La justicia europea condena a España por la filtración de datos de jueces catalanes

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha condenado a España por la filtración de datos personales de un puñado de jueces catalanes que, en 2014, se pronunciaron a favor de un referéndum pactado sobre la independencia. Las fotografías de esos magistrados aparecieron publicadas en el diario La Razón bajo el título La conspiración de los 33 jueces soberanistas. La sentencia concluye que la difusión de las imágenes ha vulnerado el derecho a la intimidad de los jueces...

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha condenado a España por la filtración de datos personales de un puñado de jueces catalanes que, en 2014, se pronunciaron a favor de un referéndum pactado sobre la independencia. Las fotografías de esos magistrados aparecieron publicadas en el diario La Razón bajo el título La conspiración de los 33 jueces soberanistas. La sentencia concluye que la difusión de las imágenes ha vulnerado el derecho a la intimidad de los jueces y que “la mera existencia de informes policiales” elaborados sin ningún apoyo legal vulnera también la Convención Europea de Derechos Humanos.

La sentencia impone una indemnización de 4.200 euros por daños morales para cada uno de los 20 magistrados que decidieron llevar su demanda hasta la justicia europea. En febrero de 2014, 33 jueces que trabajan en Cataluña -de los casi 800 que integran la plantilla judicial en esa comunidad- firmaron un manifiesto a favor del derecho a decidir. Los magistrados defendieron que una consulta sobre la independencia podía tener cabida en la Constitución. Y afirmaron que “no admite discusión” el hecho de que Cataluña es una nación. El 9 de noviembre de ese año, el Gobierno de Artur Mas celebró una consulta no vinculante sobre la independencia, que fue el preludio del referéndum del 1-O que, tres años más tarde, llevaría al choque frontal entre el Gobierno y la Generalitat.

Pocos días después del manifiesto, La Razón publicó el artículo en el que aparecían sus nombres, fotos y, en algunos casos, un resumen de sus supuestas ideas políticas. Los jueces presentaron de inmediato una denuncia al constatar que las fotografías publicadas procedían de sus DNI. Los magistrados pidieron aclarar quién accedió a las bases de datos policiales y facilitó las imágenes al medio de comunicación. Xavier González de Rivera, uno de los firmantes del manifiesto, expresó entonces la “indignación generalizada” que sentían él y sus compañeros por la filtración.

Dos inspectores de la brigada de Información del Cuerpo Nacional de Policía admitieron que accedieron a la base de datos del DNI y adjuntaron fotografías en un informe pedido por su superior, el comisario Pedro Esteban Cobreros. Éste también admitió haber hecho el encargo, pero negó haber filtrado las fotos al diario. El director de La Razón, Francisco Marhuenda, llegó a ser citado a declarar como investigado. Ante el juez, Marhuenda afirmó que las fotos llegaron a la sede del periódico en un sobre y asumió toda la responsabilidad sobre la publicación.

El juez de Barcelona que inició las pesquisas se inhibió a favor de un juzgado de Madrid, que finalmente archivó el caso al no poder encontrar al autor de la filtración. Los magistrados siguieron su lucha y llegaron hasta el TEDH, que ahora da por hecho que las fotografías publicadas “procedían de la base de datos policial” y que “no hay otra explicación que la de que las autoridades permitieron que esa filtración fuera posible”.

La justicia europea reprocha que “las investigaciones sobre las filtraciones fueron insuficientes”, ya que, entre otras cosas, no se tomó declaración a un jefe policial de Barcelona. La sentencia concluye que no se llevó a cabo “una investigación efectiva” para “sancionar a los responsables” de la difusión de datos privados.

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