El Ayuntamiento de Sant Cugat acusa a Convergència y al PDeCAT en el ‘caso 3%’

El Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès ha acusado a la extinta Convergència (CDC) y a su sucesor, el PDeCAT, en el caso 3%. El Consistorio, bastión histórico del nacionalismo conservador ahora en manos de Esquerra, ejerce ...

El Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès ha acusado a la extinta Convergència (CDC) y a su sucesor, el PDeCAT, en el caso 3%. El Consistorio, bastión histórico del nacionalismo conservador ahora en manos de Esquerra, ejerce la acusación en la causa abierta por la Audiencia Nacional por el presunto pago de comisiones a cambio de obra pública. En un escrito al que ha accedido EL PAÍS, Sant Cugat concluye que el partido de Artur Mas y su heredero político se beneficiaron de pagos ilegales, y pide el comiso de 143.800 euros.

Sant Cugat es el municipio con la renta per cápita más alta de Cataluña. Convergència tomó el poder en 1987 y no lo soltó hasta tres décadas más tarde, tras un pacto entre ERC, los socialistas y la CUP. La ciudad es, también, un escenario clave en el entramado de pago de comisiones al partido nacionalista. Un pabellón deportivo es una de las tres obras que figuran en la sentencia del caso Palau, que por primera vez acreditó la financiación ilegal de CDC. Sant Cugat volvió a aparecer en el caso 3%, que es una suerte de ampliación del anterior que coincide en el tiempo, en parte, con la llegada de Mas a la Generalitat.

El escrito del Consistorio, como perjudicado en el caso 3%, se ciñe a la única obra bajo sospecha en el municipio: un edificio de 72 viviendas en la plaza Rabassaires. El proyecto fue adjudicado a la constructora Teyco por 4,6 millones en marzo de 2009. Teyco fue una de las empresas que, presuntamente, camuflaron como donaciones a fundaciones de la órbita de CDC lo que, en realidad, eran mordidas.

Sant Cugat pide para el extesorero de Convergència Daniel Osácar (ya condenado en el caso Palau) un año de cárcel por tráfico de influencias y el pago de una multa de 287.600 euros. En el caso del administrador de Teyco, Jordi Sumarroca, solicita un año de prisión por el mismo delito y una multa de 9,2 millones, el doble del beneficio obtenido con la adjudicación. El escrito sostiene que actuaron de común acuerdo y “en concierto con otras personas que no han sido determinadas en la instrucción”, pero con “vínculos y ascendencia” suficientes sobre el Ayuntamiento y sobre la empresa municipal que adjudicó las obras, Promusa.

En mayo de 2009 —entre la fecha de adjudicación y la firma del contrato—, Osácar envió un correo a Sumarroca pidiéndole la certificación de dos donaciones efectuadas por la empresa a las fundaciones afines a Convergència, de 50.000 euros cada una. Más tarde, Teyco hizo otra donación de 43.800 euros. Ese intercambio “evidenciaría la contraprestación obtenida” por el partido, según el escrito. En la caja fuerte del dormitorio de Sumarroca, además, se hallaron documentos que vinculan donaciones y adjudicaciones; uno de los nombres de la lista es Sant Cugat.

Cuando sucedieron los hechos de Sant Cugat, aún no se había aprobado la reforma legal que contempla la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Por eso, el Consistorio se limita a pedir que tanto CDC como PDeCAT respondan como partícipes a título lucrativo, por haberse beneficiado de la comisión de un delito. Y solicitan el comiso de 143.800 euros, el importe de las tres donaciones de Teyco ligadas a las viviendas de Sant Cugat. De esa cifra deben responder “solidariamente” Osácar y los dos partidos.

El Ayuntamiento concluye que existe una “identidad” entre CDC y PDeCAT, que compartían órganos de dirección y personal. La creación del PDeCAT —que no tiene representación en el Parlamento catalán— responde al único objetivo de “desconectarse de las responsabilidades en las que pudiera haber incurrido CDC”.

En julio de 2020, la Audiencia Nacional dio por cerrado el caso el caso 3% y procesó a cuatro personas vinculadas a CDC (incluido el exconsejero Germà Gordó, hombre de confianza de Mas) y a otras 28 personas por organización criminal, fraude, cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales. Algunos acusados negocian una rebaja de la pena con la Fiscalía Anticorrupción, que aún no ha presentado su escrito de acusación.