Junts apuesta por dar un giro a la derecha para recuperar el perfil propio y alejarse de Esquerra

Sepultadas las servidumbres que implicaba compartir gobierno con Esquerra Republicana, la nueva hoja de ruta de Junts per Catalunya pone el rumbo hacia el centro derecha. Lo avisó Josep Rius, portavoz del partido, hace una semana. “Preparamos un decálogo que esté de acuerdo con el modelo de país de Junts y con su programa electoral”, dijo. Se refería a ...

Sepultadas las servidumbres que implicaba compartir gobierno con Esquerra Republicana, la nueva hoja de ruta de Junts per Catalunya pone el rumbo hacia el centro derecha. Lo avisó Josep Rius, portavoz del partido, hace una semana. “Preparamos un decálogo que esté de acuerdo con el modelo de país de Junts y con su programa electoral”, dijo. Se refería a una lista de exigencias que piensan poner sobre la mesa de Pere Aragonès para aprobarle los presupuestos catalanes de 2023. Junts no revela el contenido de ese decálogo pero no oculta que se trata de revisiones sobre la fiscalidad. El anuncio coincide con una ofensiva del partido para marcar perfil propio, tras siete años de un noviazgo de conveniencia con Esquerra. Las referencias a las ocupaciones o a la inseguridad ciudadana y la defensa desacomplejada de una rebaja de impuestos rellenan el discurso de la nueva etapa de Junts.

Una comparecencia a cuatro voces organizada este jueves reunió en Barcelona a la exconsejera de Justicia Lourdes Ciuró, a la portavoz de Junts en el Congreso Míriam Nogueras, a la diputada Glòria Freixa y a la concejala Neus Munté. Era una convocatoria para denunciar las “ocupaciones delincuenciales”, un fenómeno que Ciuró definió como “una lacra que causa graves problemas de convivencia, inseguridad y alarma social”. Nogueras apuntó que “las leyes actuales no resuelven el problema” y señaló a Esquerra, al PSC y a los comunes porque en 2018 trataron de poner dificultades a una modificación legal para agilizar las desocupaciones. “Lo logramos pese a sus votos en contra”, defiende Nogueras, en referencia a la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil para proteger la propiedad privada. El PDeCAT, antecesor de Junts, contó entonces con el apoyo de PP, Ciudadanos y PNV para activar el desalojo exprés de las viviendas de propietarios que sean “personas físicas, entidades sin ánimo de lucro y entidades públicas propietarias de viviendas social”. Los tres partidos que se opusieron alegaron que la reforma no garantiza el realojo de las familias vulnerables que hayan ocupado un inmueble.

Lourdes Ciuró insiste en que siguen faltando herramientas legales para frenar las ocupaciones y critica a ERC por haber “parado” las actualizaciones normativas que ella preparó mientras estaba al frente de Justícia. Nogueras revela que en 2011 se contabilizaron 1336 ocupaciones ilegales en Cataluña, y que en 2021 se llegó a 7345. “Es un aumento del 550%, y en otras Comunidades Autónomas las cifras no son tan escandalosas”, asegura. Junts, o sus ascendientes del PDeCAT y Convergència, controlaron el departamento de Interior desde 2011 a mayo de 2021.

El programa electoral que presentó Junts per Catalunya para concurrir a las últimas elecciones al Parlament es ambiguo en materia económica. El documento, firmado por Laura Borràs y Carles Puigdemont, señala el compromiso del partido con “la reactivación económica y la reducción de las desigualdades sociales”, al tiempo que invita al “empujón combinado entre las instituciones y la movilización ciudadana para ganar la independencia”. Altos cargos del partido que hicieron campaña en favor de salir del Govern sostenían el argumento que Junts estaba traicionando a sus principios. Acatar el bloqueo de Esquerra a la ampliación del aeropuerto de Barcelona o las trabas al megaproyecto de ocio BCN World, así como los titubeos sobre los Juegos Olímpicos de Invierno, suponían decisiones difíciles de defender ante la militancia.

En su congreso celebrado el pasado verano, los posconvergentes aprobaron defender la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones y estudiar como minimizar el impacto del gravamen sobre el patrimonio. “Los impuestos redistributivos hay que preservarlos, sobre todo en momentos de crisis económica como la actual”, replicó Pere Aragonès en el Parlament. Posteriormente, en uno de los últimos choques de los socios de Govern antes de su divorcio definitivo, Esquerra y Junts votaron distinto en una votación parlamentaria que ponía a debate la conveniencia de mantener los impuestos de sucesiones y patrimonio. La propuesta de resolución alumbró un frente común de PSC, En Comú Podem y ERC, la abstención de la CUP y el voto en contra de Ciudadanos, Vox, PP y Junts.

Esquerra insiste en que no le ve sentido a que Junts recele del proyecto de presupuestos catalanes para 2023. “Son los presupuestos de Giró”, repiten desde el Govern, en alusión a los trabajos preparatorios para las cuentas que realizó Jaume Giró, de Junts, hasta que abandonó la consejería de Economía. Junts reniega de la autoría del boceto presupuestario que barajan los republicanos y pone de relieve que no habrá negociación si Aragonès no acepta negociar un “decálogo” de peticiones económicas para garantizar la huella de Junts en la política económica de la Generalitat. Fuentes del departamento de Economía aseguran que, una semana después de que el portavoz de Junts anunciara la preparación del “decálogo” siguen sin tener ninguna noticia del documento.

Consultado sobre el rumbo que dicta la brújula de Junts tras su salida del Ejecutivo, un alto cargo de Esquerra en el Govern señala que “parece que unos intentan virar hacia la derecha, pero otros se resisten”. Y sentencia: “la verdad es que ya no sabemos hacia donde va Junts”.

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