Los sobornos en la construcción del AVE en Barcelona llevan a juicio a cinco cargos de Adif
La jueza concluye que los funcionarios permitieron que la empresa Corsán recibiera 33,4 millones de euros por trabajos que no ejecutó
Cinco cargos de Adif, la empresa pública que gestiona las infraestructuras ferroviarias, están a un paso de sentarse en el banquillo de los acusados por las irregularidades en la construcción de la línea de alta velocidad a su paso por Barcelona. Los funcionarios permitieron, presuntamente, que la empresa Corsán —que se adjudicó uno de los tramos del AVE entre Madrid y la frontera francesa— ...
Cinco cargos de Adif, la empresa pública que gestiona las infraestructuras ferroviarias, están a un paso de sentarse en el banquillo de los acusados por las irregularidades en la construcción de la línea de alta velocidad a su paso por Barcelona. Los funcionarios permitieron, presuntamente, que la empresa Corsán —que se adjudicó uno de los tramos del AVE entre Madrid y la frontera francesa— cobrara 33,4 millones más de lo debido por ejecutar los trabajos. Al menos tres de los responsables de Adif recibieron regalos; por ejemplo, un viaje a la estación de esquí de Aspen (Colorado, Estados Unidos) que, por ser el escenario de las aventuras del Oso Yogui, dio nombre a la operación Yogui, que estalló en 2014.
La investigación judicial ha sido lenta y compleja porque se ha tenido que comprobar, entre otras cosas, qué parte de los trabajos fueron efectivamente ejecutados y cuáles se contabilizaron de manera artificial. Ocho años después de las primeras detenciones, la titular del juzgado de instrucción número 9 de Barcelona, Silvia López, ha dado por cerrada la instrucción y ve indicios de delito (prevaricación, falsedad, malversación, tráfico de influencias y cohecho) contra 15 personas, incluidos los funcionarios, según una resolución judicial a la que ha accedido EL PAÍS.
El cargo procesado de mayor rango es Antonio Gutiérrez, que en esa época ejercía como director general de Adif. La magistrada considera que Gutiérrez aprovechó una ampliación del proyecto inicial para que Corsán obtuviera “un beneficio económico ilícito”. El director general también hizo que otros cargos subalternos firmaran una certificación final de obras, en 2012, con el objetivo de evitar una auditoría. Esa certificación supuso “el pago de una cantidad superior a los dos millones de euros por obras no realizadas”.
En febrero de 2008, Corsán —que en los últimos años ha sido investigada en diversas causas judiciales por el presunto pago de sobornos y comisiones— se adjudicó las obras para construir un tramo de las vías del AVE de apenas dos kilómetros junto a la futura estación de La Sagrera, en la entrada norte de Barcelona. Dos de los procesados de Adif —el gerente de infraestructuras Jaime García y el entonces director de la línea noroeste, Rafael Rodríguez— emitieron la puntuación final del concurso, adjudicado a Corsán por 67,9 millones. Otra empresa, Inocsa, ganó el contrato para verificar que las certificaciones que la empresa iba a emitir cada mes se correspondieran con los trabajos efectivamente realizados.
La construcción comenzó ese mismo verano. Pero, apenas un año después, Corsán planteó una modificación del proyecto inicial relacionada con los movimientos de tierras. Adif dio el visto bueno a un cambio que suponía un aumento de casi el 20% del presupuesto inicial, es decir, dentro del marco legal. La hipótesis de los investigadores, sin embargo, es que los funcionarios se concertaron con la empresa para que resultase beneficiada a costa del erario público y a cambio de dádivas y regalos. El director de obras de Adif, Juan Luis Monjarás, “realizó falsamente mediciones” sobre las obras ejecutadas cada mes, que eran firmadas y validadas por el responsable de Inocsa “con la única finalidad de que Corsán obtuviera, fraudulentamente, fondos públicos”, según el auto firmado por la magistrada.
Las mediciones alteradas se sucedieron entre 2008 y 2012. Se “inflaron” los capítulos que era más fácil falsear, puesto que son difíciles de detectar: movimientos de tierras, drenaje, reposición de servidumbres, estructuras, instalaciones ferroviarias de la plataforma, actuaciones preventivas y un largo etcétera. Corsán y los responsables de Adif aseguraron que, en todos esos años, se destinaron 85 millones a la ejecución material de los trabajos. Pero las auditorías encargadas por la jueza a organismos públicos sostienen que solo se ejecutaron 66,5 millones. “La cantidad final no destinada a la obra pública ha sido determinada en 33,4 millones”, indica López.
La empresa Gonquis fue subcontratada por Corsán para realizar los movimientos de tierras. Para “obtener y mantener” esa subcontrata, Gonquis sufragó “gastos personales” de algunos investigados. En particular, del entonces jefe de área de infraestructuras de Adif, Mauro Bravo, y especialmente del gerente de infraestructuras, Jaime García-Germán. La compañía pagó, presuntamente, el viaje de placer de García-Germán a las pistas de esquí de Aspen en febrero de 2008, coincidiendo con la adjudicación del contrato a Corsán. El viaje costó más de 20.000 euros, aunque en los años siguientes el funcionario siguió disfrutando, siempre según la investigación, de nuevos sobornos: vuelos a Rumanía, Viena o París y estancias en Turquía o en Formentera. Inocsa, encargada del control técnico, también pagó el leasing de coches de alta gama de los responsables públicos.
La investigación se inició gracias a la denuncia del dueño de Gonquis, quien, harto de pagar comisiones, decidió tirar de la manta y acudió a la Fiscalía. En 2014 se produjeron los registros en Madrid y Barcelona y las detenciones. Tras analizar las llamadas telefónicas intervenidas, los correos electrónicos entre los investigados y los informes periciales, la jueza concluye que hay indicios de delito y ha dado traslado a la Fiscalía Anticorrupción para que presente su escrito de acusación.
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