Hay diálogo, pero ¿hay negociación?

A la reunión de setiembre de 2021 de la mesa de diálogo entre los gobiernos de Pedro Sánchez y Pere Aragonès le ha seguido un silencio de difícil interpretación política. Este silencio puede ser resultado de una discreción indispensable si, lejos de los focos mediáticos, alguien está negociando algo. Pero puede ser también sinónimo de estancamiento si resultara que no hay negociación alguna sobre las cuestiones susceptibles de desbloquear el conflicto.

Los indicios existentes no son alentadores. Uno de ellos lo proporcionó el propio gobierno de Sánchez cuando pospuso para un inconcreto ...

A la reunión de setiembre de 2021 de la mesa de diálogo entre los gobiernos de Pedro Sánchez y Pere Aragonès le ha seguido un silencio de difícil interpretación política. Este silencio puede ser resultado de una discreción indispensable si, lejos de los focos mediáticos, alguien está negociando algo. Pero puede ser también sinónimo de estancamiento si resultara que no hay negociación alguna sobre las cuestiones susceptibles de desbloquear el conflicto.

Los indicios existentes no son alentadores. Uno de ellos lo proporcionó el propio gobierno de Sánchez cuando pospuso para un inconcreto más adelante la reforma del tipo penal de los delitos de rebelión y sedición. Eso significa desatender la fórmula preconizada por una de las cuatro fuerzas implicadas en la negociación, Podemos-Comunes, y entorpece la desjudicialización del conflicto. Recordemos: hay cuatro fuerzas negociando porque se trata de dos gobiernos de coalición, de dos partidos cada uno.

Fracasos como el del proyecto de ampliación del aeropuerto de El Prat han dejado a otra de estas fuerzas, los socialistas, sin una de sus bazas principales para crear confianza en los interlocutores durante este proceso: una reducción significativa del déficit inversor del Estado en Cataluña no resolvería el conflicto, pero permitiría relativizarlo un poco.

Para los independentistas resultan indicios particularmente negativos cada una de las persistentes dificultades que se alzan para el desarrollo normal del idioma catalán. A veces surgen en asuntos que dependen directamente del Gobierno de Sánchez, y entonces pueden salvarse gracias a la posición de bisagra que ERC tiene en el Congreso de los Diputados, como ha sucedido en la Ley del Audiovisual. Pero otras veces estas dificultades vienen de decisiones judiciales, como está sucediendo con la imposición de cuotas idiomáticas en la enseñanza pública en contra de lo preconizado por la legislación catalana.

Tras la descompresión producida por los indultos de junio, los últimos meses ofrecen un balance ambiguo en la creación de confianza entre las partes, un elemento imprescindible para el avance en toda negociación. Esta ambigüedad se convierte en una baza para el cuarto protagonista, el socio menor de gobierno catalán, Junts, que desde el primer momento ha profetizado el fracaso de la mesa de diálogo. Una baza que adquiere más relevancia cuanto más crece el clima preelectoral impulsado por el PP.

En el entorno de Esquerra ha trascendido, pese al cerrojazo informativo, que se ha instalado un cierto desánimo en el núcleo central de los dirigentes del partido acerca del diálogo en marcha. Nadie dijo nunca que la negociación iba a ser rápida y fácil. Al revés, el propio Aragonès lo advirtió tras la reunión de setiembre. Pero los republicanos confiaban en que su condición de miembros de la mayoría parlamentaria de gobierno en España les permitiría acompañar la negociación de avances en las muy diversas materias que los gobiernos se traen entre manos. Esto debía aportar credibilidad a los defensores del diálogo y al diálogo en sí mismo. Pero, ahora mismo, esta esperanza amenaza con derivar en frustración.

Mientras los meses transcurren sin avances a la vista, lo que si se insinúa es que durante el año en curso puedan producirse acontecimientos perturbadores de difícil manejo. Por ejemplo: una cosa sería si los exiliados, es decir, el expresidente Carles Puigdemont y sus acompañantes, son conducidos a Madrid esposados y otra sería si aterrizan en El Prat como fruto de una decisión judicial europea a su favor. Pero también sería distinto y muy positivo para la negociación que pudieran regresar a Barcelona como resultado de un acuerdo político y un cambio legislativo. El tiempo escasea, el ritmo lento es un riesgo. Y esto causa más inquietud.

Otro elemento desalentador para los republicanos es la ausencia de propuestas para afrontar el conflicto de fondo. Algunos de ellos piensan que, así como en octubre de 2012 el jurista Francisco Rubio Llorente expuso una fórmula a su juicio perfectamente constitucional para celebrar un referéndum en Cataluña, ahora se echa en falta propuestas que permitan abrir horizontes a los independentistas.

Asumido que con Cataluña dividida en dos mitades nada van a avanzar a corto plazo, la cuestión sería para ellos consensuar en la mesa de diálogo un marco político al estilo, por ejemplo, del definido por la ley de claridad canadiense. Dicho de otro modo: condiciones, calendarios, procedimientos, propuestas de reformas. No ya para la independencia, ni para un referéndum de autodeterminación, sino para sustituir por otra más flexible la imperante interpretación constitucional que cierra todo horizonte al soberanismo. Aire para moverse con una mínima comodidad en un marco plurinacional. Algo así no debiera ser muy difícil