La amnistía, un debate invisible en Cataluña

“La gente está quemada. Y decepcionada con los políticos”. Habla Manel, detrás de la barra de ETC, la cafetería que hace 20 años regenta con su mujer en Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona). Esa es su explicación sobre qué esconde el silencio bajo el que ha desaparecido el debate de la amnistía en Cataluña, justo lo contrario del enconamiento que se vive en el resto de España. Este municipio, de 10.000 habitantes, saltó a las portadas en 2018 a raíz de los...

“La gente está quemada. Y decepcionada con los políticos”. Habla Manel, detrás de la barra de ETC, la cafetería que hace 20 años regenta con su mujer en Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona). Esa es su explicación sobre qué esconde el silencio bajo el que ha desaparecido el debate de la amnistía en Cataluña, justo lo contrario del enconamiento que se vive en el resto de España. Este municipio, de 10.000 habitantes, saltó a las portadas en 2018 a raíz de los rifirrafes entre independentistas y contrarios a la secesión por los lazos amarillos con que se llenó la carretera a la cercana prisión de Lledoners, donde estaban recluidos la mayoría de los líderes del procés. Sant Joan se convirtió en el epicentro de ese símbolo “antirrepresivo” y ahora atestigua, con los lazos desteñidos y deshaciéndose en las cercas, la invisibilidad de un tema que condiciona el futuro de la legislatura.

La pareja ha vivido los últimos años del procés desde una tribuna privilegiada. La cafetería está delante del instituto Quercus, cuyas puertas acristaladas la policía tumbó a porrazos para incautarse de las urnas en el referéndum ilegal de 2017 y donde un manifestante le lanzó una silla a un agente (pactó una pena de nueve meses de prisión). Testigos de mil y una tertulias políticas, ambos han servido comidas y cafés a abogados, activistas, periodistas y hasta al propio Jordi Turull al volver de uno de sus permisos penitenciarios. Ese trajín se acabó con los indultos, pero el apasionamiento de antaño tampoco es el mismo, ni siquiera con el debate de la amnistía, de la que Manel dice estar a favor porque cree que debe servir “para poder negociar en igualdad de condiciones”.

Esa supuesta falta de entusiasmo en torno a la amnistía en Cataluña se sitúa entre la paradoja y la obviedad. Según una encuesta de 40Db. realizada en Cataluña para EL PAÍS a finales de agosto, un 60% de los encuestados se mostró favorable a la “desjudicialización como parte de un acuerdo de investidura”. Ese porcentaje está en Madrid 20 puntos porcentuales por debajo y llega a mínimos significativos del 36% en Andalucía o el 33% en Castilla y León. Pero más allá de esas estadísticas, como señala un dirigente patronal, ese distanciamiento podría tener que ver con que “mucha gente ya lo da por hecho”. Otra voz autorizada del mundo económico tiene otra versión: “A estas alturas la gente ya está saturada”. “La gente lo ve como un acto de normalidad”, dice otro.

Si hay más calma en Cataluña es porque la acción de la justicia descabezó el proceso independentista”

Àlex Ramos, vicepresidente de Societat Civil Catalana

“Hay más debate del que parece”, disiente Àlex Ramos, vicepresidente de Societat Civil Catalana (SCC). La entidad constitucionalista ha convocado el 8 de octubre una manifestación en el paseo de Gràcia barcelonés para intentar aflorar el rechazo ciudadano transversal que, defiende, existe contra lo que considera una maniobra “frívola” del presidente del Gobierno para mantenerse en el poder. Ramos carga contra los indultos y las modificaciones del Código Penal sacados adelante por el actual Ejecutivo de Pedro Sánchez. “No es cierto que haya más calma en Cataluña por esas medidas, y si la hay es gracias a que la acción de la justicia descabezó el proceso separatista y que Sánchez quiere ahora borrar”, asevera.

Esa movilización contrasta con el mutismo de un independentismo que lleva varias diadas pidiendo, entre otras exigencias, la amnistía. En 2019, Òmnium Cultural sí lanzó una campaña específica, Absolución y amnistía, y en su manifiesto a favor del perdón firmaron, entre otros, el exentrenador del Barça Pep Guardiola y el exconsejero socialista Antoni Castells. Pero han pasado cuatro años, ya se han dado otros pasos evidentes para el deshielo en las relaciones entre la Generalitat y La Moncloa y la movilización independentista parece ir a la baja. No solo por la reducción de asistentes a la manifestación de la Diada de hace dos semanas: ERC, Junts y la CUP perdieron 920.000 votos en las últimas elecciones generales, pese a ser ahora imprescindibles para la reedición del Gobierno de PSOE y Sumar.

Un financiero más próximo al PP que al nacionalismo catalán explicaba el jueves que durante esta semana ha asistido a tres eventos multitudinarios en Barcelona y, sin embargo, los planes que negocian los partidos independentistas con el equipo de Sánchez no han estado en ninguna de las conversaciones en las que ha participado. Tampoco el expresident fugado a Bélgica, Carles Puigdemont. Otros confirman ese mismo mutismo sobre el tema en las dos juntas directivas celebradas este mes en la patronal Foment del Treball, institución muy activa en el momento de la aprobación de los indultos. Aunque el mutismo también está condicionado ahora por las palabras del jefe de la CEOE, Antonio Garamendi, que esta semana ha dicho no estar a favor de la medida por inconstitucional, lo que podría acallar a la patronal catalana para evitar dar la imagen de división interna. Tampoco ha entrado todavía en el debate el Círculo de Economía, que en 2020 se mostró a favor de los indultos e incluso de la supresión de la sedición, aunque criticaba las formas aceleradas con las que se hicieron los cambios legales, algo similar a lo que recuerdan ahora algunas personas consultadas. La aprobación de una amnistía acelerada sí que levanta ampollas en algunos consultados que igualmente la defienden: “El origen es complicado, porque lo hacen porque quieren unos votos y da la sensación de que en la política española hay poco convencimiento de que es necesario hacerlo”.

No se trata solo de una cuestión de discusiones públicas o privadas en los despachos y los pasillos del poder. El jueves, en un grupo de WhatsApp, un catalán que reside en Madrid compartió a primera hora de la mañana las portadas de La Vanguardia y El Periódico, cabeceras de referencia en Barcelona. Ninguna de las dos recogía una intervención en Nueva York de Pedro Sánchez en la que prácticamente abrió las puertas a la amnistía tras cerrarlas en el pasado. Todos los diarios con sede en la capital española recogían su posición con grandes titulares. “O llevo mucho tiempo en Madrid o hay algo que se me escapa, para que no lleven nada de las declaraciones de Sánchez”, venía a decir en un par de mensajes la misma persona que envió las dos capturas de pantalla. La respuesta de una de las integrantes del chat, residente en Barcelona, da buena idea de cómo se vive el debate: “¿Sobre la amnistía? No sé por qué, pero me da que es un tema que importa más fuera que dentro de Cataluña. A mi alrededor, al menos, nadie habla de eso”.

“Se habla entre poco y nada”, coincide Camil Ros, secretario general de UGT en Cataluña, en una opinión que choca con la de Javier Pacheco, su par en CC OO: “En el sindicato sí se habla y forma parte de los informes de análisis de situación, pero lo vemos como la forma definitiva de abandonar el procés”. Pese al ruido que llega de Madrid, donde el PP ha convocado un acto para este domingo con los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy —y aprovecha las brechas en el PSOE para apelar al transfuguismo de cara al debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo— para mostrar su rechazo a la medida, en Cataluña la amnistía se entiende como un paso más en la desjudicialización del procés y no ha suscitado ni de lejos el interés de los indultos que beneficiaron a los líderes independentistas ni la modificación del Código Penal con la reforma de la malversación. Ese silencio se explica quizás por un deseo de acabar con “una matraca permanente”, como la define Joaquim Coello.

Acabemos ya, que haya un Gobierno y que el país funcione”

Joaquim Coello, empresario

Coello fue una de las cuatro personas (junto a Emilio Cuatrecasas, Juan José López Burniol y Marian Puig) que en 2017 buscaron en el PNV una intermediación que frenara las intenciones del Govern de Carles Puigdemont y Oriol Junqueras de declarar la independencia. Con una dilatada carrera, también cerca de la Administración, el exdirectivo mantiene una tupida red de contactos y asegura que entre la mayoría de los empresarios que conoce, la amnistía no es ningún problema, sino una solución que incluso beneficiará al PP cuando gobierne por mucho que “sus votantes piensen que se está rompiendo España”. En resumen, asume la amnistía al independentismo como una más de las que ha habido a lo largo de la historia de España. “Acabemos ya, que haya un Gobierno y que el país funcione”, dice con cierto hartazgo.

“El debate sobre la amnistía en Cataluña ya lo tuvimos tras el juicio al procés”, defiende Dani Villalaín, portavoz de la plataforma Amnistia i Llibertat, recordando cómo en 2021 esa plataforma, junto a ERC, Junts, PDeCAT y CUP presentaron un texto de ley de perdón ante el Congreso, que fue rechazado por su supuesta inconstitucionalidad. “La amnistía es parte de ese gran consenso sobre que hay que darle una respuesta política y democrática al conflicto”, asegura, recordando que en su día presentaron 200.000 firmas en apoyo al perdón que, según Òmnium, podría llegar a 1.432 personas que según sus cálculos, han sido “juzgadas, condenadas e investigadas” por cuestiones relacionadas con el procés. “Es el momento de dejar a los partidos negociar y hacerlo con discreción”, reclama.

Volviendo a la barra del ETC, Manel espera que la negociación que parece monopolizar ahora Junts “sea más exitosa” que la de ERC, a quienes acusa de “haberse bajado los pantalones”. “Quiero creer que puede ser que llegue una solución, o me llevaré otra decepción”, confiesa. Y espera la jubilación para irse a un sitio donde no le “desplumen” a impuestos.

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