La consejera catalana Meritxell Serret reivindica el 1-O en su juicio por desobediencia: “No fue un delito”

La consejera de Acción Exterior de la Generalitat de Cataluña, Meritxell Serret (ERC), ha lanzado este miércoles un alegato político en el juicio contra ella por desobediencia por su papel en el procés independentista de 2017. Arropada por miembros de su partido y de Junts —que han escenificado una débil tregua en su pugna por l...

La consejera de Acción Exterior de la Generalitat de Cataluña, Meritxell Serret (ERC), ha lanzado este miércoles un alegato político en el juicio contra ella por desobediencia por su papel en el procés independentista de 2017. Arropada por miembros de su partido y de Junts —que han escenificado una débil tregua en su pugna por la hegemonía del secesionismo—, Serret no ha contestado a ninguna de las partes y se ha centrado en convertir la declaración judicial en manifiesto político. “Me reafirmo en que el 1-O no fue delito, votar no fue delito”, ha dicho en alusión al referéndum ilegal de autodeterminación de octubre de 2017. Como miembro del Ejecutivo que organizó esa consulta —entonces ocupaba la cartera de Agricultura—, Serret ha alegado que debía “dar respuesta a la mayoría parlamentaria y al mandato democrático” de los ciudadanos.

El juicio contra Serret se produce en un clima enrarecido por el regreso a España de otra exconsejera de aquel Govern, la eurodiputada Clara Ponsatí. Esta se presentó el martes en Barcelona tras cinco años huida de la justicia, y apenas tres meses después de que el Congreso derogara el delito de sedición que se le imputaba inicialmente y por el que se exponía a altas penas de cárcel. Sobre Ponsatí pesaba una orden de detención firmada por el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena por un delito de desobediencia, que no implica penas de prisión. La eurodiputada de Junts dio una rueda de prensa en Barcelona y, como estaba ordenado, fue detenida por los Mossos y trasladada al juzgado de guardia. Cinco horas después, Llarena ordenó su puesta en libertad y la citó a declarar por desobediencia el 24 de abril. Ponsatí volvió al Parlamento Europeo, en Bruselas, el mismo martes.

A diferencia de Ponsatí, que regresó a España de manera inesperada para exhibir su desafío al Supremo, Serret se entregó en marzo de 2021 en el alto tribunal, donde estaba procesada únicamente por desobediencia, después de tres años y medio fugada en Bélgica. La llegada por sorpresa de Ponsatí la víspera del juicio contra Serret, y las declaraciones suyas y del expresident prófugo Carles Puigdemont el mismo martes, parecían querer subrayar —a dos meses de las elecciones municipales— las distintas formas del independentismo de abordar las relaciones con la justicia. La eurodiputada de Junts, tal vez la voz más radical de entre los políticos que se proclaman “exiliados”, fue especialmente crítica con Serret: “Va dando tumbos por el mundo y pone una bandera española tres veces más grande que la catalana”, afirmó, en alusión a su trabajo como consejera de Acción Exterior.

Casi siempre unidos cuando se trata de afrontar las consecuencias penales del 1-O, los partidos independentistas han tratado de firmar una frágil tregua este miércoles. Serret se ha presentado en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para ser juzgada por desobedecer en 2017 los mandatos del Tribunal Constitucional de impedir el referéndum del 1-O. La Fiscalía pide que sea condenada a un año de inhabilitación. Ha llegado arropada por toda la cúpula de ERC —incluidos tres de los condenados a penas de cárcel por sedición y malversación en el juicio del procés en 2019: Oriol Junqueras, Raül Romeva y Dolors Bassa— y también por el presidente del Govern, Pere Aragonès. Y ha intentado quitar hierro a la polémica con Ponsatí: Serret se ha mostrado “muy contenta y muy feliz” por el regreso de la eurodiputada de Junts y le ha ofrecido su “solidaridad plena” ante “el mismo Estado represor” que pretende “criminalizar al independentismo”. La actual consejera se ha reafirmado, no obstante, en su “estrategia jurídica” y la de su partido, que pasa por ponerse a disposición de los tribunales. Ponsatí, por el contrario, aseguró el martes que no reconoce la legitimidad de esos tribunales y en el aire está saber si el 24 de abril, día en que la ha citado Llarena, se presentará en el Supremo: el juez ya le ha advertido de que, si no lo hace, mandará detenerla.

“No es día de reproches”, ha sentenciado el secretario general de Junts, Jordi Turull, a las puertas del TSJC. Hasta allí se ha desplazado el Govern casi en pleno, lo mismo que cargos de la CUP (como Eulàlia Reguant y Carles Riera) y los máximos responsables de Junts. Entre ellos estaba Laura Borràs, que en las próximas horas —previsiblemente, el jueves— sabrá si es condenada por prevaricación y falsedad por fraccionar contratos para adjudicarlos a dedo entre 2013 y 2018, durante su etapa al frente de la Institución de las Letras Catalanas. El apoyo de Junts a Serret contrasta con el que el martes por la tarde recibió Ponsatí frente a la Ciudad de la Justicia, donde la delegación de ERC fue más que discreta.

Ya en la sala de vistas, en un juicio que se ha ventilado con celeridad, Serret ha dicho que no quería declarar. “No responderé a preguntas de las partes. A mi abogado tampoco. Haré una manifestación”, ha afirmado. Tras una advertencia del presidente del tribunal, Fernando Lacaba, el abogado ha acabado formulándole una única pregunta, que ha servido a la consejera para hilvanar un discurso político.

La fiscal ve “electoralismo”

“Las convicciones que tenía entonces las mantengo. El proyecto independentista es legítimo”, ha dicho la consejera, que ha defendido el derecho de autodeterminación y el legado del 1-O como “una expresión del principio de soberanía”. Serret ha recordado que el Ejecutivo que organizó el referéndum “se había presentado a las urnas con un programa netamente independentista” que no fue invalidado, y ha señalado que en el seno del Govern hubo debate para “sopesar” hasta qué punto había que atender los mandatos del Tribunal Constitucional y, al mismo tiempo, dar respuesta a la mayoría parlamentaria. “Intenté tomar decisiones coherentes con ese mandato. Organizar un referéndum no es un delito en el Código Penal español ni vulnera derechos de nadie”, ha dicho. Serret ha seguido al pie de la letra las tesis de ERC al criticar al Estado por “judicializar” un conflicto que, en su opinión, “es político y solo se puede resolver desde la política”.

Tras anunciar que mantiene su petición de pena para Serret —un año de inhabilitación y 12.000 euros de multa—, la fiscal del caso, Neus Pujal, le ha reprochado que haya transformado su declaración en un mitin: “Vamos a basarnos en términos jurídicos, no vamos a hacer electoralismo. Aquí no se está criminalizando ninguna idea ni el fiscal ha acusado a ningún votante del 1-O. No intentemos desviar la atención”. Pujal ha recordado que la entonces responsable de Agricultura recibió hasta cinco requerimientos del Constitucional y que, al no abandonar el Govern como sí hicieron otros consejeros, “asumió que estaba desobedeciendo”.

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