Guardabosques fallecidos en acto de servicio y que las administraciones no indemnizan

Ninguna de las familias de los tres agentes forestares fallecidos -o asesinados- mientras estaban trabajando, en los últimos años, en España ha recibido un céntimo de las administraciones públicas para las que trabajaban sus allegados. Esta ausencia de indemnizaciones han indignado al australiano Sean Willmore, director general de la Fundación The Thin Green Line -dedicada a brindar la asistencia que necesitan a guardabosques de todo el mundo - y entre 2012 y 2019 presidente de la Federació...

Ninguna de las familias de los tres agentes forestares fallecidos -o asesinados- mientras estaban trabajando, en los últimos años, en España ha recibido un céntimo de las administraciones públicas para las que trabajaban sus allegados. Esta ausencia de indemnizaciones han indignado al australiano Sean Willmore, director general de la Fundación The Thin Green Line -dedicada a brindar la asistencia que necesitan a guardabosques de todo el mundo - y entre 2012 y 2019 presidente de la Federación Internacional de Rangers (IFR) que agrupa a casi a un millón de ellos. Willmore ha redactado una carta abierta en la que insta a las administraciones españolas a hacer “lo correcto” tras participar el pasado octubre en el VI Congreso Estatal de Agentes Forestales y Medioambientales en la Rioja.

En los últimos 40 años, 26 Agentes Medioambietales han muerto en España. Cinco fueron asesinados. Entre ellos se encuentran -Xavier Ribes de 43 años y David Iglesias de 39- los dos agentes forestales que fueron abatidos en Aspa (Lleida) en 2017. Los 21 restantes han perecido en incendios forestales, como Fran Santana de 54 años en la isla de la Palma en 2016, en accidentes de tráfico, por caída de rocas, en accidente de helicóptero, por un suicidio declarado accidente de trabajo, o ahogado como Juan Pedro Cruz-Sagredo, de 55 años, por la subida de un río en Salamanca el pasado diciembre. Ninguno de los perecidos en acto de servicio en los últimos años ha recibido ni un euro de las administraciones competentes, ni del Cabildo de la Palma, ni de la Generalitat, ni se espera de la Junta de Castilla y León.

The Thin Green Line es la única organización dedicada exclusivamente a dar asistencia a los guardabosques. La entidad tiene una amplia gama de programas efectivos desde Kenia a Tanzania, Costa Rica, Guatemala, Tailandia y en más lugares del mundo. Si un guardabosques pierde la vida en el cumplimiento del deber, la entidad ayuda a garantizar que las viudas y las familias sean atendidas en el futuro.

La fundación dona 2.000 dólares a cada familia de forestales fallecidos. The Thin Green Line, cuando tuvo conocimiento que las administraciones responsables de la seguridad de los agentes fallecidos en España habían “desatendido a las familias”, les hicieron llegar esta cantidad. Conscientes de que esta suma no tiene el mismo impacto en un país pobre que en uno rico, las familias de los agentes quisieron renunciar argumentando que era la administración quien debía responder cuando perdía la vida un trabajador en acto de servicio y que este dinero podía ser mucho más útil en países subdesarrollados. La fundación australiana no sólo hizo el pago sino que se comprometió a pedir formalmente por carta a las autoridades españolas que fueran solidarias con las familias de su personal fallecido.

La carta empieza recordando que el año pasado 150 Rangers murieron en el cumplimiento del deber en todo el mundo, con poca o ninguna compensación a las familias que dejaron atrás. Willmore sostiene que han visto la necesidad de extender su ayuda monetaria a las familias de los agentes asesinados y fallecidos en España al saber que “no recibieron apoyo de sus gobiernos a pesar de ser un país desarrollado y con recursos económicos”.

“Ya que el mundo aspira a tener el 30% de sus tierras y aguas protegidas para 2030″, sigue la misiva, “es importante que instemos a todas las administraciones a que garanticen que los que trabajan en la primera línea de la protección de la naturaleza, también estén protegidos”. Para Willmore es primordial que cuando se pierde una vida en el cumplimiento del deber, “el mundo desarrollado lidere el camino para apoyar tanto a sus guardabosques en el campo como a las familias de los asesinados o fallecidos mientras protegen nuestro medio natural, nuestro futuro”. Por ello pide a las administraciones españolas responsables de los cuerpos de agentes forestales y medioambientales a que “hagan lo correcto, convirtiéndose en referente en el cuidado de sus héroes de la conservación”.

Esta semana se han cumplido seis años del doble asesinato de los agentes forestales en Aspa (Lleida) y la Generalitat sigue sin pagar la indemnización. La Audiencia la fijó en 1.077.000 euros, pero como el asesino se declaró insolvente sólo cobraron 300.000 euros del seguro del cazador. Tras finalizar la vía penal presentaron una reclamación patrimonial a la Generalitat pidiendo la cuantía que les faltaba. En septiembre de 2020 la comisión jurídica asesora concluyó que el daño sufrido por los agentes en una inspección de caza “se debió a la intervención determinante de un tercero -el cazador- ajeno al funcionamiento del servicio público” y que era “un evento lesivo muy difícil de prevenir”, negando la “relación causa-efecto” que implicaría una responsabilidad. Agricultura se opuso a la demanda y el abogado de las familias, Pau Simarro, recurrió a la Sala del Contencioso Administrativo del TSJC. Todavía no se ha dictado sentencia.

Manel Vidal, exrepresentante sindical de CCOO, asegura que “las reclamaciones no son solo de la indemnización económica que permita a los huérfanos cursar los estudios que podrían haber hecho con sus padres vivos”, también hay “una necesidad de reconocimiento por parte de la administración que les estaba mandando a hacer un trabajo sin las medidas preventivas necesarias”. “Cada uno de ellos, estaban haciendo su trabajo como se les había ordenado y no regresaron a sus casas”, lamenta.

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