El 41% de los jóvenes que duermen en la calle en Barcelona antes vivían en un centro de menores

A los jóvenes que mientras son menores están tutelados por la Administración y viven en una institución —de justicia juvenil o en centros de protección a la infancia y la adolescencia— se les abre un abismo cuando cumplen la mayoría de edad, dejan de estar tutelados y dejan de vivir en estos recursos habitacionales. La encuesta que la entidad Arrels ha presentado este miércoles sobre las condiciones de vida y el perfil de las personas sin hogar en Barcelona muestra que el 41% de los jóvenes de menos de 25 años que viven en la calle salen de instituciones. Es decir, que pasaron de vivir en centros de menores a dormir al raso. Sobre el total de personas sin hogar en la ciudad, los que antes vivieron en centros de menores representan el 15%. La entidad alerta de que este fenómeno ha crecido de la misma forma que ha crecido el sinhogarismo en general: en el último recuento, de diciembre, en Barcelona había un récord de 1.384 personas viviendo en la calle, un 12% más que el año anterior.

En Cataluña, según los datos de mayo de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA), hay 5.308 niños y adolescentes que viven en un centro residencial de la Generalitat, y 74 que tienen otras situaciones, entre las cuales están los recursos vinculados a la justicia juvenil. También, actualmente, hay 2.396 menores que migraron solos desde el extranjero. El problema de qué ocurre con los jóvenes extutelados cuando cumplen la mayoría de edad y dejan de contar con la obligada protección que la administración tiene que dar a los menores presenta varias facetas, y puede llevar a una situación tan crítica como quedarse en la calle. “Haber vivido en un centro para infancia o jóvenes es un factor de riesgo de sinhogarismo”, asevera Arrels en la nota que detalla los resultados de la encuesta.

Aunque la Generalitat cuenta con un Área de Apoyo a los Jóvenes Tutelados y Extutelados (ASJTET, por sus siglas en catalán), las dificultades a las que se encuentran son muchas, empezando por la pérdida del recurso habitacional o no tener una red familiar estable. Además, en el caso de los menores de origen extranjero, se encuentran con dificultades a la hora de obtener el padrón para renovar la documentación, lo que les supone un impedimento para acceder a recursos de servicios sociales o al sistema sanitario, tal y como alertó la semana pasada la Red de Entidades para el Padrón.

Además de los extutelados, la presencia de jóvenes en general viviendo en la calle es uno de los datos que salen de la encuesta de Arrels que más preocupan a la entidad. La edad media de las personas que viven en la calle es de 43 años, y un 28% de la personas sin hogar en Barcelona tiene entre 18 y 35 años (la encuesta no ha tenido en cuenta los menores de edad sin hogar). Aunque la situación de los más mayores es normalmente de un gran deterioro —la entidad alerta de que cuanto más se cronifica la vida en la calle más problemas surgen y más difícil es solucionarlos y salir del bucle, y recuerda que hay casos de gente que lleva más de 10 años viviendo en la calle—, también normalmente los que tienen más edad reciben más atención. El estudio muestra que, en cambio, los jóvenes son los que menos atención reciben ya sea pública o privada: un 56% de los menores de 25 años y un 51% de los menores de 35 años manifiesta que no ha recibido atención social en los últimos seis meses, mientras que en edades más avanzadas el porcentaje de personas que dice no haber recibido atención va bajando.

Con todo, Arrels detecta un problema común a todas las edades: ni las administraciones ni las entidades son capaces de dar una respuesta rápida a la persona que de golpe se queda sin hogar. Según la encuesta, el 81% de las personas sin hogar en Barcelona manifiesta que en el primer mes de vivir en la calle no ha recibido ningún tipo de atención social. En la rueda de prensa para presentar los resultados de la encuesta, la nueva directora de la entidad, Beatriz Fernández —que releva a Ferran Busquets después de 12 años dirigiendo Arrels— ha recordado que en las situaciones de sinhogarismo “hace falta una intervención rápida”, puesto que cuanto más tiempo pasa más fácil es que se vayan sumando problemas, por ejemplo adicciones. Fernández ha reclamado más coordinación entre los servicios sociales y las entidades, y más recursos y presencia en la calle para detectar cuáles son las necesidades de los afectados.

El perfil de la persona sin hogar

La encuesta de Arrels se hizo por primera vez durante tres jornadas (en junio del año pasado) y durante el día (hasta ahora se hacía de noche pensando en poder encontrar a las personas, pero se decidió cambiar a una encuesta diurna y en colaboración con 13 entidades para poder hacer encuestas de más calidad), lo que impide hacer muchas comparaciones con encuestas anteriores. El perfil que dibuja la encuesta, a partir de entrevistas a 685 personas que viven en la calle, muestra que esta situación afecta más a los hombres (el 87% de los encuestados), y que el tiempo medio de estada en la calle es de cuatro años y cinco meses —un año menos que en 2020, pero todavía un año más que antes de la pandemia, lo que indica que no se ha recuperado la situación anterior a la covid—. Esta cronificación de la situación de sinhogarismo preocupa a Arrels, por los problemas asociados que genera en las personas sin hogar.

Además, más de un tercio de los encuestados manifiesta que antes de quedarse en la calle vivía en u piso de propiedad o de alquiler, y que un 18% (contando jóvenes y adultos) vivía en una institución. El 72% de los encuestados dice que puede cubrir sus necesidades más básicas (higiene y alimentación, aunque no tiene por qué ser comida caliente) pero ocho de cada 10 dice que tienen muchas dificultades para conseguir dinero. La segunda mayor dificultad es encontrar un sitio para dormir.

Fernández ha reclamado políticas para hacer efectivo el derecho a la vivienda, con más recursos habitacionales pero también con mecanismos para evitar que nadie se quede sin casa. Pero estas políticas a largo plazo deben combinarse con políticas de emergencia, y en este sentido ha pedido que haya espacios “de baja exigencia”, es decir, espacios públicos donde la gente sin hogar pueda estar, algo que está previsto en la futura ley del sinhogarismo, que lleva esperando su aprobación en el Parlament desde enero de 2022. La directora de la entidad también ha reclamado que los Ayuntamientos cumplan con sus obligaciones en el empadronamiento y ha pedido al Ayuntamiento de Barcelona, que gobierna Jaume Collboni, que revise el límite temporal de seis meses en los recursos habitacionales: “No es realista que una persona sin hogar logre estabilidad en medio año”, ha apuntado. Arrels también ha pedido al Ayuntamiento poder dar su visión en la modificación de las ordenanzas municipales, que desde hace años sancionan muchas prácticas, como beber en la calle, que una persona sin hogar solo puede hacer en la calle, bajo riesgo de ser multado.

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