Los sindicatos de la UPF piden una auditoría externa sobre los complementos salariales

La Junta de Personal Docente e Investigador (PDI) de la Universidad Pompeu Fabra ha enviado un correo a la rectora Laia de Nadal expresando su rechazo “contundente” a las noticias aparecidas sobre el cobro irregular de complementos salariales por parte del exrector Jaume Casals y de dos catedrát...

La Junta de Personal Docente e Investigador (PDI) de la Universidad Pompeu Fabra ha enviado un correo a la rectora Laia de Nadal expresando su rechazo “contundente” a las noticias aparecidas sobre el cobro irregular de complementos salariales por parte del exrector Jaume Casals y de dos catedráticos y solicitando una auditoría externa. “Esto hace daño a la universidad, queremos mantener el buen nombre de la UPF y la mejor forma es una auditoría”, explica a este diario el presidente de la junta, Josep Pich. La Intersindical, el principal sindicato entre el profesorado, exige la convocatoria de un claustro extraordinario para que la rectora Laia de Nadal dé explicaciones de la situación y de las medidas impulsadas por el campus.

La semana pasada se conoció que la Oficina Antifraude de Cataluña está investigando el exrector Jaume Casals por haber estado cobrando desde hace tres décadas como director del Instituto de Humanidades de Barcelona, además de su salario como profesor a tiempo completo, algo que la normativa de incompatibilidades no permite. Los mismo sucede con dos catedráticos de Economía, José García Montalvo y Teresa Garcia-Milà, que han estado compaginando su salario en la UPF con retribuciones como miembros de consejo de administración de grandes empresas. En este caso, Antifraude ya ha dictaminado que ve “indicios de fraude o corrupción compatibles con responsabilidades muy graves” y ha instado a la universidad a iniciar un expediente sancionador.

Ante el revuelo que ha causado estas informaciones, la junta de PDI (que agrupa el profesorado funcionario y en la que están presentes la Intersindical y CC OO) acordó el miércoles 6 de marzo, de forma unánime, enviar un correo a la rectora solicitando “una auditoría externa por un organismo competente” sobre la situación del profesorado funcionario con el objetivo de “velar por el cumplimiento de la normativa sobre incompatibilidades”, según el escrito al que ha tenido acceso este diario. En el comunicado, la junta también “rechaza con contundencia la vulneración de las normas legales y de conducta sobre incompatibilidades” y expresa su preocupación sobre estos casos. “Que Antifraude esté investigando la Pompeu nos tiene que preocupar y cuanto antes quede garantizado el buen nombre de la universidad, mejor”, expresa Pich.

La Intersindical también ha emitido un comunicado este martes exigiendo la convocatoria de un claustro extraordinario en que la rectora actual explique la situación “de todos los asuntos que están menoscabando el prestigio de la UPF” y detalle “las actuaciones que se han investigado y las medidas que se van a tomar para parar este espiral de escándalos y sancionar las conductas irregulares”, espeta el sindicato. Y concreta que los casos a los que se refiere tienen que ver con el cobro de los complementos salarias, pero también a las “acusaciones de encubrimiento, por parte del equipo de gobierno, de casos de acoso laboral”.

Sobre estos casos, que hacía meses que circulaban por la universidad en forma de anónimos, el sindicato estudiantil FNEC pidió la creación de una comisión de investigación en el claustro del pasado noviembre. La petición que fue rechazada y el sindicato ha presentado un recurso contencioso administrativo contra esta decisión. Entonces, los estudiantes ya contaban con el apoyo del 25% de los miembros del claustro, que es el porcentaje necesario para convocar uno extraordinario, en caso de que no lo haga el propio rectorado.

El sindicato UGT también se ha posicionado a través de un comunicado, exigiendo a la universidad que investigue de oficio, a través de un expediente informativo, casos como el de Jaume Casals, sin esperar a la resolución de Antifraude. Asimismo, la UGT pide que se revisen los mecanismos de control interno, que considera “inútiles”, ya que el gobierno de la UPF conocía la situación del exrector y de los catedráticos y se les informó “informalmente” que podían mantener las retribuciones sin problema. En el comunicado, la UGT también exige “ejemplaridad a todos los cargos institucionales” y que la universidad informe “de manera clara y transparente” de las actuaciones que están haciendo.

La pasada semana, la UPF aseguraba que abría un “procedimiento informativo” en el caso de los catedráticos, siguiendo las indicaciones de Antifraude, pero descartaba iniciar una investigación de oficio para averiguar si hay más casos entre su profesorado “por falta de recursos”.

La pasada semana, la UPF aseguraba que abría un “procedimiento informativo” en el caso de los catedráticos, siguiendo las indicaciones de Antifraude, pero descartaba iniciar una investigación de oficio para averiguar si hay más casos entre su profesorado “por falta de recursos”. La actual rectora ha enviado este martes un correo a todo el profesorado informando de las actividades externas que no son compatibles. De Nadal ha comparecido este martes en el Parlament y se ha referido a estos caos al final de su intervención, y a preguntas de los diputados. Laia de Nadal ha admitido que la UPF tiene “espacio de mejora” y que deben poner “mecanismos de transparencia”. La rectora no ha querido decir si hay más casos, a parte de los ya conocidos, y ha pedido que “se modernice la ley de incompatibilidades” para que “la universidad no se cierre en sí misma”.

Caso no cerrado

Mientras tanto, la universidad tiene pendiente resolver el caso de la compatibilidad de los dos catedráticos. A raíz de la resolución de Antifraude, ambos solicitaron la reducción de jornada en la universidad para poder combinarlo con sus cargos en empresas privadas. José García Montalvo es miembro del consejo de administración de Abanca, donde percibe 275.000 euros anuales, mientras que Teresa Garcia-Milà forma parte del consejo de administración de Repsol y el pasado año recibió 347.000 euros (287.000 en años anteriores).

Pero esta situación se repite desde hace años, ya que Garcia-Milà ha estado presente en otras corporaciones: Banc Sabadell de 2007-2020 (retribución de hasta 190.000 euros, pero varía según el año), Enagás de 2006-14 (76.000 euros) o Vueling (cuyas cuentas no detalla las retribuciones). La docente dirige desde 2012 el Barcelona School of Economics (BSE), centro adscrito a la UPF, un cargo por el que recibe 46.700 euros, según informa el BSE. La catedrática asegura a este diario que este cargo no es incompatible porque está regido por un convenio entre los dos centros, mientras que desconocía que el resto sí lo eran. “La información que he tenido este tiempo es que no necesitaba solicitar la compatibilidad por el reducido número de horas que destinaba fuera de la universidad. En el momento que hace un par de meses me alertaron, lo solicité inmediatamente”, defiende. Por su parte, Montalvo, antes de Abanca, había formado parte del consejo de Catalunya Banc (unos 50.000) entre 2011 y 2014. El catedrático no ha respondido a las peticiones de este diario.

Según la normativa, un profesor a tiempo completo debe solicitar la compatibilidad con una actividad remunerada externa. Según la UPF, los dos catedráticos lo hicieron de “forma informal”, sin detallar cuándo. El pasado viernes la universidad daba por cerrado. “Una vez han pasado a dedicación parcial, la actividad profesional que hacen fuera de la UPF ya es compatible”. Pero tras las preguntas de este diario, después de varias consultas jurídicas, el rectorado rectificaba. “Efectivamente, aunque una persona esté a dedicación parcial, si quiere ejercer una actividad fuera de la UPF tiene que solicitar la autorización de compatibilidad”. La universidad asegura que la está tramitando actualmente.

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