La protesta en las prisiones catalanas revela la incapacidad del Govern para frenar la crisis

Las protestas de los funcionarios de las prisiones catalanas a raíz del asesinato de una cocinera a manos de un preso, el pasado miércoles, ha constatado la incapacidad del Gobierno en funciones de Pere Aragonès de frenar la crisis abierta en las cárceles. Desde el viernes, de manera intermitente, los bloqueos de los trabaj...

Las protestas de los funcionarios de las prisiones catalanas a raíz del asesinato de una cocinera a manos de un preso, el pasado miércoles, ha constatado la incapacidad del Gobierno en funciones de Pere Aragonès de frenar la crisis abierta en las cárceles. Desde el viernes, de manera intermitente, los bloqueos de los trabajadores han obligado a encerrar a los presos en sus celdas, suspender juicios, visitas, comunicaciones y ha interrumpido el normal funcionamiento de la mayoría de los centros. El Departamento de Justicia de la Generalitat ha apelado nuevamente al diálogo, y ha convocado otra reunión para este martes a las nueve de la mañana. Los sindicatos han plantado hasta ahora a la consejera Gemma Ubasart, que les ha citado en diversas ocasiones, y exigen como medida previa para sentarse a negociar que dimita el secretario de medidas penitenciarias, Amand Calderó. Los bloqueos obligaron ayer a confinar a 4.000 internos.

La reunión del comité de crisis del Govern, entre los departamentos de Justicia e Interior, llegó este lunes después de días de críticas por la aparente falta de coordinación entre ambos departamentos. Las más de dos horas se saldaron, según explicó la portavoz Patrícia Plaja, con una revisión de cómo había ido la jornada de protestas y la promesa de “coordinarse” para los próximos días. Pero ni ella ni la titular de Justicia lograron plantear un calendario realista para que la situación en las cárceles vuelva a la normalidad. La consejera sí descartó la destitución de Calderó. “Nunca ha estado sobre la mesa una renuncia o un cese “, repitió Ubasart cuando se le preguntó sobre si Calderó había puesto a su disposición su cargo como manera de superar el bloqueo en las negociaciones. La consejera alabó la labor del alto cargo, al que ve como la persona que “mejor puede comandar el sistema y la crisis que tenemos delante”. Plaja remarcó que el Govern está abierto a que haya depuración de responsabilidades pero no a priori, sino cuando estas queden, dijo, aclaradas y delimitadas.

El Govern no ha podido hacer otra cosa más allá que insistir a los sindicatos en la necesidad de que se sienten en la mesa para dialogar una salida a la crisis y hacer pública las propuestas que Justicia quería ofrecer a los trabajadores. En esa lista figuran, por ejemplo, los mecanismos para las prejubilaciones; la puesta en marcha de un grupo de 111 trabajadores formado especialmente para intervenir en casos especialmente violentos; y negociar la actualización del acuerdo laboral, que sigue en vigor desde 2006. La consejera recordó que pese a que a la legislatura le quedan poco más de 50 días, aún hay margen para poder solucionar la situación de los funcionarios de prisiones y recordó proyectos en marcha como el de la creación de un cuerpo propio catalán de trabajadores de las cárceles. Con el Centro de Iniciativas para la Reinserción (CIRE), para el que trabajaba la cocinera asesinada, Núria López, añadió que se han pactado medidas que se pueden poner en funcionamiento “en 48 horas” como dotar de dispositivos de comunicación y alerta al personal y que su uso sea obligatorio reforzar los servicios de cocina con que al menos haya dos trabajadores.

Para intentar sentar a los sindicatos en la mesa, Ubasart anunció también darles a conocer en la reunión convocada algunos de los detalles de la investigación interna sobre el asesinato de la cocinera. La consejera avanzó que hasta el momento no hay constancia de posibles quejas de la trabajadora sobre el comportamiento de su asesino, Iulian Odriste, que estaba destinado en la cocina. El hombre cumplía condena por haber asesinado, también a puñaladas, a una prostituta en 2016. Justicia ha abierto una investigación interna y también hay un proceso judicial abierto sobre las circunstancias del crimen, que para los funcionarios ha marcado un antes y un después. Se trata del primer asesinato en prisión, en la etapa democrática en España, de un trabajador penitenciario.

Los trabajadores bloquearon ayer de nuevo los accesos de las prisiones, lo que llevó a confinar en sus celdas a más de 4.000 internos por falta de personal para garantizar la seguridad. Los Mossos d’Esquadra intervinieron ayer únicamente en la prisión de Quatre Camins (La Roca del Vallès, Barcelona), una de las más combativas, y lograron una vía de acceso que permitió el relevo de los trabajadores. Pero en el resto, se repitieron los bloqueos que se dan desde el viernes. El Govern recordó que los presos no están cubiertos por la convocatoria de una huelga, y abrió la puerta a sancionar a los trabajadores que no se presentan a sus puestos de trabajo. “Es su obligación”, insistió Ubasart.

La crisis ha puesto también de relieve las contradicciones y desajustes del Govern de Esquerra Republicana (ERC), con un ojo puesto ya en la convocatoria electoral anticipada del 12 de mayo. Pese a las peticiones de auxilio de Justicia, la intervención del Departamento de Interior ha sido más bien tímida. Ni el viernes, durante el primer bloqueo de los centros, que obligó a confinar 5.000 presos, ni el sábado —con 1.200 personas encerradas en sus habitáculos— intervino la policía catalana. Los Mossos han tardado cinco días en activar un centro de coordinación (CECOR), y hasta el momento no han aclarado si impedirán nuevos bloqueos en las cárceles. La intervención policial no supondría, por sí sola, el fin del conflicto. Los piquetes y barricadas “dificultan el acceso” a las cárceles, explica Justicia, pero no lo impide en todos los casos. Son los funcionarios quienes, por el motivo que sea —la mayoría, porque defienden la necesidad de protestar, otros por la presión ambiental— no están acudiendo a sus puestos de trabajo. Ubasart ha defendido este lunes que hay “plena coordinación y contacto” con Interior y con el Departamento de Presidencia.

El confinamiento, que Justicia compara con las dificultades de la pandemia del coronavirus, no solo pone en riesgo la seguridad de los trabajadores, sino que vulnera también los derechos “de los internos y sus familias”, ha agregado el secretario de medidas penales alternativas, reinserción y atención a la víctima de la Generalitat, Amand Calderó.

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