Una clínica estética denegó un injerto capilar a un hombre porque tenía VIH

La Fiscalía ha pedido inhabilitar a los dos responsables de una clínica estética de Málaga por negar a un hombre con VIH la posibilidad de someterse a un implante capilar. En octubre de 2018, J. A. V. T. contactó con la delegación en Barcelona de la clínica para interesarse por el tratamiento. En la entrevista con una doctora, el hombre le explicó que era portador del virus y que recibía tratamiento con antirretrovirales. La mujer lo trasladó a los responsables de...

La Fiscalía ha pedido inhabilitar a los dos responsables de una clínica estética de Málaga por negar a un hombre con VIH la posibilidad de someterse a un implante capilar. En octubre de 2018, J. A. V. T. contactó con la delegación en Barcelona de la clínica para interesarse por el tratamiento. En la entrevista con una doctora, el hombre le explicó que era portador del virus y que recibía tratamiento con antirretrovirales. La mujer lo trasladó a los responsables de la empresa, que “tomaron la decisión de rechazar la práctica de la intervención” sin más explicaciones que se trataba de “política de empresa”, según el escrito de acusación, que les acusa de un delito contra los derechos fundamentales.

El fiscal de delitos de odio de Barcelona, Miguel Ángel Aguilar, pide tres años de inhabilitación para los dos máximos responsables de la empresa con sede en Málaga, un padre y su hija. El hombre, F. J. R. S., es el director médico y “responsable de decidir” si se realizaban las intervenciones quirúrgicas. V. R. M. trabajaba como gerente y ejecutaba las decisiones tomadas por su padre. Los hechos han sido investigados por el titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Barcelona, que tras el escrito de la Fiscalía sentará en el banquillo a esas dos personas. El fiscal pide además que indemnicen al paciente con 2.500 euros por los “daños morales” sufridos al negársele la intervención.

Practicar un implante capilar al cliente con VIH “no entrañaba ningún riesgo añadido respecto a los que pueden acontecer en la población en general”, según el escrito de la Fiscalía. Por eso no está justificada la decisión de rechazar la intervención sin más. Tras saber que era portador del virus, los responsables de la empresa “omitieron cualquier comprobación o estudio” del paciente y se limitaron a comunicarle, por correo electrónico, que no iba a poder ser. No le ofrecieron “explicación alguna” y, como subraya el fiscal, alegaron simplemente “razones de “política de empresa”.

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