La crisis del Gobierno catalán deja en el aire 3.100 millones de gasto

El pasado verano el Consejo de Política Fiscal y Financiera aprobó la asignación presupuestaria con la que contarían las comunidades autónomas en 2023. A la Generalitat de Cataluña le correspondían 3.098 millones de euros más para el próximo año, hasta alcanzar los 26.650 millones en transferencias. La llegada de esos recursos será automática con la aprobación de las Cuentas del próximo ejercicio. Siempre y cuando se aprueben. La crisis en el Go...

El pasado verano el Consejo de Política Fiscal y Financiera aprobó la asignación presupuestaria con la que contarían las comunidades autónomas en 2023. A la Generalitat de Cataluña le correspondían 3.098 millones de euros más para el próximo año, hasta alcanzar los 26.650 millones en transferencias. La llegada de esos recursos será automática con la aprobación de las Cuentas del próximo ejercicio. Siempre y cuando se aprueben. La crisis en el Govern, con la militancia de Junts llamada a votar si mantiene su coalición con ERC, que no se conocerá hasta el viernes por la tarde, deja en el aire esos nuevos recursos.

A la espera de que se tome una decisión, las negociaciones que mantenía el actual titular de Economía y Finanzas, Jaume Giró —uno de los partidarios de seguir dando vida al Ejecutivo—, con En Comú Podem y el PSC están congeladas y amenazan un calendario de elaboración de los presupuestos todavía más apretado. La tramitación, según fuentes del Departamento de Economía y Finanzas, sigue su curso en el seno del Govern, donde hace un par de semanas se remitió a los diferentes departamentos su propuesta de reparto de dinero y este viernes estaba prevista la respuesta.

El problema es que la caída del Ejecutivo presidido por Pere Aragonès amenaza con dejar en el aire lo que debería ser la actualización automática del techo de gasto de la Administración autonómica. El esquema con el que trabaja Giró, y que ha aprobado el Consell Executiu, es el de unos recursos de 33.113 millones de euros. En el caso de que no se pueda aprobar una nueva ley presupuestaria, ese 10% adicional de dinero se tendría que añadir al gasto disponible a través de acuerdos específicos aprobados en el Consell Executiu a través de generaciones de crédito presupuestario. Es la fórmula de activar recursos disponibles en partidas de gasto, un movimiento similar al que hace un asistente a un casino: para validar su dinero en el establecimiento y poder apostar antes lo ha de convertir en fichas.

Los partidos de la oposición que negocian con el Govern no tiran todavía la toalla. Los comunes creen que todavía hay margen de maniobra si ERC apostara por gobernar en solitario, mientras que el PSC sigue con su política de mano tendida. En el caso del demarraje de Junts, ambas formaciones serían imprescindibles para aprobar la ley. Algunas fuentes parlamentarias creen que, una vez que Giró ha elaborado el esquema, quien cogiera el testigo en el Departamento de Economía y Finanzas podría reencauzar rápidamente la negociación. Este miércoles, el president Pere Aragonès ha asegurado en el Parlamento que el Ejecutivo “trabaja en el presupuesto”, en el que incluirá un plan social de 300 millones de euros.

Uno de los interrogantes es si ERC estará entonces abierto a negociar con el PSC los presupuestos, a lo que se ha negado en los últimos años. El grupo liderado por Salvador Illa no ha cesado en mostrar su disposición a pactar y ha registrado en el Parlament una moción en la que marca sus prioridades de cara a 2023. Se trata de elevar las partidas sanitaria y educativa y poner en marcha un plan de choque a favor de la población más vulnerable. Su posición no dista mucho de la de Catalunya en Comú, que prioriza la lucha contra la inflación, la movilidad sostenible, el refuerzo del Estado del Bienestar y la ayuda a los municipios. De hecho, la posición de ambos partidos tampoco está muy alejada de la de Junts, con el único veto a cualquier movimiento que suponga una reducción de la presión fiscal a las rentas altas, con la posible reducción del impuesto de patrimonio.

Giró, el martes en una intervención parlamentaria —”llevo un año y medio en política, no sé cuánto más estaré”, reconoció acerca de la incertidumbre del momento— defendió que no hay acuerdo para tocar la tributación, si bien él sí sería partidario de reducir ese tributo que grava a quiénes más propiedades tienen, sobre todo para elevar de 500.000 a 700.000 el mínimo exento en patrimonio para que “los pequeños patrimonios sean competitivos con el resto de comunidades autónomas”, y deflactar el IRPF para paliar el impacto de la subida de los precios.

El impacto de los 3.100 millones es el principal problema que acarrea prorrogar los Presupuestos de 2022, aunque no el único. Esa congelación limita el margen de movimiento del Govern para activar nuevas políticas —se tendrá que adaptar a las del año pasado—, de la misma forma que tendrá que asumir una farragosa dinámica en el Consell Executiu para dirigir las transferencias a Cataluña que se introduzcan en los Presupuestos Generales del Estado pactados por PSOE y Unidas Podemos y que ahora requerirán de la búsqueda de una mayoría en Las Cortes.

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