Aragonès salva por la mínima su plan contra la sequía con una lluvia de reproches de la oposición

El Govern de Pere Aragonès ha salvado por la mínima este miércoles en el Parlament el decreto antisequía gracias a la abstención de PSC, Junts, CUP y En Comú Podem (79 votos). El texto ha prosperado por 34 votos a favor (los de ERC y del diputado no adscrito Antonio Gallego) y ha recibido 19 en contra de la bancada de la derecha (Vox, Ciudadanos y PP). La aprobación no le ha salido gratis al Ejecutivo: la Cámara l...

El Govern de Pere Aragonès ha salvado por la mínima este miércoles en el Parlament el decreto antisequía gracias a la abstención de PSC, Junts, CUP y En Comú Podem (79 votos). El texto ha prosperado por 34 votos a favor (los de ERC y del diputado no adscrito Antonio Gallego) y ha recibido 19 en contra de la bancada de la derecha (Vox, Ciudadanos y PP). La aprobación no le ha salido gratis al Ejecutivo: la Cámara le ha tirado de las orejas por lo que considera una falta de diálogo en su redacción y ha votado a favor de tramitar el decreto como proyecto de ley para poder hacer aportaciones (98 a favor y 34 en contra).

La consejera de Acció Climàtica, Teresa Jordà, ha abierto la puerta a que la Generalitat apruebe un segundo decreto ley complementario, que incluya los cambios que se negocien y así no haya que esperar a todo el trámite parlamentario. El articulado, entre otras cosas, incluye medidas contractuales para que los Ayuntamientos agilicen la ejecución de obras que garanticen el suministro de agua. El principal desacuerdo radica en la creación de un régimen de sanciones que recae sobre los Consistorios y que los socialistas creen que les transmite a los municipios una responsabilidad que debería ser del Govern.

El debate se ha celebrado en medio de la incertidumbre por el desenlace final y ha sido una fotografía de la soledad parlamentaria del Govern. La oposición ha criticado en tromba la falta de diálogo del Ejecutivo y el president Pere Aragonès ha pedido a los grupos “máxima responsabilidad” y no hacer “partidismo” con la sequía alertando de que si no se aprobaba se aplazarían meses las obras previstas. Para Salvador Illa, el jefe de la bancada socialista, la cumbre con los partidos para abordar la situación derivada de 26 meses sin lluvias regulares, programada para el día 31, llega muy tarde y “después de aprobar unilateralmente un decreto no consensuado con nadie, un decreto de fiscalización, en lugar de un decreto de inversión”, haciendo referencia al régimen sancionador. “Usted va a su aire sin hablar con nadie. Esta actitud no se corresponde con los apoyos que tiene. Es necesario un cambio de rumbo y dependen de usted”, le ha espetado el también jefe de la oposición, recordando así que Aragonès solo tiene asegurados 34 votos de 135.

Junts y los comunes también se han abstenido y han expresado la misma preocupación sobre la falta de diálogo del Ejecutivo. Albert Batet, que lidera el grupo de los exsocios de los republicanos, ha aprovechado su turno en la sesión de control para listar cinco medidas del Govern que, ha defendido, deberían haber sido consensuadas con la oposición ante la falta de una mayoría parlamentaria. A parte del decreto de la sequía, Batet ha mencionado el decreto de reorganización de los Mossos d’Esquadra, el plan de turismo o el grupo promotor del Acuerdo de Claridad para el referéndum como ejemplos de decisiones que se promueven incluso pese a que la Cámara se ha posicionado en contra. “El Parlamento le estorba”, le ha dicho. El portavoz de los comunes, David Cid, ha remarcado que proyectos como el del Hard Rock chocan con la apuesta del Ejecutivo por la sostenibilidad y dejan en evidencia lo que ve como falta de “planificación ecológica”.

El president ha recordado que este año se licitarán obras como la ampliación de la desalinizadora de Tordera o la nueva estación de tratamiento de aguas residuales en el Besós y también ha abierto la mano a la oposición a que las propuestas que se pacten con los grupos se incluyan en un decreto ley complementario al que se ha convalidado. Esta fórmula permitiría agilizar su puesta en marcha, pero la oposición ha preferido guardarse la carta del trámite como proyecto de ley del actual articulado. Jordà ha calificado el documento, de carácter muy técnico, de ser una “caja de herramientas” y ha apuntado que sus objetivos son tres: Proteger los abastecimientos, agilizar los trámites y disuadir incumplimientos de las instituciones. Jordà ha negado que el decreto tuviera la vocación de sancionar a los Ayuntamientos que no han realizado sus planes antisequía. “No lo dice en ningún lugar”, ha dicho.

El PSC critica que desde 2019 la Agencia Catalana del Aguan (ACA) ya había presagiado la situación actual y que, sin embargo, no se habían ejecutado todas las inversiones necesarias. El articulado, consideran, pone el acento en las sanciones, no solo para los Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes que no presenten su plan antisequía sino también porque creen que se centrifuga a los municipios la obligación de multar algunas conductas, justo a las puertas de unas elecciones municipales. La ACA exige de hecho ese plan a los municipios desde 2020 y solo 11 de 40 -siete de ellos del PSC- no lo han registrado.

Los socialistas quieren que el nuevo decreto-ley incluya un periodo de transitorio para los municipios que aún no han presentado sus planes, dotarles de recursos para las obras urgentes y hacer un listado de las infraestructuras prioritarias. Los comunes y la CUP han coincidido en subrayar la incoherencia de someter al sector primario y al conjunto de la ciudadanía a restricciones cuando a la vez se impulsan macroproyectos y se apuesta por el turismo sin tener suficientes recursos hídricos.

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