Un círculo vicioso propició la tragedia de la familia muerta en el incendio de la plaza de Tetuán de Barcelona

Todo el mundo lo sabía, pero un círculo vicioso de protocolos, competencias cruzadas entre administraciones y falta de medios no evitó la tragedia que el lunes de madrugada terminó con la vida de una familia con dos niños muy pequeños, víctimas de un incendio en la oficina bancaria donde vivían, en la plaza de Tetuan de Barcelona. En situación de infravivienda están actualmente otros 209 menores solo en la ciudad, ya sea en locales o nav...

Todo el mundo lo sabía, pero un círculo vicioso de protocolos, competencias cruzadas entre administraciones y falta de medios no evitó la tragedia que el lunes de madrugada terminó con la vida de una familia con dos niños muy pequeños, víctimas de un incendio en la oficina bancaria donde vivían, en la plaza de Tetuan de Barcelona. En situación de infravivienda están actualmente otros 209 menores solo en la ciudad, ya sea en locales o naves ocupadas o en asentamientos. Trabajadores sociales, vecinos y entidades lamentan que ni hay recursos para sacarlos de esta realidad, ni la ley permite ofrecer muchas alternativas, ya que buena parte de estas personas están en una situación administrativa irregular.

En septiembre de 2020, esta familia entró a vivir en el local ocupado previo pago de 700 euros a una mafia que gestiona estos espacios, según avanzó La Vanguardia. Cómo vivía la familia muerta en el incendio lo sabían los vecinos, que habían alertado a las administraciones. Lo sabían los servicios sociales municipales, que atendían a la familia e hicieron hasta 88 intervenciones para ayudarles. Lo sabían los Mossos, que habían incluido la antigua oficina de Evo Banco en un listado de locales ocupados en riesgo, y se lo habían comunicado a la Guardia Urbana y el departamento de Derechos Sociales. Y todos ellos saben también de la situación de los 86 asentamientos y 105 locales ocupados.

Pero dar una alternativa a las familias, y en especial a los menores, es difícil. Primero, por el reparto de competencias: según la ley de servicios sociales, la competencia para la atención de familias en situación vulnerable es municipal. Cuando detectan la presencia de menores en estos lugares, los servicios sociales informan a los equipos de atención a la infancia y la adolescencia (de la Generalitat pero gestionados en los ayuntamientos), pero si no detectan una situación de desamparo, riesgo o peligro para los menores, no avisan a la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA, de la Generalitat), explica el departamento de Derechos Sociales: “No es la tarea de la DGAIA hacer inspecciones de oficio de estos menores”.

Esta es la razón por la que el Govern no tenía constancia de la situación de la familia fallecida, ya que tras las comprobaciones del Ayuntamiento, vieron que los padres cuidaban a sus hijos.

El segundo escollo es la falta de recursos en los equipos de detección y atención. En el caso del Ayuntamiento de Barcelona, el servicio de integración social de familias con menores (SISFAM) es el que atiende a menores que viven en naves o locales ocupados. Es un equipo de 12 trabajadoras que, con un presupuesto anual de 430.000 euros, tienen que atender a los 209 menores que viven en estos lugares.

Acompañaron durante más de un año a la familia fallecida y, tras el suceso, este miércoles emitieron un duro comunicado. En el texto denuncian la falta de medios con la que trabajan, que hay muchas más familias en la misma situación y que la falta de vivienda asequible y su situación administrativa irregular “les aboca a vivir en infraviviendas”. “Es flagrante que no se haga nada para evitar que haya infancia que tenga que vivir en estas condiciones de pobreza, riesgo y exclusión social”, denuncian.

El SISFAM nació, entonces bajo las siglas SISROM, en el momento en que en Barcelona había numerosos asentamientos de familias de origen gitano. Siempre ha sido externo al Ayuntamiento. Y como ocurre con otros (el CUESB de emergencias, o el Servicio de Atención Domiciliaria), reivindican ser internalizados en la estructura municipal. Los comunes lo prometieron cuando llegaron al poder, pero solo lo hicieron en el primer mandato con los que atienden a mujeres (SARA y PIAD).

Desde el colectivo de trabajadores sociales SOS Habitatge, un portavoz lamenta que el SISFAM “esté integrado por compañeros precarizados y externalizados” y recuerda que el servicio “ha denunciado la cesión ilegal de trabajadores”. La misma voz de los servicios sociales lamenta: “Hasta que no mueren dos bebés, nadie hace ni dice nada, la situación es más que conocida. El problema en parte se debe a la Ley de Extranjería que es una gincana vergonzosa que aboca a mucha gente a la fragilidad legal y social”.

Donde no llegan los servicios sociales, están las entidades. Jessica González, coordinadora de Amics del Quart Món, explica que su entidad apoya a 98 familias que viven en asentamientos mediante refuerzo escolar y acompañamiento a la inserción laboral. “El suceso desgraciadamente no sorprende, es algo cíclico, y la pregunta debería ser por qué se ven abocados a vivir en esta situación. Y es porque, hagamos lo que hagamos, siempre hay un punto en el que no tenemos más recursos”, dice.

La falta de recursos materiales es evidente, y para muchas de estas familias es imposible satisfacerla: al no tener papeles, no tienen acceso a prestaciones ni a la mesa de emergencia habitacional (tampoco podrían pedir un piso porque vienen de una infravivienda, y este servicio, en el que hay una lista de espera de 600 personas, está dirigido a quienes han perdido una vivienda).

El investigador experto en exclusión residencial Albert Sales, defiende la tarea del Consistorio, que “aprovecha buscar las grietas del sistema, empadronando a las familias para que tengan acceso a servicios y sumar tiempo de estancia si un día se pueden regularizar”. A partir de aquí, los servicios sociales priorizan “la garantía de derechos de estos menores en materia de escolarización y atención sanitaria”. Pero la raíz del problema, apunta es “la exclusión administrativa de los vecinos de la ciudad en situación irregular”, que les impide trabajar, y no cotizar les impide entrar en el circuito de las ayudas más estables, que son las de la Seguridad Social.