El Govern desembolsará 140 millones para compensar los recortes de Mas a las guarderías municipales

Los ayuntamientos lamentan que la gratuidad de Infantil2 no llegue a todas las familias

Una escuela infantil en Barcelona, en una imagen de archivo.Consuelo Bautista

Cuando la Generalitat acabe de pagar la deuda que arrastra con los municipios por la falta de financiación de las escuelas infantiles, habrá abonado un total de 140 millones de euros. Así consta en una respuesta parlamentaria reciente, en que además detalla que el importe se retornará en un periodo de 10 años. El Departamento de Educación dejó de subvencionar las guarderías en 2012, pero tras una serie de sentencias en contra que le obligaba a pagar, con intereses, la deuda pendiente, optó por pactar un retorno pau...

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Cuando la Generalitat acabe de pagar la deuda que arrastra con los municipios por la falta de financiación de las escuelas infantiles, habrá abonado un total de 140 millones de euros. Así consta en una respuesta parlamentaria reciente, en que además detalla que el importe se retornará en un periodo de 10 años. El Departamento de Educación dejó de subvencionar las guarderías en 2012, pero tras una serie de sentencias en contra que le obligaba a pagar, con intereses, la deuda pendiente, optó por pactar un retorno pausado, y además volvió a asumir su parte de la financiación.

En la época del tripartito de izquierdas, Generalitat y ayuntamientos acordaron que el coste de las guarderías -la mayoría de titularidad municipal- se dividiría de forma equitativa entre tres partes: Govern, municipios y familias. Cada uno de ellos aportaba 1.800 euros por plaza anualmente. Pero, en plenos recortes presupuestarios, ya con CiU en la Generalitat, Educación dejó de financiar las escuelas infantiles a partir del curso 2012-13. Aunque la retirada ya había empezado a ser progresiva tres años antes, cuando estos 1.800 euros fueron menguando hasta los 875 euros. Pero justo hace una década, el Departamento, entonces encabezado por Irene Rigau, decidió ahorrarse los 42 millones que le costaban estos centros educativos y llegó a un acuerdo con las diputaciones para que estas corrieran con el gasto.

En 2015, una treintena de municipios se organizaron para exigir en los tribunales que la Generalitat les pagara la diferencia hasta llegar a esos 1.800 euros anuales. Reclamaban 11 millones de deuda. Dos años más tarde empezaron a llegar las primeras sentencias a favor de los ayuntamientos y obligando a la Generalitat a cumplir con su compromiso de financiar las escuelas infantiles. Las sentencias, además, condenaban a Educación a pagar intereses de demora y abrían la puerta a reclamar deudas posteriores, si continuaba esta falta de financiación.

Todo ello, sumado al temor de que se produjera una avalancha de reclamaciones de otros municipios, Educación pactó con ellos un retorno pausado de la deuda: en diez años. Así, al final de este plazo habrá retornado un total de 140,6 millones por la deuda correspondiente desde el curso 2012-13 hasta el 2018-19. El curso siguiente, la Generalitat recuperó su financiación, empezando por 1.300 euros hasta llegar a los 1.600 en el curso pasado. Educación se compromete a mantener este importe hasta el curso 2028-29, según consta en la Ley 5/2020, de medidas fiscales y financieras.

Gratuidad relativa

Educación quiso dar una vuelta más a la financiación de las escuelas infantiles y anunció que duplicará su aportación, hasta los 3.200 euros, porque asumirá la parte que pagan las familias con niños en I2 (Infantil2, así se llamará el próximo curso el P2). Pero no será una gratuidad total, ya que el departamento solo cubre la escolarización; los servicios adicionales, como la acogida matinal o el comedor, lo seguirán pagando las familias. La medida, no obstante, solo se aplicará en las guarderías públicas -969-, mientras que las privadas -747- recibirán una subvención de 800 euros por plaza, que deberán descontar en la cuota.

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En el acuerdo firmado por el departamento con las entidades municipalistas el pasado mes de abril, Educación fijó en 3.734 euros el coste de la plaza anual, cifra que no incluye ni los gastos de mantenimiento (competencia de los ayuntamientos) ni servicios adicionales (asumidos por las familias). Asimismo, Educación estima que, de media, las familias pagan 1.367 euros anualmente, así que su aportación de 1.600 euros es suficiente.

Pero hay muchos municipios no lo es. Desde la Diputación de Barcelona alertan que habrá ayuntamientos que tengan que aumentar su aportación porque hasta ahora, el gasto global se repartía a tercios, pero ahora los municipios deberán asumir los gastos de limpieza y mantenimiento. Desde la Federación de Municipios de Cataluña (FMC), coinciden en este punto, pero matizan que otros recibirán más dinero, especialmente aquellos en que las cuotas sean inferiores a esos 1.600 euros anuales.

Los municipios opinan, en general, que se trata de una buena medida, pero lamentan que no se va a cubrir toda la demanda y no va a ser universal, cosa que puede generar frustración entre aquellas familias que no hayan logrado una plaza pública. “No se puede hablar de gratuidad de un servicio municipal porque la Generalitat lo único que está haciendo es poner más dinero, pero no es una medida universal”, asegura Josep Monràs, responsable del área de Educación de la Diputación de Barcelona. Para Monràs, tendrían que haberse incrementado las plazas antes de aplicar la gratuidad. Desde la FMC replican. “Creo que es mejor ver primero la magnitud del efecto llamada para ver cuántas plazas hay que crear”, defiende Alba Pijoan, alcaldesa de Tàrrega y vicepresidenta de la FMC.

Otra de las preocupaciones de los municipios es la continuidad de la medida. Según el acuerdo firmado por el departamento con las entidades municipalistas, la financiación que permite la gratuidad está asegurada cuatro cursos, hasta 2026. “¿Qué garantías de continuidad tenemos?”, se pregunta Monràs. Educación quiere hacer gratuitos los tres cursos de las guarderías, pero no ha concretado calendario y lo supedita a la disponibilidad presupuestaria. Para ello, Educación necesitaría unos 160 millones, según cálculos de este diario, teniendo en cuenta los 3.200 euros y los casi 50.000 alumnos de las guarderías públicas del curso 2020-21.

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