El Gobierno recurre al Constitucional la ley antidesahucios de Cataluña

El Consejo de Ministros ha aprobado este lunes presentar un recurso de inconstitucionalidad contra un artículo de la ley catalana antidesahucios (Ley 1/2022) que incluía medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética. Según consta en las referencias, el Consejo de Ministros solicita al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la interposición de este recurso qu...

El Consejo de Ministros ha aprobado este lunes presentar un recurso de inconstitucionalidad contra un artículo de la ley catalana antidesahucios (Ley 1/2022) que incluía medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética. Según consta en las referencias, el Consejo de Ministros solicita al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la interposición de este recurso que afectará a un único punto de la ley, ya que, según el Gobierno, se ha alcanzado un acuerdo parcial con la Generalitat para modificar otros aspectos de la normativa. La Ley 1/2022 es una de las que han sucedido a la conocida como Ley de Desahucios, la 24/2015, que fue impulsada por entidades y se ha visto parcialmente suspendida varias veces por recursos de partidos o el Gobierno y posteriormente recuperada por nuevas mayorías en el Parlament o por los mismos tribunales.

Lo que cuestiona ahora el Gobierno es una disposición adicional que recoge la necesidad de ofrecer una propuesta de alquiler social antes de interponer demandas judiciales o de reclamar una deuda hipotecaria o un desahucio en determinadas circunstancias específicas (en el caso de que la persona que ocupa se encuentre en situación de exclusión residencial) cuando las viviendas pertenezcan a grandes tenedores.

El Ejecutivo considera que esa disposición adicional afecta a la regulación de la propiedad privada (al artículo 33 de la Constitución Española) y a la competencia en materia de legislación civil. Entiende además el Gobierno que se vulnera el principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, la igualdad y la competencia exclusiva del Estado en legislación sobre expropiación forzosa.

El Consejo de Ministros recuerda que el Tribunal Constitucional ya anuló esos preceptos en una sentencia de 2021 que se refería al decreto ley de la Generalitat con medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda.

Aunque el Gobierno y Cataluña negociaban para evitar este recurso, el plazo para impugnar la norma acaba este miércoles 7 de diciembre. Precisamente este lunes, el grupo promotor de la ley contra la pobreza energética y los desahucios en Cataluña, formado por el Observatorio DESC, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Cataluña y la Alianza Contra la Pobreza Energética, había exigido al Gobierno no impugnar la norma. “Sería difícil entender que un gobierno formado por dos partidos progresistas y que el pasado mes de marzo votaron a favor de aprobar esta ley en el Parlament de Cataluña sean ahora impulsores de una posible impugnación de la ley, o de alguna de las medidas que incluye, en el Tribunal Constitucional”, lamentaba ese grupo.

Según un informe presentado por las entidades impulsoras el pasado mes de julio, la ley catalana habría detenido entre 5.000 y 11.000 desahucios al año y 200.000 cortes de suministros en Cataluña, recordaba este grupo, que apelaba a la responsabilidad de las instituciones en relación con el derecho constitucional a una vivienda digna.

Al conocer la intención del Gobierno de presentar el recurso, por parte del grupo de entidades que promovieron la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que dio lugar a la Ley antidesahucios en Cataluña (la 24/2015), Maria Antonia Castellana, recuerda que “el PP y VOX también recurrieron la ley” y señala que “ahora el Gobierno impugna el artículo 12 pero no pide su suspensión, por lo que la ley está vigente”.

Castellana mantiene que “las entidades han estado presionando para evitar el recurso y lo seguirán haciendo hasta el último momento”. Sobre la afectación que podría tener la suspensión del artículo que prevé que a familias que han ocupado pisos de grandes propietarios y acreditan vulnerabilidad se les tenga que ofrecer alquiler social, la cuantifica en “miles de familias”. Las entidades entienden que estas familias ocuparon en su día por la gran cantidad de pisos vacíos que hay y porque “no tenían otro remedio”.

Por último, y visto el recurso que habla de falta de competencias de Cataluña para legislar en la materia, opina: “Si el Gobierno cree que Cataluña no tiene competencias, que legisle el Gobierno de una vez por todas en la Ley de Vivienda y no a favor de grandes fondos y tenedores que hacen negocio con nuestras viviendas”.

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