Una ley para las personas sin hogar
El sinhogarismo es una opción política cuando no invertimos en políticas públicas destinadas a las personas sin techo. Cataluña debe seguir el camino de Finlandia para erradicarlo
Casi todos hemos experimentado alguna vez un accidente en la calle, al tropezar, caernos de una moto o una bicicleta. La reacción de los demás siempre es ofrecernos ayuda, preguntar si necesitamos una ambulancia. No sucede así con las personas sin techo. A pesar de su extrema vulnerabilidad, raramente alguien se acerca a auxiliarles o considera que es necesario pedir ayuda. Su desamparo es invisible.
Combatir esta invisibilidad es uno de los obje...
Casi todos hemos experimentado alguna vez un accidente en la calle, al tropezar, caernos de una moto o una bicicleta. La reacción de los demás siempre es ofrecernos ayuda, preguntar si necesitamos una ambulancia. No sucede así con las personas sin techo. A pesar de su extrema vulnerabilidad, raramente alguien se acerca a auxiliarles o considera que es necesario pedir ayuda. Su desamparo es invisible.
Combatir esta invisibilidad es uno de los objetivos de la Proposición de ley de medidas transitorias y urgentes para hacer frente y erradicar el sinhogarismo que ha comenzado a tramitar el Parlament. Un texto que aspira a acabar con un problema que empieza con la falta de vivienda pero sigue con la vulneración de otros derechos fundamentales como son el acceso a la salud, el empleo, a la integridad física, a vivir en sociedad, pero también el derecho a la vida porque vivir en la calle resta 20 años a una persona.
El texto es fruto del impulso de las entidades que las atienden y está focalizado en las formas más graves de sinhogarismo, el de las personas que no tienen un techo, que se ha visto agravado con la pandemia y la crisis económica. Propone crear viviendas de inserción pero también un recurso nuevo, el espacio residencial digno que acabe con la dinámica de los albergues nocturnos que les expulsan cada mañana y les impiden tener intimidad.
La ley busca garantizar también otros derechos como el empadronamiento, indispensable para acceder a prestaciones, pero también el que tienen estas personas para utilizar el espacio público, disponer de una ducha y de ayudas con perspectiva de género, porque las mujeres y los hombres acaban en la calle por razones distintas. Establece además la obligatoriedad de hacer recuentos para saber el número y tipología de personas afectadas y poder así desplegar políticas efectivas.
Hace unos meses, el activista británico Emmanuel Onapa nos recordaba desde las páginas de Tribune que el sinhogarismo no es un hecho inexorable. Es una opción política que adoptamos cuando decidimos no invertir en políticas públicas para combatirlo. Finlandia ha demostrado que es posible erradicarlo apostando por el Housing First. Entrega a cada persona un pequeño piso y acompañamiento sin ponerle condiciones y cuatro de cada cinco recuperan un modo de vida estable. Ha costado una década pero el milagro se ha hecho realidad.
En Cataluña, el sinhogarismo sigue siendo invisible en los presupuestos y en las políticas públicas de la Generalitat que, a pesar de tener las competencias de vivienda, salud, trabajo y derechos sociales, ha delegado toda su responsabilidad en los ayuntamientos, especialmente en el de Barcelona.
Es hora que dejemos de ignorar esta forma de exclusión social, la más extrema que existe en nuestra sociedad, y comencemos a medirnos por la atención que damos a las personas más frágiles. Es hora de hacer posible una ley que combata también la indiferencia y los discursos que estigmatizan a un colectivo que es víctima de procesos estructurales de los que somos responsables como sociedad.
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