona mantiene que la cesión es vigente e insta “a la Generalitat a cumplir con lo que se comprometió y que lo haga de inmediatamente”. Se refiere a los concursos de arquitectura de los edificios, para lo que no se necesita presupuesto pero permitiría que arranque un proceso que supondría relanzar al Incasòl como promotor de vivienda pública en Barcelona tras casi 15 años parado.

La realidad es que el “análisis de potenciales inversiones previstas con el fondo de fianzas” del Incasòl, fechado en enero de este año, prevé ingresar entre 2024 y 2027 un mínimo de 400 millones de euros (el documento contempla 100 millones anuales, aunque es una previsión a la baja, porque en 2023 fue de 120 millones). Con estos fondos se podrían pagar las dos fases de los 1.700 pisos, los edificios previstos por las universidades Pompeu Fabra (Mercat del Peix), Politécnica (Campus Besòs) y de Barcelona (proyecto Mies, aunque solo se ha firmado un protocolo, no hay convenio que obligue a las partes), más invertir suelo residencial. El documento señala, en una nota al pie, que a partir de 2027 se podría producir un déficit de 61 millones en el conjunto de proyectos, momento en el que “sería necesario articular fondos presupuestarios de la Generalitat y/o endeudamiento para financiar la inversión prevista”. Pero nada impediría arrancar un plan para el que si faltaran fondos, sería dentro de tres años, señalan fuentes del propio organismo. Que, por otra parte, tiene un remanente de tesorería no afectado de 129,3 millones de euros.

“El paro de los presupuestos no justifica no haber lanzado los concursos de arquitectura, para los que no se precisa una cantidad económica que no se pueda hacer por otras vías como una modificación presupuestaria”, lamenta la teniente de alcalde de Urbanismo y número dos del Gobierno del alcalde Jaume Collboni, Laia Bonet. Y sentencia: “Barcelona necesita con urgencia incrementar la oferta de vivienda asequible en la ciudad. No hay tiempo que perder ante la crisis de la vivienda que estamos viviendo”. En plenas negociaciones del líder del PSC, Salvador Illa, para conseguir el apoyo de ERC para gobernar, los socialistas evitan endurecer más el tono contra el Gobierno en funciones de Pere Aragonès. Este miércoles, el alcalde Jaume Collboni, durante un encuentro con su homólogo de Madrid, José Luis Martínez Almeida, señaló que la vivienda es una de las prioridades de su mandato e instó a la Generalitat a “ejercer sus competencias e invertir en vivienda protegida”.

El convenio firmado el pasado 15 de enero compromete al Ayuntamiento a ceder los suelos, realizar las obras de urbanización y agilizar la concesión de permisos y licencias, entre otros. Los “compromisos de la Generalitat mediante el Incasòl” contemplan formalizar la cesión, promover la construcción de los pisos protegidos, impulsar su calificación como de protección y mantenerlos. Sobre los plazos, el documento de acuerdo entre las dos administraciones indica que sobre cada solar el Incasòl debe “iniciar el concurso público para la redacción del proyecto arquitectónico tres meses desde la firma del convenio”, el plazo que se ha incumplido con el argumento de que el Govern de ERC no logró apoyo para aprobar el presupuesto de 2024 y tuvo que prorrogar el de 2023. El convenio también precisa que los primeros 83,8 millones que costarán los edificios de los primeros 11 solares se financiarán a cargo de la partida económica “inversiones en edificios y otras construcciones por cuenta propia” del presupuesto vigente del Incasol. En la nota de prensa que distribuyeron las administraciones el texto es más claro: la inversión se realizará “con los recursos generados por las fianzas de alquiler que gestiona”.

El motivo del relevo en la dirección del Incasòl

La parálisis del convenio por el que el Incasòl debería arrancar la maquinaria de la promoción explica el relevo en la dirección del organismo público anunciado hace unas semanas. Territori habló de dimisión, y la ya exdirectora, Maria Sisternas, de cese. Sisternas lo dejaba claro en el comunicado que hizo público: “La emergencia habitacional es severa en Cataluña y el Incasol ha desarrollado las tareas que le correspondían por el convenio subscrito con el Ayuntamiento de Barcelona”. “El ciclo de construcción de vivienda es lento y cada día que pasa supondrá un retraso en la entrega de estos pisos a los ciudadanos que lo necesitan”. Sisternas explicaba que para licitar los concursos, el Incasol ha organizado sesiones de trabajo con la Agencia de la Vivienda, Economía, el colegio de arquitectos, el Ayuntamiento de Barcelona, técnicos y entidades. Y que “más de 40 personas” trabajaron en la redacción del convenio y de las licitaciones. “El dinero existe, se aprueben o no los presupuestos, porque el Incasol financia la construcción de la vivienda asequible con el incremento neto de la recaudación anual del depósito de fianzas”. “Es un modelo económico sostenible, que más allá de la gestión del 8% del Incasol, no supone ningún coste al contribuyente, porque la inversión no proviene de dinero presupuestario” añadía y recordaba que “por Ley” una de las principales funciones del Incasol es promover vivienda pública”. “La inacción de la administración tiene costes que la generación de nuestros hijos no se puede permitir”, zanjaba.

Preguntado por la cuestión, el departamento de Territorio responde a la situación insistiendo en el argumento de la falta de presupuesto. “El proyecto está supeditado a una modificación del sistema fianzas del Incasol que se tenía que aprobar con la ley de acompañamiento de los presupuestos”. La modificación pasaba por incrementar del 90% al 95% la cantidad de los depósitos de finanzas que hay depositadas en el Incasol que se podría invertir en hacer vivienda. Y que también requería la contratación de 16 personas. “Actualmente no es posible recuperar el plan ya que, con los presupuestos prorrogados, no es posible contratar a las 16 personas necesarias ni están garantizados los fondos para el escenario presupuestario plurianual”, insisten.

Puedes seguir a EL PAÍS Catalunya en Facebook y X, o apuntarte aquí para recibir nuestra newsletter semanal