El cierre de todos los pisos turísticos en Barcelona aboca a una batalla legal
El PP ya ha recurrido ante el Tribunal Constitucional el decreto de la Generalitat que busca cerrar miles de viviendas para uso turístico antes de 2028. La patronal Apartur quiere recurrir a la justicia europea
La ciudad de Barcelona vuelve a ser pionera en medidas para poner freno a la masificación turística. Pero también se vislumbra una nueva batalla legal del sector perjudicado por las decisiones municipales, en este caso los propietarios de pisos turísticos y la patronal Apartur. En los dos mandatos de la exalcaldesa Ada Colau (2015-2023) se aprobó un plan urbanístico de alojamientos turísticos que solo permitía abrir nuevos hoteles en la periferia, lo que provocó un ...
La ciudad de Barcelona vuelve a ser pionera en medidas para poner freno a la masificación turística. Pero también se vislumbra una nueva batalla legal del sector perjudicado por las decisiones municipales, en este caso los propietarios de pisos turísticos y la patronal Apartur. En los dos mandatos de la exalcaldesa Ada Colau (2015-2023) se aprobó un plan urbanístico de alojamientos turísticos que solo permitía abrir nuevos hoteles en la periferia, lo que provocó un alud de demandas de hoteleros a título personal y también del Gremio de Hoteles. En algunos casos los tribunales les dieron la razón y el consistorio tuvo que redactar una segunda versión del plan, más robusta, técnica y jurídicamente. Ahora son los propietarios de viviendas turísticas quienes se preparan para acudir a los tribunales tras el anuncio del alcalde Jaume Collboni, este viernes, de cerrar los 9.600 existentes en el horizonte de 2028.
Para hacerlo, el socialista utiliza el paraguas del decreto de la Generalitat que prevé que en 262 municipios catalanes con problemas de acceso a la vivienda los Ayuntamientos redacten planes urbanísticos para fijar cuántos pisos turísticos admiten y dónde. Transcurridos los cinco años, las licencias actuales se extinguirán, un plazo que el decreto entiende que sirve como indemnización para el cese de una actividad que reporta enormes beneficios, pero cuyo permiso en Barcelona requería apenas un comunicado y menos de 300 euros. En la capital catalana la receta del alcalde pasa por no redactar ningún plan y simplemente dejar que se extingan las licencias. Además, eliminará la figura de los pisos turísticos del PEUAT, el citado Plan Especial de Alojamientos Turísticos de Colau. El objetivo que persigue tanto el decreto de la Generalitat como el consistorio es que las viviendas que ahora tienen un uso como negocio vuelvan a su uso residencial original.
Fuentes jurídicas especializadas en derecho urbanístico y en el sector turístico auguran que “no será una batalla jurídica fácil” por la fórmula elegida por Collboni: “Ha sido hábil, porque opta por no hacer nada para cerrar los pisos turísticos. Se acoge al decreto del Govern y deja pasar el tiempo. No hay una norma municipal contra la que recurrir”.
Con todo, Apartur, explica su presidente, Enrique Alcántara, se dispone a acudir a los tribunales. De hecho, el frente judicial de la patronal del sector comenzó hace meses. Apartur no pudo recurrir el decreto ley aprobado por la Generalitat en noviembre de 2023 por la vía de urgencia. Pero sí lo recurrió el Partido Popular ante el Tribunal Constitucional. “El PP entiende que el decreto vulnera la Constitución y el recurso ya ha sido admitido a trámite”, revela Alcántara, que explica que los argumentos jurídicos que plantea el recurso se centran en considerar que el cierre de los pisos a los cinco años de aprobarse el decreto “es una expropiación del derecho de los propietarios de explotar su casa como vivienda turística, es un derecho adquirido”, apunta. Y señala que, además, las expropiaciones deben hacerse “caso por caso”, y no porque hayan transcurrido cinco años. Apartur también trabaja en recurrir el decreto del Govern ante la justicia europea. “Es más lento, pero trabajamos en ello”, detalla Alcántara.
En paralelo, a partir del anuncio de Collboni de este viernes, el presidente de Apartur vislumbra “otro frente” cuando el Ayuntamiento de Barcelona elimine los pisos turísticos del Plan Especial de Alojamientos Turísticos (PEUAT). “El siguiente paso serán recursos contra la modificación del PEUAT”, avisa Alcántara que no concreta la fórmula. Aquí sí habría una decisión municipal contra la que recurrir ante los tribunales del Contencioso Administrativo.
La patronal Apartur: “Collboni necesitaba un cabeza de turco”
Durísimo con el alcalde, Alcántara le reprocha que en la presentación del plan no citara que el decreto de la Generalitat contempla que los propietarios de pisos turísticos puedan pedir una prórroga de cinco años más a partir de 2028 si han hecho obras de mejora. Esto alargaría los cierres a una década vista. “Collboni necesita gesticular políticamente, porque no ha hecho nada substancial en materia de vivienda y los pisos siguen subiendo de precio, pese a que su cifra no aumenta desde 2014 [cuando Barcelona cerró el grifo]. Es un discurso peligroso porque entre líneas culpa al turismo del problema de la vivienda y puede generar turismofobia”, dice y recuerda que los casi 10.000 pisos turísticos son apenas el 0,77% del parque de viviendas de Barcelona. Apartur señala que los apartamentos turísticos aportan el 40% de la oferta de alojamiento, 50.000 camas con turistas que consumen en restaurantes, comercios o taxis. “Collboni necesitaba un cabeza de turco y tiene que ser el más débil, no tiene ninguna trascendencia para el alcalde”, reprocha Alcántara precisando que las casi 10.000 licencias pertenecen a 5.000 propietarios o empresas: hay desde quien tiene dos hasta empresas que tienen edificios enteros.
Otra fuente jurídica con clientes en el sector turístico insiste en la idea de la dificultad de recurrir contra una decisión, la del Gobierno de Collboni, de “no hacer nada”. “Una cosa es que se regule un uso con herramientas urbanísticas, y otra es no hacer nada”, señala. Lo que habrá seguro, mantiene, es guerra en los juzgados, desconcierto en el sector y “lío normativo”.
El decreto urgente que aprobó el Govern en noviembre de 2023 fue ratificado un mes después en el Parlament con los votos del PSC. Entonces, los socialistas accedieron a aprobarlo a cambio de que se tramitara como una ley normal, con plazos para abrir la participación de los sectores implicados y presentar alegaciones. “En esa discusión hubo un tira y afloja, porque el PSC no querían que los cierres afectaran a los edificios que son enteros de pisos turísticos”, recuerda un abogado y lanza un dardo: han pasado seis meses, unas elecciones, no sabemos ni si Salvador Illa podrá gobernar e igual hay que repetir las elecciones.
La dificultad de cerrar la oferta ilegal
En Barcelona el Ayuntamiento lleva años luchando contra la oferta ilegal de pisos turísticos, los que no tienen licencia. En 2016, los comunes de Colau emprendieron una batalla contra la oferta ilegal, que se había disparado desde que su antecesor, Xavier Trias dijo basta en 2014 y no dio más licencias. Desde aquel año, un equipo de 30 rastreadores de páginas web, 27 inspectores y seis letrados ha conseguido reducir la cifra de 6.000 apartamentos sin licencia a “una cifra muy baja”, según el Ayuntamiento, incapaz de concretarla porque varía de un día para otro.
En el consistorio explican bien que la dificultad para cerrar pisos turísticos radica en que es una actividad que se realiza en una vivienda, cuyo uso es un derecho que reconoce la Constitución y que es muy complejo cesar la actividad. “Si una discoteca realiza una actividad ilegal, es fácil cerrarla porque no puede albergar otro uso. Una vivienda, no”, suelen explicar los técnicos municipales.
En siete años desde que comenzó el plan de choque contra la oferta ilegal se han analizado casi 70.00 anuncios, se han abierto 22.728 expedientes disciplinarios (puede haber varios por una misma ubicación) que han derivado en 9.679 órdenes de cese y 10.500 expedientes de multas. Además, “se han recuperado para uso de residencia habitual 3.473 pisos donde había actividad turística sin licencia”. Son datos municipales de enero de este año, cuando el Ayuntamiento impuso una multa de 420.000 al dueño de un edificio del centro que durante años se ha ofertado fragmentado como hoteles, albergue o pisos.
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