Los municipios catalanes buscan edificios públicos para rehabilitarlos como guarderías

Mientras cae la natalidad, los astros se han alineado para favorecer la creación de plazas públicas de guarderías: la gratuidad de la etapa de Infantil2 ha disparado la demanda y los fondos europeos, que están por llegar, ayudarán a financiar nuevas plazas. Los ayuntamientos se apresuran en buscar fórmulas rápidas y económicas para aumentar la oferta. Las opcio...

Mientras cae la natalidad, los astros se han alineado para favorecer la creación de plazas públicas de guarderías: la gratuidad de la etapa de Infantil2 ha disparado la demanda y los fondos europeos, que están por llegar, ayudarán a financiar nuevas plazas. Los ayuntamientos se apresuran en buscar fórmulas rápidas y económicas para aumentar la oferta. Las opciones preferidas son dos: ampliar las escuelas infantiles actuales y rehabilitar espacios públicos en desuso para convertirlos en guarderías. La realidad por ahora es que “faltan plazas, especialmente en el área de Barcelona y en los municipios de la costa”, resume Jean-Marc Segarra, director general de Centros públicos del Departamento de Educación.

En un momento donde los nacimientos bajan año a año, estos ayuntamientos se han encontrado este curso de forma inesperada con un alud de solicitudes, hasta un 35% más, y en cambio el número de plazas no ha aumentado en muchos municipios. La gratuidad de la etapa I2 que entró en vigor este curso es uno de los factores que ha animado el volumen de peticiones. Pero también la demanda se ha recuperado después de la pandemia, cuando muchas familias optaron por dejar a sus hijos en casa. “Los padres han tenido que volver al trabajo y han preferido llevar a los hijos a la escuela infantil para proteger a los abuelos”, analiza Segarra.

Para hacer frente a esta necesidad, los ayuntamientos contarán con los fondos europeos Next Generation. Cataluña recibirá 110 millones para crear 10.000 plazas de guarderías públicas en tres años. Está previsto que en pocos días se publique la convocatoria con las condiciones de las subvenciones, de 10.800 euros por cada plaza creada entre 2021 y 2024. con la condición de que permanezcan activas durante cinco años. Los ayuntamientos recibirán un anticipo del 40% para no tener que avanzar todo el coste.

Los municipios estudian fórmulas que se ajusten a la convocatoria. La construcción de nuevas escuelas infantiles se descarta por el alto precio y el largo tiempo que requiere. Las opciones que de momento más gustan entre los ayuntamientos y la Generalitat es, por un lado, la ampliación de las guarderías ya existentes (en los últimos años algunas han cerrado grupos por la baja demanda) o rehabilitar espacios públicos actualmente en desuso para acondicionarlos como escuela infantil. “Creemos que los ayuntamientos tirarán por aquí porque la opción de obra nueva es muy costosa y lenta, y la necesidad la tienes ahora. Además del mal momento económico que vivimos. Los municipios no se lo plantean”, exlica Alba Pijuan, vicepresidenta de la Federación de Municipios de Cataluña.

Una iniciativa pionera en este sentido es la impulsada por Terrassa, que ya está mirando en qué escuelas hay espacios libres susceptibles de ser reconvertidos. “Estamos mirando centros antiguos y ubicados en la periferia donde ha disminuido la población. Son centros de alta complejidad [con una elevada concentración de alumnos vulnerables] y que han perdido estudiantes”, explican fuentes del Ayuntamiento. De momento, el Consistorio baraja tanto la posibilidad de crear una escuela nueva como solo ubicar la etapa de Infantil2 y que este dependa de una guardería cercana ya existente.

Terrassa hizo la propuesta al Departamento de Educación, que ha sido aceptada porque ofrece numerosas ventajas a la hora de conseguir ampliar el numero de plazas de guarderías públicas. Por un lado, es mucho más rápido que construir un centro nuevo, ya que en este caso los edificios de las escuelas también son de titularidad municipal, cosa que simplifica la burocracia y solo es necesario realizar un cambio de usos. Por otro, resulta más barato que la nueva construcción. Y en tercer lugar, la iniciativa cumple con las bases de los fondos europeos Next Generation.

Para Terrassa, una ciudad donde la segregación escolar es un problema grave, la iniciativa ofrece un beneficio adicional: “Tener una escuela infantil en barrios humildes atrae a familias vulnerables, que son las que más necesitan esta escolarización, pero las que menos la usan. Además, si también acceden familias de clase media, después es muy probable que continúen con la escuela de primaria adjunta, cosa que ayuda a diversificar el alumnado y reducir la segregación”, abundan fuentes del Ayuntamiento.

Otros municipios, como Barcelona y L’Hospitalet, también están explorando una tercera vía, que es la de absorber escuelas infantiles privadas y convertirlas en públicas. Una medida que podrían estudiar otros municipios, pero que tiene un inconveniente, porque para beneficiarse de los fondos europeos el edificio debe ser de titularidad municipal.

Existen otras opciones, como integrar el curso de Infantil2 en las escuelas de primaria, una práctica habitual en otras comunidades, pero que Cataluña de momento solo permite en el caso de escuelas rurales. Educación también descarta -por falta de cobertura legal- la propuesta de las patronales de las guarderías privadas, que apuestan por la concertación de plazas, esto es, que la Generalitat asuma todo el coste de una plaza (unos 4.800 euros anuales) allí donde sea necesario, sin tener que absorber todo un centro.

La Diputación de Barcelona lamenta el retraso en la publicación de la convocatoria de los fondos europeos y considera que puede truncar proyectos. “Hace un año que se habla de ello y la situación de enero de 2022 no es la misma que la del 2023, a las puertas de unas elecciones municipales. Los alcaldes hace unos meses ya pedían saber las condiciones para empezar a actuar y tener margen de maniobra”, incide Josep Monràs, responsable del área de Educación del ente provincial.

Al final del proceso, la Generalitat confía en aumentar (del 40% previo a la pandemia al 60%) la escolarización en esta etapa clave de desarrollo de los niños. La FMC recuerda que no es una etapa educativa obligatoria, “así que los ayuntamientos no están obligados a cubrir toda la demanda con plazas públicas”, remata Pijuan.

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