El juez sobre el informe de expulsión de un líder de la comunidad islámica: vago, genérico y sin datos concretos

Los informes policiales para expulsar a dos líderes de la comunidad islámica en Cataluña acusados de amenazar la seguridad nacional han tenido distintos recorridos en los juzgados. Mientras Mohamed Badaoui, que cuenta con el apoyo del Parlament y el Ayuntamiento de Reus (Tarragona), espera su deportación a Marruecos encerrado en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Zona Franca (Barcelona), su colega Amarouch A...

Los informes policiales para expulsar a dos líderes de la comunidad islámica en Cataluña acusados de amenazar la seguridad nacional han tenido distintos recorridos en los juzgados. Mientras Mohamed Badaoui, que cuenta con el apoyo del Parlament y el Ayuntamiento de Reus (Tarragona), espera su deportación a Marruecos encerrado en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Zona Franca (Barcelona), su colega Amarouch Azbir lo hace en libertad, en Vilanova i la Geltrú (Barcelona). El juzgado de primera instancia e instrucción 5 del municipio ha dado un duro varapalo al informe policial que solicitaban su ingreso urgente en CIE. El magistrado concluye que el oficio es “vago”, “genérico” y que no recoge datos concretos que acrediten la “urgencia de internar” a Azbir, a la espera de su expulsión.

El auto considera que las conclusiones del escrito policial —que ubica a Azbir en la esfera del “islam rigorista”, a favor de la Sharía, vinculado a “personas e ideas yihadistas” que “justifican la lucha armada en nombre del islam”— “no solo son vagas y genéricas, sino que también están alejadas en el tiempo”. Critica la “falta de elementos contundentes o de entidad y gravedad para hacer un juicio de peligrosidad”. “La ideología de un individuo, por muy radical que sea y por muy alejada que pueda parecernos de la de nuestra sociedad, no puede considerarse en sí misma como un riesgo para la seguridad nacional” hasta que no se pruebe “al menos indiciariamente” si “pone en práctica sus ideas atentando contra los principios básicos de la sociedad democrática o alentando a otros para que obren en tal modo”, resume el juez.

“Resulta exigible un mínimo de concreción en las conductas que se achacan”, reprocha el magistrado, que repite en diversas ocasiones la necesidad de “pasar de vaguedades y generalidades a ofrecer circunstancias al menos un poco más concretas y detalladas”. La policía no aporta “el más mínimo dato” de como sus ideales radicales “promueven o incitan al odio” y “la violencia” o suponen “radicalizar a terceros”, insiste. También señala que la mayoría de circunstancias “parecen bastante lejanas temporalmente”, y detalla que la propia policía admite que “desde el año 2015 a la actualidad, [Azbir] ha moderado su discurso, adoptando en público un perfil mucho más discreto en sus postulados en favor del islam radical” “No se reflejan lo más mínimo conductas radicales recientes”, explica, sin que se “detalle, ni tan siquiera se mencione” cómo ha pasado “más allá de su forma de pensar” a actuar de forma “que pudiera atentar contra los pilares básicos de la convivencia y nuestra sociedad democrática”.

El expediente, elaborado por la Comisaría General de Información, define a Azbir como un hombre “embaucador y manipulador” con sus fieles, a los que predica el islam más riguroso. También asegura que consigue “grandes donaciones para huérfanos de zonas en conflicto de Palestina, Siria e Irak” y destaca su contacto en redes con movimientos como Despertar Islámico, Hermanos Musulmanes y perfiles salafistas. Además, afirma que es el segundo imán de la mezquita Al-Forkan, en Vilanova i la Geltrú, “una de las más radicales en sus postulados”, menciona la Operación Chacal, sobre terrorismo, que afectó al centro religioso y añade que nunca ha condenado los atentados del 17-A en Barcelona y Cambrils.

Debido a la petición de ingreso en el CIE, el juez en funciones de guardia el viernes pudo escuchar en declaración a Azbir, que negó los hechos que le imputan. En su auto, el magistrado insiste que su decisión en ningún caso supone la resolución del expediente de expulsión, que dirime la Audiencia Nacional y que ya denegó las medidas cautelares para paralizar la deportación hasta la celebración del juicio. Pero añade que debe valorar “cuál es la causa de la expulsión y si tal causa podría suponer un peligro real, cierto, actual e inminente” de que “atente contra la seguridad nacional” o si existe un “riesgo apreciable objetivamente” de que “adopte medidas para dificultar que su expulsión se haga efectiva”. El magistrado, David González, concluye que “los resultados que arroja el oficio policial no son en modo alguno suficientes para justificar el riesgo para la seguridad nacional como causa que haga necesario adoptar el internamiento en CIE”.

El proceso de expulsión vivido por Azbir y Badaoui “es totalmente excepcional”, asegura su abogado, Ivan Aybar, que ha defendido a diversas personas con expedientes administrativos del mismo tipo. Aybar indica que lo habitual es que los detenidos, como fueron Azbir y Badaoui la semana pasada, sean directamente deportados y el proceso judicial se dirima con ellos ya expulsados. El letrado no duda de que en el proceso ha influido la intensa movilización social en defensa sobre todo de Badaoui, un miembro de la comunidad islámica muy conocido entre las entidades sociales y también políticas. Badaoui, de 40 años, llegó a España con 10 y lleva desde entonces en la provincia de Tarragona. Fue portavoz de una de la mezquita AS-Sunnah, de Reus, vinculada al salafismo, y en junio de 2020 lo dejó para presidir la Asociación por la defensa de los derechos de la comunidad musulmana (Adedcom); Azbir lleva 22 años en el país, donde trabaja desde hace dos décadas con contrato fijo como barrendero en Vilanova i la Geltrú. Ambos tienen trabajo, esposa e hijos.

Aybar ha esgrimido el escrito del juez de la Vilanova i la Geltrú ante la Audiencia Nacional, que debe pronunciarse de nuevo sobre la paralización cautelar de la expulsión. El tribunal ya consideró que primaba el riesgo de la amenaza a la seguridad nacional aducido por la Policía que sus derechos personales, laborales y sociales mermados con la deportación.

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