La Generalitat rehúye dar una solución global a los afectados por el derrumbe del edificio de Badalona
El Gobierno catalán solo pagará la mitad del coste de las inspecciones y no se plantea reubicar a los vecinos en un espacio común
Veinte días después de que el derrumbe del número 9 de la calle Canigó de Badalona provocara tres muertes y un efecto dominó que ha obligado a desalojar cuatro bloques (80 pisos), la Generalitat ha hecho este lunes acto de presencia, por primera vez, en el epicentro de la desgracia. La primera consejera que ha visitado el lugar ha sido la de Territorio, Ester Capella, que se ha reunido con el alcalde, Xavier García Albiol, y representantes del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) en el casal del Raval (a escasos metros de la calle Canigó). La reunión técnica ha acabado sin promesas, sin presupuesto y sin soluciones concretas. Tras la misma, Capella ha querido visitar los edificios afectados y allí se ha topado con una decena de vecinos que han afeado la ausencia de la administración catalana durante esta tres semanas.
“Pere Aragonés no ha venido ni un solo día a vernos. Ni se ha preocupado por nosotros”, recriminaba Juan Recay, uno de los vecinos evacuados del número 9 de la calle Canigó. Capella ha intentado dialogar con los vecinos y rápidamente ha puesto fin a la visita. “Ya se marcha la Generalitat”, ha espetado otro de los vecinos mientras Capella se iba. El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha continuado hablando con los afectados y ha concluido que necesita tiempo para finalizar los informes y, solo entonces, encontrar soluciones. Albiol ha apuntado que “a lo mejor” los pisos donde realojar vecinos no estarán cerca de Badalona.
La consejera de Territorio y el vicepresidente del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), Antoni Balmón, se han reunido este lunes con Albiol en el casal del Raval de Badalona. El orden del día era un tanto ambiguo: “Analizar las consecuencias y las actuaciones a llevar a cabo derivadas del derribo del edificio de la calle Canigó”. Tras la reunión, la única promesa que se ha evidenciado es que la Generalitat asumirá el 50% del coste de las inspecciones que se están efectuando en los 22 edificios de la promoción afectada (420 pisos).
Hasta la fecha, además del edificio que sufrió el colapso en su estructura (en el 9 de la calle Canigó), están desalojadas las fincas del número 7, 11 y 5. En total 80 pisos en los que vivían 76 familias (cuatro pisos estaban vacíos) que han abandonado sus casas y se han instalado en pisos de allegados. Hay siete familias (20 personas entre las que se encuentran cinco niños) que las han alojado en hoteles y pensiones. Capella ha explicado que en breve firmarán un convenio con el Ayuntamiento, donde la Generalitat aportará “más de la mitad” de los recursos para la elaboración de un informe sobre la situación de los edificios de la manzana de las calles Canigó, Llefià y Ausiàs March.
Desde el viernes han aparecido nuevas grietas en dos edificios de la calle de Canigó y dos de Ausiàs March. Aun así, tras las revisiones efectuadas se desestimó desalojar las fincas y los vecinos han continuado viviendo en sus domicilios. Por otro lado, los supervivientes del número 9 se han reunido este lunes para personarse en la causa. “Ahora los vecinos de las otras fincas denunciarán a nuestro seguro y mientras nosotros no tenemos soluciones a la falta de pisos. Mira los de la desgracia de Valencia, qué rápido se han movido las instituciones para proporcionarles una vivienda”, mantiene Recay. “Cuando se dignen a alojarnos en pisos seguro que son en otros municipios porque en Badalona no hay”, denuncia el vecino. La consellera Capella ha asegurado que con la empresa que está efectuando las revisiones se redactará un informe final y después un convenio que servirá para desarrollar una “radiografía exacta” del problema.
La Generalitat y el Ayuntamiento han mantenido que “nadie se quedará en la calle” y se buscará una solución habitacional para los vecinos del bloque derrumbado en las próximas semanas mientras que el resto de afectados tendrán que esperar a los informes técnicos. No se ha tomado ninguna decisión sobre su futuro, pero descartan que la decisión sea conjunta. “Cuando tengamos los informes nos sentaremos y buscaremos las soluciones con cada una de las realidades de las familias. No podemos decidir sin ver los ingresos de cada familia”, ha mantenido Albiol. “Además, las aseguradoras también tendrán algo que decir”, ha añadido Capella. Albiol ha sacado pecho con la gestión que está llevando a cabo el gobierno municipal y ha sentenciado: “El Consistorio lleva gastados 100.000 euros en esta crisis”.
Por su parte, el vicepresidente ejecutivo del AMB ha destacado que las tres administraciones están “sumando esfuerzos”, con el objetivo de encontrar soluciones para atender a los vecinos afectados, que ahora mismo están en una “situación vulnerable”.
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