Govern, PSC y Junts ultiman un nuevo pacto antisequía que flexibiliza las sanciones
La propuesta mantiene el régimen sancionador a los municipios que superen los consumos máximos de agua pero lo condiciona la financiación de infraestructuras
El bloqueo político ante la sequía empieza a ver la luz al final del camino. ERC, PSC y Junts ultiman, de cara al pleno parlamentario del próximo miércoles, un texto legal que acerca posiciones respecto al régimen sancionador por el mal uso del agua, el punto que impidió el acuerdo en la cumbre de partidos celebrada ya hace un mes. La música del acuerdo es la vinculación de la entrega de ayudas públicas para obras urgentes a eso...
El bloqueo político ante la sequía empieza a ver la luz al final del camino. ERC, PSC y Junts ultiman, de cara al pleno parlamentario del próximo miércoles, un texto legal que acerca posiciones respecto al régimen sancionador por el mal uso del agua, el punto que impidió el acuerdo en la cumbre de partidos celebrada ya hace un mes. La música del acuerdo es la vinculación de la entrega de ayudas públicas para obras urgentes a esos municipios que, precisamente, incumplen la norma por la carencia de esas infraestructuras. Si hay fumata blanca, el articulado pasaría sin problemas el debate.
El Govern y el grupo que le da apoyo, Esquerra Republicana, insisten en la necesidad de que exista un régimen sancionador para evitar los excesos, pero defienden que no es una medida recaudatoria. La portavoz del partido en el Parlament, Marta Vilalta, ha asegurado que es el mecanismo que realmente enmarca el papel del mundo local en el plan de contingencia ante la falta de lluvias. “Si hay buena voluntad y corresponsabilidad, no habrá sanciones”, ha asegurado la republicana.
Los socialistas liderados por Salvador Illa han logrado así matizar el punto que más criticaban y que ven como una maniobra de la Generalitat para centrifugar su responsabilidad ante la crisis derivada por años sin un ciclo de lluvias normal. “Vamos a dar la oportunidad a los ayuntamientos de que puedan iniciar las ejecuciones necesarias para el objetivo que se persigue, que es que tengan una mejor eficacia y eficiencia en su red en baja”, ha defendido la diputada del PSC Silvia Paneque. En la fallida cumbre de marzo, Junts había abogado por poner una moratoria al régimen sancionador -el 1 de julio- pero la idea no prosperó.
Las tres partes buscan los mecanismos administrativos que permita condicionar las ayudas con las multas. Cada municipio tiene una cuota asignada de utilización de agua, derivada del histórico de sus consumos, y las infracciones se ponen en función de que se sobrepasen o no esos baremos. Por ejemplo, si se riegan jardines públicos o se limpian las calles pese a las restricciones. Los gobiernos municipales también tendrían que multar a ciudadanos malgastadores, algo que preocupaba especialmente a los socialistas en pleno periodo electoral. Ahí estaría por ejemplo la prohibición de llenar piscinas que no sean de uso comunal, algo que los Ayuntamientos dicen no poder controlar por falta de herramientas.
La Generalitat ve cerca el protocolo con el Gobierno sobre la B-40
El protocolo para construir el tramo de la B40 entre Terrassa y Sabadell tampoco ha visto la luz este jueves, en la reunión celebrada entre representantes del Gobierno y de la Generalitat. Ambas partes certifican que atrás se ha dejado el enroque posterior a la aprobación de las cuentas pero aún no hay acuerdo, aunque desde el Ejecutivo catalán creen que está "cerca".
“Confío que en las próximas fechas podamos intercambiarnos papeles para llegar a un entendimiento”, ha asegurado tras el encuentro David Lucas, secretario de Estado de Transportes. En la reunión se han revisado “aspectos técnico jurídicos”, ha añadido la secretaria general de Presidencia del Govern, Núria Cuenca.
“Ya estamos en los detalles”, ha añadido Cuenca. Ambas partes han asegurado que solo se está hablando de un tramo específico (entre las capitales del Vallés), recordando que el límite para el protocolo es el pacto presupuestario de la Generalitat entre ERC y PSC.
Entre los detalles que habría que cerrar para el pacto están, por ejemplo, en qué momento se suspende la infracción -si es cuando se pide la subvención a los programas de la Agencia Catalana del Agua (ACA) o cuando se entrega el dinero para ejecutar la obra en cuestión- y cuál debería ser el calendario de todo el proceso. La ACA ya había anunciado que daría asesoramiento técnico especial a los Consistorios más pequeños de cara a que no se pierdan en la maraña burocrática. Decenas de Ayuntamientos, de hecho, habían obviado convocatorias similares en años anteriores y en muchas poblaciones la red está muy envejecida y facilita que se pierda agua.
Las conversaciones de los tres grupos también se extenderán a los comunes, con lo cual su futuro en el Parlament estaría más que asegurado. Los acuerdos se votarían dentro de la proposición de ley promovida por Junts y que terminaría por complementar el decreto ley aprobado por el Govern y convalidado en la Cámara el pasado 30 de marzo. La oposición le dio el visto bueno pese a las críticas, eso sí, asegurándose que también se tuviera que tramitar como proyecto de ley. Todo quedó en camino muerto cuando en la cumbre de partidos posterior no se puedo llegar a un acuerdo. Todas las formaciones se acusaron mutuamente de actuar por electoralismo e improvisación. El ACA se comprometió a sacar adelante otras medidas que también se incluirán ahora, como instrumentos para agilizar los trámites de contratación para obras relacionadas con el suministro de agua, la convocatoria de nuevas subvenciones y rendir cuentas en una mesa específica a la oposición.
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